(Nueva York) – Los gobiernos y prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deberían crear y apoyar sistemas de seguridad social que sean congruentes con sus obligaciones de derechos humanos, señalaron hoy Human Rights Watch y Development Pathways (Vías hacia el desarrollo) al presentar un documento de preguntas y respuestas sobre el tema. En un contexto de convergencia de conflictos, crisis económicas y crisis climáticas, nunca ha sido tan importante que los gobiernos inviertan a largo plazo en la seguridad social universal.
La seguridad social se basa en la premisa de que las personas gocen de sus derechos en todas las etapas de la vida, con independencia de cuáles sean sus circunstancias. Comprende una serie de programas gubernamentales que prestan apoyo en diversas situaciones que podrían afectar la posibilidad de una persona de obtener un ingreso suficiente, como la enfermedad, la discapacidad, la edad avanzada, el desempleo y la crianza de hijos. Sin embargo, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a ninguna forma de seguridad social. Incluso en países con mayores recursos económicos, existen déficits significativos en cuanto a cobertura y suficiencia, lo cual limita la eficacia de los sistemas de seguridad social.
“La seguridad social es una herramienta clave para que los gobiernos reduzcan la desigualdad y protejan a las personas de la posibilidad de experimentar pobreza, hambre o situación de calle”, expresó Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “La agudización de las crisis económicas, alimentarias y climáticas debería movilizar a los gobiernos a establecer sistemas de seguridad social que protejan los derechos humanos, y no a imponer recortes en los programas existentes”.
En el documento de preguntas y respuestas, las organizaciones explican las obligaciones y responsabilidades de derechos humanos que corresponden a los gobiernos y las entidades que influyen en el gasto social, así como la importancia de la seguridad social universal para cumplir tales obligaciones y responsabilidades. También explican los fundamentos de la seguridad social universal, cómo esta puede reducir y prevenir la pobreza y la desigualdad y proteger los derechos humanos, incluso en tiempos de crisis, y cómo los gobiernos pueden superar los obstáculos a su provisión.
La seguridad social para todos los integrantes de una sociedad es a la vez un derecho humano y una condición necesaria para hacer realidad otros derechos económicos, sociales y culturales, en particular el derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la alimentación y a una vivienda adecuada. El derecho internacional obliga a los gobiernos a brindar seguridad social y a asegurar el acceso a servicios públicos de calidad que son esenciales para los derechos humanos, como la educación, la atención de la salud, el agua y el saneamiento.
Más de 4.000 millones de personas no tienen acceso a ningún tipo de protección social, el término que usan habitualmente los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales de desarrollo. Esta falta de cobertura se concentra mayormente en los países con ingresos bajos y medios, donde existen brechas de financiamiento significativas entre los niveles de inversión actuales y lo que se necesita para sostener un nivel básico de seguridad social. El grado de cobertura más bajo se registra en África, donde apenas el 17,4 % de la población tiene al menos algún tipo de beneficios de seguridad social. Si bien en Europa y América del Norte la cobertura es mayor, Human Rights Watch ha documentado el fracaso de naciones más ricas a la hora de hacer efectivos los derechos a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, entre ellas Estados Unidos, el Reino Unido y España.
En el documento de preguntas y respuestas, las organizaciones explican cómo los gobiernos pueden abordar los déficits en la cobertura y la suficiencia de la seguridad social. También explican por qué los gobiernos deberían abandonar los programas focalizados y limitados a la comprobación de recursos y en cambio, adoptar sistemas más universales.
Las organizaciones destacan cómo los países pueden salvar las brechas en cuanto a financiamiento de formas que protejan los derechos humanos, como por ejemplo, mediante impuestos progresivos sobre la riqueza y el lucro extraordinario de las grandes empresas, combatiendo la evasión y la elusión fiscal y erradicando los flujos financieros ilícitos. Human Rights Watch también insta a las naciones más ricas a promover un financiamiento equitativo de la seguridad social impulsando un Fondo Mundial para la Protección Social que observe requisitos de derechos humanos.
Los gobiernos deberían abordar las brechas en la cobertura y la suficiencia de la seguridad social y exhortar a las naciones acreedoras a comprometerse con procesos de restructuración de deudas que respeten los derechos y que posibiliten que los gobiernos financien una seguridad social universal, apuntaron Human Rights Watch y Development Pathways. Los prestamistas internacionales poderosos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deben cerciorarse de que sus programas de préstamo no quebranten el derecho a la seguridad social, como podría ocurrir, por ejemplo, si se imponen límites estrictos al gasto público entre las condiciones de tales programas.
“Los sistemas de seguridad social que son universales y acordes con el reconocimiento de los derechos resultan mucho más eficaces que los sistemas que apuntan a paliar la pobreza, en lo que se refiere a reducir este fenómeno y conseguir resultados más equitativos para todos los integrantes de la sociedad”, expresó el Dr. Stephen Kidd, director ejecutivo de Development Pathways. “Y es más probable que tale sistemas contribuyan al crecimiento económico y refuercen los contratos sociales progresivos, lo que implica que también son más sostenibles en términos tanto financieros como políticos”.
