(Nueva York) – Los recortes del gobierno federal de Estados Unidos a la financiación de las viviendas públicas han puesto en peligro las condiciones de vida de hasta 2 millones de personas de bajos ingresos en todo el país, señaló hoy Human Rights Watch, que publicó un video sobre la situación. El video presenta entrevistas a residentes de viviendas públicas en la ciudad de Nueva York y pide al Congreso que aumente drásticamente la financiación de este recurso crítico con el fin de hacer reparaciones y garantizar su mantenimiento.
Las viviendas públicas, regidas por el artículo 9 de la Ley de Vivienda de EE.UU., se crearon basándose en el principio de que todos, independientemente de sus ingresos, merecen un hogar decente, asequible y accesible, de acuerdo con el derecho humano internacional a una vivienda adecuada y asequible. En comparación con otros programas de ayuda a la vivienda en EE.UU., la vivienda pública ha sido especialmente eficaz y fiable a la hora de proporcionar un techo a las personas con los ingresos más bajos. Es un recurso fundamental para las comunidades marginadas de todo el país, especialmente para las personas de color, las personas mayores y las personas con discapacidad.
“Cuando la abuela se mudó aquí por primera vez hace unos 37 años, este lugar le devolvió la libertad económica”, afirma Ramona Ferreyra, una residente de una vivienda pública de Nueva York que aparece en el video y cuya abuela también vivía en el mismo edificio. “Yo solía venir aquí durante mis años en la escuela primaria; el edificio estaba en muy buenas condiciones... así que este era como mi escape favorito”. Ferreyra es también una empresaria social y cofundadora de Save Section 9, un grupo de incidencia que lucha por conseguir más fondos para el sistema de vivienda pública.
En las dos últimas décadas, el estado del edificio se ha deteriorado debido a la reducción de la financiación para las viviendas públicas. Ferreyra y otros se han enfrentado a fugas de agua, moho y pintura con plomo descascarillada, entre otros problemas. Los residentes a menudo deben esperar meses a que se hagan las reparaciones necesarias. “Te dicen constantemente que no se puede hacer nada de eso porque no hay dinero”, dijo Ferreyra. En toda la ciudad de Nueva York, según la Base de Datos Nacional de Preservación de la Vivienda, más de 100.000 unidades de vivienda pública no han pasado las puntuaciones de las inspecciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y requieren una reinversión inmediata.
Pero estos problemas no se limitan a Nueva York. En EE.UU. hay cerca de un millón de viviendas públicas, y los residentes de comunidades grandes y pequeñas se han visto afectados por la desinversión. En todo el país se pierden unos 10.000 apartamentos públicos cada año debido al deterioro.
La ley Build Back Better, de USD 1,6 billones, un paquete de reconciliación propuesto por el presidente estadounidense Joe Biden, incluiría USD 65.000 millones para la vivienda pública, pero las negociaciones sobre la legislación se han estancado.
Las conversaciones sobre la reactivación de partes del proyecto de ley están en curso, al igual que las negociaciones sobre el presupuesto federal de 2023, que asigna dinero al programa de vivienda pública. La solicitud presupuestaria del presidente Biden para 2023 propone un aumento de USD 332 millones en la financiación de las reparaciones de viviendas públicas. Se trata de un modesto paso en la dirección correcta, señaló Human Rights Watch. Pero la cantidad solicitada sigue siendo, en términos reales, un 25% menos que los niveles de financiación del año 2000 y está muy lejos de los más de USD 70.000 millones que los defensores del derecho a la vivienda estiman que se necesitan para renovar completamente el parque de viviendas públicas del país.
“Es de vital importancia que los legisladores se aseguren de que el presupuesto federal de 2023 y cualquier paquete de conciliación revisado protejan los derechos de los residentes financiando suficientemente la reparación y el mantenimiento de las viviendas públicas”, señaló Jackson Gandour, becario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en Human Rights Watch y autor de un informe relacionado con la vivienda en la ciudad de Nueva York.
