El día internacional de las mujeres, 8 de marzo, el Congreso de Guatemala aprobó un proyecto de ley extraordinariamente regresivo, conocido como la iniciativa de “protección de la vida y la familia”, que socava gravemente los derechos de las mujeres y las personas LGBT en el país. El presidente Alejandro Giammattei anunció dos días después que vetaría el proyecto de ley y sostuvo que este viola tratados internacionales ratificados por Guatemala. Si bien el enojo por este proyecto de ley está plenamente justificado y debe continuar, esta propuesta legislativa sirve el propósito de distraer la atención sobre el peligroso desmantelamiento del estado de derecho que están realizando actualmente el gobierno y sus aliados.
Las disposiciones amplias del proyecto de ley expanden la criminalización del aborto y podrían someter a las mujeres que pierden sus embarazos a cuestionamientos por parte de las autoridades, o incluso a procesos penales. Esta nueva legislación define el aborto como la “muerte natural o provocada” del embrión o feto. Establece penas de hasta cuatro años de cárcel para “la tentativa de la mujer para causar su proprio aborto” y de 10 años para el “aborto procurado.” Actualmente, el aborto es legal en Guatemala únicamente cuando está en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada.
El proyecto de ley también establece que la “libertad de conciencia y expresión” impide que cualquiera sea “obligado a compartir o participar de conductas y practicas no heterosexuales”. Esta disposición, que está escrita de forma vaga y ambigua, parece tener el objetivo de proteger legalmente la discriminación basada en la orientación sexual; por ejemplo, cuando se limite el acceso de personas LGBT a hogares, trabajos o servicios. El proyecto de ley también define la “familia” como “el padre, la madre y los niños”, lo cual excluye deliberadamente la diversidad de familias que existe en Guatemala; y prohíbe explícitamente las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo.
El proyecto de ley de la “vida y la familia” también constituye una afrenta a una educación sexual integral, ya que prohíbe que las escuelas enseñen sobre las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos, lo cual viola los derechos de los niños y adolescentes a la educación, la información y la salud.
La aprobación de este proyecto de ley, que había estado frenado en el Congreso desde 2018, no solo es notable por sus flagrantes violaciones de derechos humanos, sino también por el momento en el que los congresistas decidieron aprobarlo.
En días recientes, la fiscal general Consuelo Porras ha emitido una serie de órdenes de captura en contra de fiscales anticorrupción que habían estado investigando al presidente y a otros funcionarios de alto nivel. Algunos fiscales han tenido que renunciar o salir del país. Y el mes pasado surgieron nuevas pruebas de corrupción que podrían implicar al presidente Giammattei.
Este es apenas el capítulo más reciente de ataques contra el Estado de derecho que, en los últimos años, han dejado a las instituciones guatemaltecas pendiendo de un hilo. Desde que Giammattei asumió la presidencia en 2020, ha trabajado con el Congreso y la actual fiscal general para obstaculizar las investigaciones que siguen en curso. Entre otras medidas, han intentado destituir a los últimos jueces independientes que quedan en el país y han nombrado aliados en la Corte de Constitucionalidad.
Los avances legislativos para aprobar la ley de la “vida y la familia” han hecho que muchos activistas de derechos humanos no den abasto ante los retrocesos que están ocurriendo en Guatemala en múltiples frentes. Es posible que eso sea parte de la estrategia de funcionarios conservadores y corruptos en este momento en el cual la corrupción parece estar ganando la partida en Guatemala, a pesar de las preocupaciones de la comunidad internacional.
En efecto, este proyecto de ley y otras iniciativas gubernamentales parecen tener el objetivo de mover el eje de la discusión del debate público alejándolo de las discusiones sobre corrupción e independencia judicial al polarizar a la población con asuntos como el aborto y los derechos de las personas LGBT. El 9 de marzo, un día después de que el Congreso aprobara el proyecto de ley, Giammattei participó en un congreso cristiano que declaró a Guatemala como la “capital pro-vida de Iberoamérica”.
Y el proyecto de ley de la “vida y la familia” probablemente no sea la última táctica de distracción. Otra propuesta legislativa, conocida como la iniciativa 5940, que fue recientemente aprobada de forma unánime por una comisión del Congreso, estigmatiza a la población transgénero y limita la información en las escuelas sobre la existencia de estas personas. Esta iniciativa también regula la información sobre la población trans que puede ser presentada en los medios.
El presidente Giammattei tiene razón cuando afirma que el proyecto de ley sobre la “vida y la familia” viola el derecho internacional. Su compromiso de vetarlo será un giro importante y valioso para un hombre que tiene un historial de apoyar iniciativas que amenazan los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Aun queda el riesgo de que dos tercios del Congreso rechacen su veto. Cualquiera sea el resultado final, este proyecto de ley ya ha hecho un daño significativo al lograr quitar la atención sobre la corrupción endémica en Guatemala y la actual erosión del Estado de derecho.
