(Ginebra, 20 de diciembre de 2021) – Las principales potencias militares están obstaculizando los esfuerzos de una mayoría de países por prohibir los sistemas de armas autónomas a través de un nuevo tratado internacional, señaló hoy Human Rights Watch. El 17 de diciembre de 2021, los gobiernos reunidos en la Sexta Conferencia de Revisión de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW) de las Naciones Unidas no pudieron acordar el inicio de negociaciones sobre nuevas normas para los “robots asesinos”, armas que seleccionan y atacan objetivos sin un control humano significativo.
“La ausencia de un resultado sustantivo en la conferencia de revisión de la ONU es una respuesta totalmente inadecuada a las preocupaciones planteadas por los robots asesinos”, dijo Steve Goose, director de la división de armas de Human Rights Watch.
“El fracaso de las actuales conversaciones diplomáticas para recomendar un camino a seguir sobre los robots asesinos demuestra que los países necesitan buscar una vía diferente para prohibir estos sistemas de armas. El mundo no puede seguir esperando”.
El impulso para aprobar una nueva ley está cobrando fuerza con el apoyo de un amplio y creciente número de gobiernos y líderes políticos, instituciones, empresas privadas, científicos y expertos en inteligencia artificial.
Rusia, Estados Unidos, India e Israel fueron los principales responsables de impedir que la mayoría de los países presentes en la Conferencia de Revisión acordaran iniciar negociaciones sobre normas jurídicamente vinculantes sobre los sistemas de armas autónomas, señaló Human Rights Watch. Dado que la Convención sobre Armas Convencionales funciona por consenso, estos cuatro países y otros que están invirtiendo mucho en las aplicaciones militares de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes impidieron que se llegara a un acuerdo sobre las propuestas de regulación.
La mayoría de los países presentes en la conferencia expresaron su frustración e insatisfacción por el hecho de que no fuera posible un mandato para negociar una nueva ley internacional, a pesar del apoyo generalizado a ese objetivo. Los países presentes en la conferencia han pasado los últimos ocho años estudiando los problemas jurídicos, operativos y técnicos fundamentales que plantea la introducción de la autonomía en los sistemas de armas.
En cambio, la conferencia adoptó un vago cometido para “considerar propuestas y elaborar... posibles medidas” sobre sistemas de armas autónomas letales en el transcurso de solo 10 días en 2022, si las finanzas lo permiten. El texto final dista mucho del sólido mandato necesario para negociar un instrumento jurídicamente vinculante.
Un nuevo tratado internacional sobre sistemas de armas autónomas podría adoptarse mediante un proceso independiente, como se hizo con los tratados de prohibición de las minas antipersona y las municiones de racimo.
Durante la reunión, Human Rights Watch criticó las propuestas de medidas voluntarias que no constituyen nueva legislación porque prepararían el camino para el desarrollo y el uso generalizado de sistemas de armas autónomas.
Una propuesta de EE.UU. para que los Estados parte del tratado dediquen los próximos dos años a estudiar un “código de conducta” que guíe el desarrollo y el uso de los sistemas de armas autónomas recibió poco apoyo.
Portugal sugirió que los países recopilaran un “compendio” de cómo se aplica el derecho internacional humanitario existente a la autonomía en los sistemas de armas. Otros respondieron que hacer un balance no es un ejercicio apropiado dada la urgencia y la escala del desafío que presentan las armas autónomas, así como las crecientes expectativas públicas de que los países tomen medidas audaces.
Un total de 40 países han pedido que se adopte nueva legislación internacional para prohibir y restringir los sistemas de armas autónomas, un objetivo que muchos reiteraron con firmeza en la conferencia: Argelia, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China (solo para su uso), Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Filipinas, Ghana, Guatemala, Irak, Jordania, Kazajistán, Malta, Marruecos, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda, el Estado de Palestina, Pakistán, Panamá, Perú, Santa Sede, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Yibuti y Zimbabue. Decenas de países más han respaldado este objetivo a través de declaraciones emitidas por grupos regionales y el Movimiento de los Países No Alineados.
Durante la conferencia de revisión:
- El Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que los países deberían acordar “un plan ambicioso” para avanzar rápidamente en el trabajo para prohibir las armas autónomas que pueden elegir objetivos y matar personas sin interferencia humana.
- El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, dijo que los países deberían prohibir los sistemas de armas autónomas que plantean riesgos inaceptables -armas autónomas impredecibles y que se utilizan para apuntar directamente a las personas- y regular estrictamente todas las demás para garantizar un control humano suficiente.
- El presidente de la CCW, el embajador francés Yann Hwang, recibió una petición de Stop Killer Robots firmada por más de 17.000 personas, que insta a los países a iniciar negociaciones para una nueva ley internacional sobre sistemas de armas autónomas.
Human Rights Watch es cofundadora de la Campaña para la Prohibición de Robots Asesinos, la coalición de más de 185 organizaciones no gubernamentales de 67 países que aboga por un tratado que mantenga un control humano significativo sobre el uso de la fuerza y prohíba los sistemas de armas que operan sin dicho control.
“Nadie quiere vivir en un mundo en el que se utilicen máquinas para atacar a seres humanos en base a sensores y programas informáticos”, dijo Goose. “La aversión de la opinión pública ante la deshumanización digital y la proliferación de sistemas de armas autónomas acabará por impulsar un tratado internacional que evite ceder un control humano significativo sobre el uso de la fuerza”.
La Conferencia de Revisión también abordó la cuestión del Protocolo III sobre armas incendiarias, que ha sido criticado por su incapacidad para prevenir los graves daños causados por estas armas excepcionalmente crueles. Una veintena de países afirmaron que el tratado debería reservar un tiempo para evaluar la situación del Protocolo III, e Irlanda presentó una propuesta de consultas informales. Estos países afirmaron que el sufrimiento inmediato y a largo plazo que causan las armas incendiarias y la divergencia de opiniones entre los Estados parte hacían necesario debatir el protocolo en profundidad.
Finalmente, la propuesta fracasó debido a la oposición de Rusia y Cuba, aunque la conferencia acordó condenar cualquier uso de armas incendiarias contra civiles.
“El veto de los esfuerzos para abordar las armas incendiarias por parte de dos Estados demuestra aún más la incapacidad de la CCW para abordar las preocupaciones humanitarias, y mucho menos para garantizar la eficacia de sus protocolos existentes”, señaló Goose.
