(Beirut) – La FIFA debería instar en forma pública a las autoridades cataríes a que garanticen un juicio justo al exempleado de los organizadores del Mundial de Fútbol de Qatar que se encuentra actualmente detenido, señalaron Human Rights Watch y FairSquare en una carta dirigida a la FIFA el 19 de noviembre de 2021.
El empleado, Abdullah Ibhais, que apeló recientemente una condena a cinco años de cárcel dictada en abril de 2021 por delitos que incluyen los de soborno y uso indebido de fondos, fue puesto bajo custodia el 15 de noviembre. Un familiar señaló que se encuentra en huelga de hambre desde la detención.
“Cada vez hay más razones para creer que Abdullah Ibhais se encuentra en prisión debido a sospechas y paranoia, pero no a pruebas concretas de algún delito”, expresó Nick McGeehan, director de FairSquare. “Es probable que siga allí hasta que la FIFA asuma un nivel mínimo de responsabilidad por su bienestar y exija que se le dé el juicio justo que merece”.
Del análisis de un informe de la policía catarí y de las declaraciones de testigos se desprende que el Comité Supremo para la Organización y el Legado —el empleador de Ibhais y el socio de la FIFA en Qatar— planteó acusaciones sumamente delicadas, y al parecer infundadas, de que Ibhais estaba implicado en actividades orientadas a “dañar al estado o su seguridad”. Ibhais fue detenido inicialmente el 12 de noviembre de 2019 e indicó a Human Rights Watch y a FairSquare el 22 de septiembre que las personas que lo interrogaron utilizaron la posterior apertura de una investigación del área de Seguridad del Estado para forzarlo a confesar al cargo menos grave de soborno y uso indebido de fondos públicos. Esta confesión, de la cual Ibhais se retractó ante la justicia, sigue siendo la única prueba inculpatoria que se presentó en su contra. El tribunal rechazó el reclamo de Ibhais para que se invalidara la confesión sobre la base de que se había obtenido bajo amenazas y coerción, durante interrogatorios en los cuales no se le permitió la presencia de un abogado.
Human Rights Watch y FairSquare escribieron a la FIFA el 4 de octubre, y en esa comunicación indicaron que Ibhais cree que fueron sus críticas internas al modo en que el Comité Supremo gestionó una huelga de trabajadores migrantes en agosto de 2019 lo que dio lugar al proceso penal y la condena en su contra por “soborno”, “violación de la integridad de licitaciones y ganancias” y “menoscabo intencional a fondos públicos”.
La única respuesta pública de la FIFA al calvario vivido por Ibhais, que este informó también a dicha federación a través de su plataforma de denuncia de irregularidades el 21 de septiembre, ha sido una breve declaración, emitida el 8 de noviembre, en la cual se indica que “la postura de la FIFA es que toda persona merece un juicio justo en el cual se observen y respeten las garantías de debido proceso”.
El 25 de octubre, se difundieron en la revista Josimar nuevos señalamientos detallados, incluidas pruebas que corroboran lo señalado por Ibhais. Josimar publicó extractos que, según indicó, corresponden a conversaciones internas por WhatsApp que incluían respuestas de miembros del Comité Supremo a señalamientos de que, en una huelga multitudinaria de trabajadores que tuvo lugar en Qatar en agosto de 2019, había trabajadores de la obra de construcción del estadio para la Copa Mundial 2022. En estas conversaciones, Ibhais aconsejaba a sus colegas y superiores que no intentaran disimular la participación de trabajadores del Comité Supremo en la huelga, sino que aceptaran la realidad y actuaran de inmediato para remediar la situación de los trabajadores.
“Tenemos que remediar esto y luego ocuparnos de la parte de relaciones públicas”, indicó a su superior directo. En las semanas siguientes al incidente, el Comité Supremo instigó a las autoridades cataríes a que investigaran a Ibhais entregando el informe de una investigación interna realizada por dicho comité, en la cual se incluían graves señalamientos que era probable que dieran lugar a la intervención de los organismos de Seguridad del Estado de Qatar.
FairSquare y Human Rights Watch no han tenido acceso al informe de la investigación interna, pero recibieron un informe de la Dirección de Investigaciones Penales de Qatar que obtuvieron de manera directa de Ibhais, con fecha del 9 de noviembre de 2019. El informe menciona en forma sintética el contenido de una queja presentada a la dirección del Comité Supremo en relación con lo que describe como “una filtración de información” relativa a una licitación para un contrato de medios sociales. La queja establece un nexo entre Ibhais y otras dos personas, su hermano en Turquía y otra personalidad de los medios de comunicación que, según indica el informe, “sería un ciudadano saudita”.
El informe de la dirección indica lo siguiente: “[El Comité Supremo] también sospecha que hay otras cuestiones vinculadas con este tema... lo que indicaba que estos últimos tienen algún nexo y asuntos con los países afectados por el embargo”. Este comentario se refiere a la interrupción de las relaciones diplomáticas y económicas con Qatar por parte de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto, que empezó en junio de 2017 y generó serias tensiones políticas.
El informe de la dirección indica que este nexo con el ciudadano saudita, el cual sostiene que también había ofertado en la licitación para otro contrato de medios sociales, “demuestra que alguien tiene intención de controlar los medios sociales en todos sus idiomas con el fin de preparar una acción que dañe al Estado o a su seguridad por medio de las licitaciones de medios sociales antes mencionadas”.
Ante la agudización de las tensiones regionales en ese momento, existía un riesgo previsible y grave de que plantear una acusación con una connotación política tan fuerte a las autoridades de investigación cataríes tendría graves consecuencias para Ibhais, señalaron Human Rights Watch y FairSquare.
Luego de la primera detención, Ibhais fue interrogado por fiscales públicos y por agentes de seguridad del Estado. Contó que los fiscales le dijeron: “O firma esta confesión aquí o lo enviamos Seguridad del Estado, donde saben cómo sacarle una confesión”. Posteriormente, los fiscales de Seguridad del Estado le dijeron que había otros cargos contra él, pero que si confesaba haber incurrido en uso indebido de fondos públicos dejaría de estar bajo la custodia de ese sector y se le asignaría un abogado defensor. Ibhais dijo a Human Rights Watch y a FairSquare que firmó la segunda confesión porque le “atemorizaba profundamente la posibilidad de que lo procesara Seguridad del Estado”.
Ni las autoridades cataríes ni el Comité Supremo han presentado públicamente pruebas de que Ibhais haya cometido algún ilícito, ni mucho menos de que intentara “dañar al Estado”.
Del análisis de la sentencia judicial se desprende que su confesión fue el elemento central de la acusación contra Ibhais, y que la fiscalía no presentó pruebas creíbles que respaldaran el señalamiento de que había delinquido. En su declaración como testigo, el investigador interno del Comité Supremo, Khalid Al-Kubaisi, reconoció que su informe no concluía que Ibhais hubiera cometido algún delito.
En la declaración como testigo que ofreció al tribunal, el policía responsable de investigar los señalamientos dijo que no había investigado la autenticidad de las grabaciones. Cuando se le pidió que diera precisiones acerca de qué había descubierto a través de sus investigaciones con respecto a las supuestas filtraciones de información atribuidas a Ibhais, respondió “No lo sé”. Cuando se le preguntó si sus investigaciones habían concluido que Ibhais filtró información relativa al caso en estudio, contestó “No”.
La política sobre derechos humanos de la FIFA estipula que “la FIFA ayuda a proteger a aquellos que promueven el respeto de los derechos humanos relacionados con sus actividades y tiene el compromiso de contribuir a resarcir a quienes se hayan visto afectados negativamente por actividades relacionadas con la FIFA”. El 21 de septiembre, Ibhais presentó una denuncia a través del sistema BKMS de la FIFA, una plataforma que puede ser usada por todos aquellos que crean que se han vulnerado sus derechos en relación con el trabajo vinculado con la FIFA. La FIFA emitió una contestación formal en el mismo sistema indicando que “seguiremos realizando un atento seguimiento de esta cuestión… con el objeto de asegurar que se lleve adelante un juicio justo y se respete el debido proceso”. No hubo ninguna otra comunicación con Ibhais, quien dijo que el gerente de derechos humanos de la FIFA dejó de responder a sus mensajes el 5 de octubre.
La FIFA tiene una relación de trabajo estrecha con el Comité Supremo para la Organización y el Legado, y una relación comercial con una entidad presidida y dirigida por altos ejecutivos de dicho Comité. FIFA World Cup Qatar 2022 LLC es una sociedad de responsabilidad limitada constituida a comienzos de 2019 por la FIFA, que tiene el 51 % de las acciones, y por Qatar 2022 Local Organising Committee LLC, que tiene el otro 49 %. Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo, es director del emprendimiento conjunto, y Nasser Al-Khater, subsecretario general del Comité Supremo, ejerce como su director ejecutivo.
“Si la FIFA se niega a intervenir y reclamar que Ibhais reciba un juicio justo que no se base en una confesión obtenida en circunstancias coercitivas, entonces la política de derechos humanos que ha adoptado valdrá menos que el papel sobre la cual fue impresa”, opinó Michael Page, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch.
