La policía de la ciudad de Nueva York planeó el asalto y arrestos en masa de manifestantes pacíficos en el barrio de Mott Haven en el sur del Bronx el 4 de junio de 2020, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. La represión, liderada por el oficial uniformado de más alto rango del departamento, fue una de las respuestas policiales más agresivas a las protestas en Estados Unidos tras el asesinato a manos de la policía de George Floyd en Minneapolis, Minnesota, y podría costarles a los contribuyentes de la ciudad varios millones de dólares por denuncias y demandas por mala conducta policial.
Human Rights Watch y la firma de investigaciones visuales SITU Research también publicaron un video utilizando modelos tridimensionales, entrevistas con testigos e imágenes grabadas durante la protesta.
El informe de 99 páginas, “‘Kettling’ Protesters in the Bronx: Systemic Police Brutality and Its Costs in the United States” (“El acorralamiento de manifestantes en el Bronx: la brutalidad sistémica de la policía y sus costos en Estados Unidos”), proporciona un relato detallado de la respuesta policial a la protesta pacífica del 4 de junio en Mott Haven, una comunidad con residentes de bajos ingresos, mayoritariamente negros y morenos, que durante mucho tiempo ha experimentado altos niveles de brutalidad policial y racismo sistémico. El informe describe la ausencia de sistemas eficaces de rendición de cuentas en la ciudad, lo cual protege a los agentes de policía abusivos; pone de relieve las deficiencias de las reformas graduales y defiende un cambio estructural.
Aproximadamente 10 minutos antes del toque de queda de las 20.00 h. –impuesto después de que se produjeran saqueos en otras partes de la ciudad— decenas de agentes de policía rodearon y acorralaron a los manifestantes - una táctica conocida en EE.UU. como “kettling”— mientras marchaban pacíficamente por Mott Haven. Justo después de las 20.00 h., la policía, sin provocación ni previo aviso, empezó a avanzar sobre los manifestantes, empuñando porras, golpeándolos desde la parte superior de los autos, empujándolos al suelo y rociando gas lacrimógeno, y arrestó a más de 250 personas.
“La policía de la ciudad de Nueva York bloqueó la salida de las personas antes del toque de queda y luego utilizó el toque de queda como excusa para golpear, arrestar y abusar de los manifestantes que protestaban pacíficamente”, dijo Ida Sawyer, directora en funciones del departamento de crisis y conflictos de Human Rights Watch y coautora del informe. “Fue una operación planificada sin justificación que podría costarles millones de dólares a los contribuyentes de la ciudad de Nueva York”.
Human Rights Watch entrevistó o revisó los testimonios escritos de 81 personas que participaron en la protesta y otros 19 miembros de la comunidad, abogados, activistas y funcionarios públicos, y analizó 155 videos grabados durante la manifestación. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) contestó en parte a las preguntas de Human Rights Watch sobre la protesta, pero no respondió a una solicitud para entrevistar a altos funcionarios policiales.
Un manifestante describió cómo un oficial le golpeó en la cara mientras otro le torció el dedo hasta romperlo. “Luego otro policía me roció la cara con aerosol lacrimógeno”, dijo. “A continuación, me tiraron al suelo y me golpearon con porras. En algún momento del proceso de esposarme, alguien me puso una rodilla en el cuello”.
Human Rights Watch documentó al menos 61 casos de manifestantes, observadores legales y transeúntes que sufrieron lesiones durante la represión, incluidas laceraciones, una nariz rota, la pérdida de un diente, un esguince de hombro, un dedo fracturado, ojos morados y potenciales lesiones nerviosas debido al uso de tensión excesiva en las abrazaderas.
La mayoría de los heridos no recibieron atención médica inmediata, ya que la policía arrestó y obstruyó a los médicos voluntarios con uniformes sanitarios con insignias de la cruz roja. Decenas de personas pasaron horas detenidas con heridas sin tratar y con las manos atadas a la espalda.
Al menos 13 observadores legales, que llevan gorras e insignias claramente identificables, también fueron detenidos, en algunos casos de forma violenta, antes de ser liberados. Las imágenes de video muestran a un funcionario del Gabinete Jurídico del Departamento de Policía de Nueva York instruyendo a otros agentes: “Los observadores legales pueden ser arrestados ... ¡Ellos no se libran!”
El oficial uniformado de más alto rango de la policía de Nueva York, el jefe de departamento Terence Monahan, estuvo presente durante la acción, junto con al menos otros 24 agentes supervisores uniformados: jefes, tenientes, capitanes o inspectores en camisa blanca.
La policía arrestó y llevó a la cárcel al menos a 263 personas, más que en cualquier otra protesta en Nueva York desde el asesinato de Floyd. Algunos fueron liberados esa misma noche; otros la tarde siguiente. Una persona permaneció detenida durante una semana. La mayoría fueron acusados de delitos menores de Clase B por violaciones del toque de queda o reunión ilegal. Se les dieron citaciones o multas con comparecencia ante un tribunal con fechas de audiencia a principios de octubre. El 3 de septiembre, el fiscal de distrito del Bronx presentó una solicitud para desestimar las citaciones, y el 25 de septiembre la oficina del fiscal del distrito del Bronx informó a Human Rights Watch que las citaciones para las comparecencias ante el juzgado también serán desestimadas.
El comisionado de la policía de Nueva York, Dermot Shea, confirmó la naturaleza premeditada de la operación, declarando en una conferencia de prensa al día siguiente: “Teníamos un plan que se ejecutó casi impecablemente en el Bronx”. Shea describió la protesta como un intento por parte de “agitadores externos” de “causar el caos”, “destruir la sociedad” y “herir a la policía”. Human Rights Watch concluyó que la protesta, organizada por activistas del Bronx, fue pacífica hasta que la policía respondió con violencia.
En la respuesta del departamento de policía a las preguntas de Human Rights Watch, el departamento dijo que, “desde las 20.00 h.” la manifestación “era ilegal según la Orden Ejecutiva del alcalde que establecía un toque de queda” y que la detención de trabajadores no esenciales “fue legal”. El departamento también dijo que “los observadores legales no gozan de una exención como trabajadores esenciales”, a pesar de que la oficina del alcalde había aclarado que los observadores legales estaban exentos del toque de queda. La policía de Nueva York no respondió a las preguntas sobre la violencia que infligió a los manifestantes y observadores ni se refirió a por qué los agentes acorralaron a los manifestantes antes del toque de queda, bloqueando todos los caminos para que no pudieran dispersarse.
La conducta de la policía durante la protesta de Mott Haven equivale a violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, y también parece violar las protecciones de los derechos civiles de la Constitución de EE.UU. y la Guía de Patrulla del departamento de policía.
Cerca de 100 manifestantes y observadores han presentado un aviso de su intención de demandar a la ciudad. La ciudad pagó US$36 millones por violaciones de los derechos civiles y honorarios legales relacionados después de que la policía acorralara y arrestara en masa a manifestantes de manera similar en 2004. El actual jefe del departamento de policía, Terrence Monahan, también fue un factor clave durante esa operación.
Los funcionarios del estado y la ciudad de Nueva York deberían implementar cambios estructurales para reducir el papel de la policía en el tratamiento de los problemas sociales, incluso mediante reducciones significativas en el tamaño y el presupuesto de la fuerza policial, recomendó Human Rights Watch. En su lugar, el gobierno debería invertir en las necesidades reales de la comunidad, incluso mediante el fortalecimiento de los servicios que abordan directamente problemas subyacentes como la falta de vivienda y la pobreza y que mejoren el acceso a una educación y atención médica de calidad. También deberían potenciar los sistemas de rendición de cuentas independientes para que proporcionen un control genuino de la mala conducta de la policía.
“En lugar de tomar medidas represivas contra los manifestantes pacíficos y sofocar sus llamados a un cambio, los legisladores de la ciudad de Nueva York y todo el país deberían escuchar sus demandas”, aseguró Sawyer. “Los gobiernos locales deberían finalmente hacer lo que sea necesario para acabar con el racismo estructural y el abuso policial sistémico que la comunidad en Mott Haven y otras similares han experimentado durante tanto tiempo”.
