(Ginebra) – Un número creciente de países reconoce el deber de salvar a la humanidad de las armas totalmente autónomas, dijo Human Rights Watch en un informe. Los sistemas de armas que seleccionan y atacan objetivos sin un control humano significativo, conocidos como “robots asesinos”, son inadmisibles y deben prevenirse.
El informe de 55 páginas “Stopping Killer Robots: Country Positions on Banning Fully Autonomous Weapons and Retaining Human Control” (“Acabar con los ‘robots asesinos’: Posiciones de los países sobre la prohibición de las armas totalmente autónomas y la retención del control humano”) revisa las políticas de los 97 países que han manifestado públicamente sus puntos de vista sobre los “robots asesinos” desde 2013. La gran mayoría considera fundamental que el control y la toma de decisiones estén en manos de humanos para que estos sistemas de armas puedan ser legales y aceptables. La mayoría de estos países han expresado su deseo de un nuevo tratado para retener el control humano sobre el uso de la fuerza, incluidos 30 que buscan explícitamente prohibir las armas totalmente autónomas.
“Eliminar el control humano del uso de la fuerza ahora es ampliamente considerado como una grave amenaza para la humanidad que, como el cambio climático, merece una acción multilateral urgente”, dijo Mary Wareham, directora de incidencia de la división de armas de Human Rights Watch y coordinadora de la Campaña contra los Robots de Combate. “Un tratado de prohibición internacional es la única forma efectiva de afrontar los serios desafíos que plantean las armas totalmente autónomas”.
Desde que Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales lanzaron la Campaña contra los Robots de Combate en 2013, la necesidad de responder a las preocupaciones sobre los sistemas letales de armas autónomas, otro término utilizado para las armas totalmente autónomas, ha ido consistentemente ganando importancia en la agenda internacional.
Un número creciente de formuladores de políticas, expertos en inteligencia artificial, empresas privadas, organizaciones internacionales y nacionales, así como ciudadanos corrientes han respaldado el llamado a prohibir las armas totalmente autónomas. El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha instado reiteradamente a los países a prohibir los sistemas de armas que podrían, por sí mismos, seleccionar y atacar a los seres humanos, calificando estas armas de “moralmente reprobables y políticamente inadmisibles”.
“Está muy claro que retener un control humano significativo sobre el uso de la fuerza es un imperativo ético, una necesidad legal y una obligación moral”, señaló Wareham. “Todos los países deben responder con urgencia abriendo negociaciones sobre un nuevo tratado de prohibición internacional”.
Los países han participado en las ocho reuniones de la Convención sobre Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés) sobre sistemas letales de armas autónomas de 2014 a 2019. Austria, Brasil y Chile han propuesto negociaciones sobre un instrumento legalmente vinculante para garantizar un control humano significativo sobre las funciones esenciales de los sistemas de armas.
Sin embargo, un pequeño número de potencias militares, especialmente Rusia y Estados Unidos, han bloqueado el progreso hacia la regulación, mientras que siguen invirtiendo fuertemente en las aplicaciones militares de inteligencia artificial y en el desarrollo de sistemas de armas autónomas de aire, tierra y mar. Las decisiones en la CCW se toman por consenso, lo que permite que solo unos pocos países, o incluso uno solo, bloqueen un acuerdo buscado por la mayoría.
La pandemia de COVID-19 ahora ha forzado el aplazamiento de la primera reunión de la CCW de 2020 sobre robots asesinos, que se suponía que debía arrancar en la ONU, en la sede de Ginebra, el 10 de agosto.
Los 30 países que piden la prohibición de los robots asesinos son: Argelia, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, China (solo el uso), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Egipto, Ghana, Guatemala, Irak, Jordania, México, Marruecos, Namibia, Nicaragua, Pakistán, el Estado de Palestina, Panamá, Perú, Uganda, el Vaticano, Venezuela, Yibuti y Zimbabue.
La Campaña contra los Robots de Combate es una coalición de más de 160 organizaciones no gubernamentales en 65 países cuyo objetivo es prohibir de forma preventiva las armas totalmente autónomas y retener un control humano significativo sobre el uso de la fuerza.
“Muchos gobiernos comparten las mismas graves preocupaciones sobre la posibilidad de que las máquinas acaben con la vida humana en el campo de batalla, y su deseo de control humano proporciona una base sólida para la acción colectiva”, dijo Wareham. “Si bien la pandemia ha puesto en pausa la diplomacia, pone en evidencia la importancia de prepararse y responder con urgencia a las amenazas existenciales para la humanidad, como son los robots asesinos”.
