El 1 de abril, Panamá puso en vigencia un cronograma de cuarentena por géneros en respuesta a la COVID-19, que exige que hombres y mujeres permanezcan en cuarentena en días distintos. Sin embargo, policías y guardias de seguridad privada están actuando de manera selectiva contra personas transgénero y, en algunos casos, han detenido y multado a estas personas o impedido que compren artículos esenciales. Esto ocurre con independencia de si intentan cumplir las medidas de cuarentena en función del componente sexo que figura en su cédula de identidad, o si lo hacen según su identidad de género.
“Como consecuencia de la política de cuarentena basada en género, las personas transgénero en Panamá están siendo humilladas y acusadas de violar la ley por ejercer su identidad de género”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno panameño debería cerciorarse de que las medidas de cuarentena se implementen de un modo que respete la dignidad de las personas transgénero”.
Human Rights Watch entrevistó a nueve personas transgénero que han sufrido discriminación al salir de sus casas para conseguir artículos esenciales en el día que correspondía al componente sexo de su cédula de identidad, tal como lo exigen las normas que estableció el Ministerio de Salud. Human Rights Watch también documentó tres casos de personas transgénero que fueron discriminadas cuando salieron de sus casas en días que correspondían a su identidad de género.
El derecho internacional de los derechos humanos exige que haya procedimientos eficientes, económicos, y sencillos para permitir el reconocimiento legal exclusivamente sobre la base de la “decisión libre y autónoma de cada persona.” Pero la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá requiere que las personas transgénero se sometan a cirugía de reasignación de sexo antes de poder modificar su género legal en documentos oficiales. Según el artículo 121 de la Ley del Registro Civil, un médico debe certificar que el género elegido por la persona le “corresponde” por su fisiología.
En uno de los casos que Human Rights Watch documentó, el 9 de abril, fecha designada para que los hombres pudieran realizar gestiones esenciales, policías de la provincia de Panamá detuvieron a Mónica, una mujer transgénero que intentó entrar a un supermercado. La policía la llevó a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz Pedregal, una dependencia en las proximidades, y allí los agentes le manosearon los senos y se burlaron de ella diciéndole que era hombre durante un cacheo. También amenazaron con ponerla en una celda con 200 hombres. Mónica pagó una multa de 50 USD 50 para ser liberada. “Las medidas [contra la COVID-19] han empoderado a la policía a discriminar y nosotras, las personas transgénero, necesitamos ayuda con urgencia,” dijo Mónica a Human Rights Watch.
Políticas que básicamente obligan a las personas transgénero a quedarse en casa son ilegítimas y constituyen una restricción injustificada de su libertad de circulación. Si bien es posible imponer límites a este derecho, estos han de tener un debido fundamento legal, una finalidad legítima y proporcionalidad, incluso respecto de su impacto en la práctica. Las restricciones no pueden ser discriminatorias, incluso por motivos de identidad o expresión de género.
El presidente Cortizo Cohen debería adoptar y anunciar de manera pública pautas que tengan en cuenta la situación de las personas transgénero y que aclaren que los panameños deben observar la cuarentena por géneros en función de su identidad o expresión de género. El gobierno debe adoptar una directiva para los agentes públicos e instar a las entidades privadas a respetar la identidad y expresión de género de los panameños. El gobierno debería crear un mecanismo de denuncia que posibilite que se impongan sanciones a dichos agentes y entidades cuando actúen de manera discriminatoria.
