Sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 10 de julio de 2019.

© 2019 Tamara Taraciuk Broner/Human Rights Watch

El primer informe oral de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Ginebra hoy deja en evidencia que las víctimas de la brutal represión del gobierno nicaragüense no han tenido acceso a la justicia. Este informe será muy útil para que los Estados Miembros del Consejo impulsen la aprobación de medidas eficaces por los atroces abusos cometidos con impunidad por las fuerzas de seguridad nicaragüenses.

En abril de 2018, los nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra el gobierno del Presidente Daniel Ortega. La respuesta fue brutal. La feroz represión por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. En los meses siguientes, se detuvo a cientos de personas.

El informe de Human Rights Watch titulado “Brutal represión” documenta que numerosos detenidos sufrieron graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, asfixia, violación sexual y remoción de uñas. A algunos se les negó atención médica en instituciones de salud pública. Los procesos penales contra personas detenidas estuvieron plagados de irregularidades. 

Desde la resolución emitida en marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos, el gobierno de Ortega no ha tomado ninguna medida para que las víctimas puedan acceder a la justicia. Según la información disponible, ningún policía está siendo investigado por estos abusos. Ortega, que conforme al derecho nicaragüense es “jefe supremo” de la policía, incluso ascendió a algunos oficiales que tienen responsabilidad por los abusos, en vez de asegurarse de que rindieran cuentas por sus actos. En junio entró en vigor una vaga ley de amnistía para delitos cometidos en el contexto de protestas, que podría emplearse para que los responsables evadan la justicia. 

Al 10 de junio, 392 personas encarceladas en el contexto de las manifestaciones contra el gobierno fueron liberadas. Sin embargo, dos tercios fueron puestas en libertad condicional y siguen sujetas a proceso penal. 

Los Estados Miembros de la ONU deberían suspender toda asistencia a la Policía Nacional de Nicaragua y condicionar el restablecimiento de los fondos para la policía a que, como mínimo, se adopten medidas concretas para que los perpetradores rindan cuentas por sus actos. Los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Tortura, de conformidad con su artículo 5, deberían aplicar la jurisdicción universal y ejercer la jurisdicción penal en la medida que lo permita el derecho interno respecto de funcionarios nicaragüenses responsables de torturas. Además, en su próximo informe sobre Nicaragua, previsto para septiembre, la Alta Comisionada debería recomendar al Consejo que cree una comisión de investigación independiente que examine las violaciones de derechos humanos ocurridas en Nicaragua desde abril de 2018.