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(Johannesburgo) – El Tribunal Superior de Botsuana dictaminó el 11 de junio de 2019 que las leyes que penalizan las relaciones consensuales con personas del mismo sexo son inconstitucionales, dijo hoy Human Rights Watch. El fallo representa una legalización de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) del país.

En el caso Letsweletse Motshidiemang c. Estado, el tribunal dictó por decisión unánime que las “leyes de sodomía” de Botswana violan la privacidad, la libertad y la dignidad; son discriminatorias y no sirven al interés público. Los activistas LGBT de toda África reaccionaron al fallo con una gran alegría. El dictamen está sujeto a apelación por parte del gobierno ante el Tribunal de Apelación de Botswana, aunque el presidente Mokgweetsi Masisi ha afirmado que todas las personas en Botswana, incluidas las personas que mantienen relaciones homosexuales, merecen que sus derechos sean protegidos.

“El Tribunal Superior reconoció que las leyes y las políticas de Botswana deben proteger los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual”, dijo Neela Ghoshal, investigadora sénior sobre los derechos LGBT de Human Rights Watch. “El fallo judicial es una victoria tanto para el colectivo LGBT en Botswana como para las personas LGBT y sus defensores en toda África”.

En el caso Motshidiemang, el Tribunal Superior dijo que estaban en juego los principios constitucionales relacionados con la dignidad y la igualdad. Si bien el abogado del Estado argumentó que “la ley debería reflejar los valores de la sociedad”, los demandantes respondieron que dichas leyes limitan el acceso a los servicios sociales, violan la dignidad humana y constituyen un grave incumplimiento de los principios de no discriminación.

Los activistas que tuiteaban en vivo el fallo desde la sala de la corte dijeron que los jueces aseguraron que la cultura no puede justificar la violación de los derechos universales. El tribunal declaró que las leyes de sodomía pertenecen “al museo o los archivos” y no deben regir la vida actual.

Antes de su declaración de independencia en 1966, Botswana era parte de Bechuanaland, un protectorado británico. Las leyes contra la homosexualidad del país son un legado del imperialismo británico. El artículo 164 del código penal castiga el “conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza” con hasta siete años de prisión, mientras que el artículo 167 castiga las “prácticas indecentes entre personas” con una sentencia no especificada. En un extraño giro, cuando revisó sus leyes para defender la igualdad de género en 1998, Botswana “igualó” su ley de “prácticas indecentes” para criminalizar la conducta homosexual entre hombres y mujeres. En un caso anterior, el Tribunal de Apelación en 2003 confirmó una condena de 1995 en virtud del artículo 164. Pero en los últimos años, Botswana ha tomado varias medidas para el reconocimiento de la igualdad LGBT. En septiembre de 2010, Botswana enmendó su Ley de Empleo para proteger contra la discriminación en la rescisión de contratos de trabajo por motivos de orientación sexual. El ex presidente Festus Mogae comenzó a manifestarse a favor de la despenalización de la conducta homosexual en 2011, tres años después de haber dejado el cargo, y ha continuado siendo un defensor de los derechos de las personas LGBT.

En 2014, el Tribunal Superior dictaminó que el agente de registro de organizaciones no gubernamentales había cometido un error en 2012 al negarse a registrar al grupo de Lesbianas, Gays y Bisexuales de Botswana (Legabibo). El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia en 2016, al afirmar que “todos los miembros de todas las clases de la sociedad deben disfrutar de las libertades fundamentales”. Ese mismo año, Botswana deportó a un pastor estadounidense que había declarado que los homosexuales deberían ser “apedreados hasta la muerte”. En 2017, el Tribunal Superior dictaminó que un hombre transgénero tenía el derecho a cambiar su nombre e indicador de género en sus documentos oficiales, señalando que no hacerlo violaría su derecho a la privacidad.

La posición de Botswana no siempre ha sido consistente. En 2016, Botswana dirigió al grupo africano en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a oponerse al mandato del experto independiente sobre violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Botswana también rechazó las recomendaciones para despenalizar la conducta homosexual durante su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018.

Al desmantelar sus leyes arcaicas de “ofensas antinaturales”, Botswana se suma a un cambio global para alejarse de la criminalización de las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo. En enero, Angola emitió un código penal revisado que ya no castigaba los denominados “vicios contra la naturaleza”. Otros países africanos que han revocado las leyes contra la homosexualidad a través de la reforma de sus códigos penales en los últimos años incluyen a las Seychelles, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, y Lesoto.

India despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo a través de una sentencia histórica en 2018, al igual que Trinidad y Tobago, mientras que la Corte Suprema de Belice anuló su ley de sodomía en 2016. En los últimos años también Palau, Nauru y el norte de Chipre han despenalizado la conducta homosexual mediante reformas legales.

Sin embargo, hay excepciones a la tendencia de liberalización de las leyes relativas a la conducta homosexual. Kenia confirmó sus leyes de sodomía en mayo de 2019, afirmando que dichas leyes no discriminaban por motivos de orientación sexual y, al mismo tiempo, sugería que solo las parejas heterosexuales casadas podían disfrutar plenamente del derecho constitucional a la privacidad. Al menos 68 países en el mundo, 33 de ellos en África, todavía tienen leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo.

“El Tribunal Superior de Botwuana brinda un rayo de esperanza a millones de personas en todo el mundo que viven en jurisdicciones que aún criminalizan la conducta homosexual”, dijo Ghoshal. “El gobierno de Botswana debería adoptar esta decisión y afirmar la plena individualidad de su población LGBT”.