El Congreso de la Ciudad de México está discutiendo una iniciativa de ley sobre el sistema de cuidados que crea el marco práctico para implementar el derecho al cuidado conforme a la Constitución de la Ciudad de México de 2017.

El gobierno hace lo correcto al considerar cómo satisfacer las necesidades básicas de las personas que requieren apoyo para realizar las actividades diarias.

Pero cuando se trata de proporcionar apoyo a personas con discapacidades y personas mayores, se pone demasiado énfasis en el cuidado que proporcionan sus familiares. En lugar de ello, el Congreso debería centrarse en proporcionar servicios de apoyo que faciliten la independencia y autonomía de las personas.

La iniciativa de ley surge del reconocimiento de la carga indebida que muchas mujeres enfrentan en su rol tradicional de cuidadoras principales, con mayor frecuencia de niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidades o enfermedades crónicas.

La iniciativa tiene dos objetivos principales. Uno es proporcionar una serie de beneficios para los padres que están criando a sus hijos. Muchos de estos beneficios son absolutamente esenciales para los miembros de la familia que cuidan a niñas y niños, como la flexibilidad en las horas de trabajo y la posibilidad de trabajar de forma remota.

La política también promueve el cuidado de adultos que se encuentran en la llamada "situación de dependencia", debido a una condición de salud, discapacidad o edad.

Cuando México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, se comprometió a garantizar el derecho de los adultos con discapacidades a vivir de manera independiente, a participar en la comunidad, a la vida cultural, a la vida familiar y a trabajar en igualdad de condiciones que los demás, y a tomar decisiones por uno mismo, entre otros.

Las políticas de México, ya sea a nivel nacional, estatal o municipal, deben respetar y, cuando corresponda, ayudar a cumplir con estas obligaciones de derechos humanos, incluido el derecho de las personas con discapacidad a elegir qué tipo de apoyo desean y quiénes deben proporcionarlo.

En lugar de buscar desarrollar estos servicios de apoyo, el proyecto de ley asigna la responsabilidad de apoyo a adultos con discapacidades y personas mayores a sus familias, con independencia de las preferencias de las personas que reciben el apoyo o de sus familias. En este sistema, el gobierno entrega a las familias la mayor parte de la responsabilidad de proporcionar servicios sociales, en lugar de proporcionar esos servicios sociales por sí.

Gran parte de la legislación de México y muchas políticas se basan en la idea de que la familia es la fuente exclusiva de apoyo y cuidado. La mayoría de los estados mexicanos tienen leyes que exigen que las familias proporcionen alimentos a los miembros adultos de familias con discapacidades. En algunos estados, no apoyar a un miembro de la familia con una discapacidad, incluso se considera un delito.

Pero la Ciudad de México no debe perder la oportunidad para permitir que las personas con discapacidades y las personas mayores seleccionen a la persona que brinda el apoyo y los servicios que mejor satisfacen sus necesidades.

Si los adultos con discapacidades y las personas mayores y sus familias eligen organizar el apoyo dentro de la familia, entonces esa elección debe ser respetada. Pero el cuidado familiar no debe reemplazar las obligaciones del gobierno de proporcionar servicios basados en la comunidad para garantizar la autonomía personal y los derechos de los adultos con discapacidades y las personas mayores.

El Congreso de la Ciudad de México debe garantizar que las personas que necesitan apoyo tengan acceso a asistentes personales profesionales que puedan ayudarlos con el cuidado personal, las comidas, las tareas domésticas y demás. Algunos países, incluidos el Reino Unido y Francia, están proporcionando presupuesto personal a las personas que necesitan estos servicios para contratar a sus propios asistentes personales. Esto puede ser efectivo para garantizar el derecho de las personas con discapacidades y de las personas mayores para tener control sobre sus vidas.

La creación de un sistema de cuidados en la Ciudad de México se basó en el deseo de mejorar los derechos de las mujeres, que a menudo son el único apoyo disponible para las personas con discapacidad y las personas mayores. Esto es importante. Pero con esta iniciativa, el gobierno tiene la oportunidad de mejorar los derechos de los adultos con discapacidades y las personas mayores a vivir de forma independiente, a trabajar, a tener una familia y a participar en la vida de la comunidad, en igualdad de condiciones que los demás. El enfoque debe estar en promover la autonomía, no en afianzar la dependencia.