Un camino cerca del asentamiento israelí de Dolev, donde una puerta bloquea el acceso a la carretera principal a los palestinos de la aldea cercana de Ein Qinya.

© 2017 Human Rights Watch

(Elkana, Cisjordania) – La mayoría de los bancos más grandes de Israel están prestando servicios que ayudan a apoyar, mantener y expandir los asentamientos ilegales, financiando su construcción en la Cisjordania ocupada, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 41 páginas, “Bankrolling Abuse: Israeli Banks in West Bank Settlements” (“Financiando el abuso: bancos israelíes en los asentamientos de Cisjordania”), detalla nuevas investigaciones sobre el alcance de las operaciones bancarias en los asentamientos y las violaciones que propician estas actividades. Los siete bancos más grandes de Israel brindan servicios a los asentamientos. El informe también documenta la participación de la mayoría de estas entidades en la construcción de unidades de vivienda que amplían los asentamientos mediante la adquisición de derechos de propiedad en nuevos proyectos de construcción y el seguimiento de los proyectos hasta su finalización. Cuando la potencia dominadora coloca a miembros de su población civil en los territorios ocupados o cuando deporta o desplaza a miembros de la población de los territorios ocupados, estos casos constituyen crímenes de guerra al facilitar la expansión de los asentamientos. Estas actividades bancarias están asistiendo las transferencias ilegales de personas.

“Los bancos israelíes se están asociando con promotores inmobiliarios para construir viviendas designadas exclusivamente para israelíes aunque estén en tierra palestina”, señaló Sari Bashi, directora de incidencia en Israel y Palestina para Human Rights Watch. “Los proyectos que estos bancos respaldan contribuyen a desplazar a los palestinos de manera ilegal”.

Human Rights Watch buscó anuncios en Internet de proyectos de construcción de asentamientos, registros municipales y de la propiedad palestinos e israelíes, así como informes de empresas constructoras; entrevistó a propietarios; visitó zonas de construcción de asentamientos y revisó investigaciones sobre actividades bancarias y clasificaciones de tierras por parte de las organizaciones no gubernamentales israelíes (ONG) Who Profits y Kerem Navot.

Un mapa creado por Human Rights Watch proporciona una imagen parcial de los servicios financieros que ofrecen los bancos en todos los asentamientos de Cisjordania. Además de los proyectos de construcción, los bancos otorgan préstamos a las autoridades regionales y locales de los asentamientos y conceden préstamos hipotecarios a los compradores de viviendas en los asentamientos y operan sucursales bancarias allí. Los residentes palestinos de Cisjordania, a los que se les prohíbe entrar en los asentamientos por orden militar, excepto como trabajadores con permisos especiales, no pueden acceder a estos servicios. Los bancos palestinos y extranjeros brindan servicios a clientes palestinos fuera de los asentamientos.

Los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional humanitario. Contribuyen a un régimen discriminatorio en el que las autoridades israelíes restringen y obstaculizan el desarrollo económico palestino, al tiempo que subvencionan y respaldan los asentamientos israelíes construidos sobre tierras confiscadas ilegalmente a los palestinos. El derecho internacional humanitario prohíbe a las potencias ocupantes utilizar tierras con la excepción de fines militares o para beneficiar a la población local que vive bajo la ocupación.

Los bancos que financian o “acompañan” los proyectos de construcción en los asentamientos se convierten en socios de la expansión de asentamientos, supervisando cada etapa de la construcción, manteniendo el dinero de los compradores en custodia y asumiendo la propiedad del proyecto en caso de incumplimiento por parte de la empresa constructora. La mayor parte de esa construcción tiene lugar en lo que las autoridades israelíes declararon como “tierra de Estado”, que puede incluir tierras confiscadas ilegalmente a propietarios privados palestinos. Israel utiliza esta tierra de manera discriminatoria, asignando un tercio de las tierras estatales o públicas en Cisjordania, sin incluir Jerusalén Este, a la Organización Sionista Mundial y sólo el 1 por ciento para uso de los palestinos.

 

En la aldea palestina de Azzun, por ejemplo, la familia de Murshed Suleiman perdió el acceso regular a sus tierras cuando Israel erigió su barrera de separación entre Azzun y el asentamiento cercano de Alfei Menashe, en el lado israelí. Bank Leumi, el segundo banco más grande de Israel, se está asociando con una empresa constructora israelí para construir cinco nuevos edificios en este asentamiento, en un terreno que pertenece a Azzun.

Justo en las afueras de la aldea palestina de Mas-ha, Mizrahi Tefahot, el cuarto banco más grande de Israel, está respaldando dos nuevos proyectos de viviendas, con un total de 251 unidades. El proyecto esencialmente expande el asentamiento de Elkana hacia Masha, lo que exacerba las restricciones al acceso a la tierra. La familia Aamer ha perdido en gran parte el acceso a lo que eran aproximadamente 500 dunams (50 hectáreas) de su tierra. Los miembros de la familia dicen que parte de la nueva construcción está en tierras que su padre compró pero que han sido confiscadas sin su permiso y ahora ya están fuera de su alcance.

También en Mas-ha las autoridades israelíes construyeron la barrera de separación para virar hacia el interior de Cisjordania, con el fin de colocar a Elkana y otros asentamientos en el lado “israelí”.

Human Rights Watch contactó a ambos bancos para obtener su respuesta, pero no recibió ninguna contestación pertinente.

Los asentamientos contribuyen intrínsecamente a graves abusos contra los derechos humanos. Las empresas que realizan negocios en o con asentamientos no pueden mitigar o evitar contribuir a estos abusos, porque las actividades que llevan a cabo tienen lugar en tierras confiscadas ilegalmente, bajo condiciones de discriminación y a través de una grave violación de las obligaciones de Israel como potencia ocupante. Estas actividades plantean preocupaciones sobre el saqueo, debido a políticas de confiscación de tierras del ejército israelí que dificultan determinar si los propietarios han dado libremente su consentimiento.

Human Rights Watch cree que, para cumplir con sus responsabilidades de derechos humanos, los bancos, al igual que otras empresas, deberían dejar de hacer negocios en o con los asentamientos israelíes. Deberían dejar de ubicar o llevar a cabo actividades dentro de los asentamientos, dejar de financiar, administrar o apoyar a los asentamientos o las actividades e infraestructura relacionadas con los asentamientos, y deberían dejar de comprar bienes producidos por los asentamientos.

“Los bancos no pueden hacer negocios en los asentamientos sin contribuir a la discriminación, el desplazamiento y el robo de tierras”, dijo Bashi. “Para evitar este resultado, deberían poner fin a sus actividades en los asentamientos”.