Luego de que policías de la Ciudad de México detuvieran el 23 de enero a Marco Antonio Sánchez, de 17 años, sus familiares no obtuvieron información sobre su paradero durante varios días.
Inmediatamente, muchos mexicanos supusieron lo peor: que las autoridades lo habían hecho “desaparecer”. Por más exagerada que pueda parecer esa inferencia en una región donde la mayoría de las personas asocian las desapariciones forzadas con una práctica de las dictaduras del pasado, se trata de una suposición bastante razonable en el contexto actual de México.
Los policías detuvieron a Marco Antonio cerca de una parada de Metrobús donde estaba fotografiando un grafiti, dijo un amigo que estaba con él. Los agentes acusaron a Marco Antonio de un intento de robo, lo golpearon, lo esposaron y se lo llevaron en un vehículo oficial, según medios locales.
El 26 de enero, luego de que el caso fuera recogido por la prensa mexicana, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México manifestó que estaba intentando localizar al “joven extraviado”. Más adelante anunció que se había identificado a cuatro policías implicados en la desaparición de Marco Antonio y que dos de ellos estaban detenidos “por la inobservancia de algunos protocolos”. Los agentes dijeron que habían dejado ir a Marco Antonio poco después de haberlo detenido, pero las autoridades mexicanas no han mostrado registros oficiales de la detención ni de la liberación.
La incertidumbre persistió varios días. Durante ese tiempo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México instó a las autoridades a investigar el caso como una posible desaparición forzada; es decir, un hecho con participación de agentes estatales.
Finalmente, el 27 de enero, Marco Antonio fue presentado ante un tribunal en la localidad de Tlalnepantla, Estado de México, cerca de la parada de Metrobús donde había sido detenido. La policía municipal afirmó que habían encontrado a Marco Antonio más temprano ese día deambulando en un puente, desorientado, y lo detuvieron por temor a que se suicidara. La prensa informó de que el juez dejó en libertad a Marco Antonio. Lo hallaron la noche siguiente, vestido con otras prendas de ropa, a aproximadamente 20 kilómetros del tribunal. Todavía no se sabe exactamente qué le ocurrió entre el momento de su detención y cuando lo encontraron.
Marco Antonio y su familia fueron, de cierto modo, afortunados. Si el Ministerio Público lleva a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial, incluso se podría saber qué sucedió en esos cinco días. El 5 de febrero, el Procurador General de la Ciudad de México informó que cuatro policías se encontraban en calidad de imputados en el caso y publicaron algunos videos del día de su detención.
En noviembre de 2017, el gobierno informó que aún se desconoce el paradero de más de 34.000 personas que fueron denunciadas como extraviadas o desaparecidas desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició su “guerra contra las drogas”.
El registro oficial de personas extraviadas o desaparecidas, a pesar de sus fallas, es la única fuente oficial con datos sobre la magnitud del problema de las desapariciones en México. La falta de investigaciones adecuadas no permite saber exactamente cuántos de estos casos fueron desapariciones forzadas, en las cuales estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad directa o indirectamente, o cuántos están vinculados con la delincuencia organizada. Independientemente de ello, cada caso supone una dolorosa experiencia para familiares y amigos, que posiblemente imaginan lo peor pero no pueden enterrar a sus seres queridos ni superar lo ocurrido.
Fiscales y policías mexicanos suelen no adoptar medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones en las cuales están implicadas las fuerzas de seguridad. A menudo, les indican a las familias que deben investigar por su cuenta. Y en reiteradas oportunidades no logran localizar a personas desaparecidas ni identificar los cuerpos o restos humanos hallados en el país, a veces en fosas clandestinas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encontraron 855 fosas clandestinas en México entre 2007 y 2016, y solamente se han identificado 796 de los 1.548 cuerpos que estaban en ellas. Estos casos casi siempre quedan impunes.
Esto ha sucedido incluso en el caso de desaparición más sonado de los últimos años. A pesar de la enorme atención internacional que suscitó la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de formación docente de Ayotzinapa en 2014, sólo uno de los estudiantes fue identificado entre los restos que el gobierno afirma son de los estudiantes. La investigación inicial estuvo plagada de irregularidades, incluidas torturas a testigos. Aunque decenas de personas han sido imputadas por su presunta participación en las detenciones de los estudiantes, el Ministerio Público no ha presentado acusaciones formales contra autoridades estatales ni federales ni contra miembros de las Fuerzas Armadas, a pesar de los indicios de que estarían implicados en los abusos.
El gobierno mexicano debe presentar un informe ante Naciones Unidas el 13 de febrero, en el cual debería detallar las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones previstas en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Es probable que el informe describa una nueva ley sobre desapariciones, que entró en vigor recientemente tras una extensa demora, y diga que la ley establece el marco jurídico adecuado para avanzar con las políticas públicas necesarias para subsanar las fallas en el registro oficial de personas extraviadas o desaparecidas, buscar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia.
Sin duda, la ley supone un paso positivo que podría contribuir a resolver el problema, pero solo será así si se implementa adecuadamente. En México abundan las buenas leyes que en la práctica no llevan a resultados significativos. El desafío que enfrenta hoy el gobierno mexicano es no sólo explicar qué está haciendo y qué tiene previsto hacer, sino además presentar una evaluación transparente y honesta de los resultados obtenidos, incluyendo información sobre cuántas personas responsables de desapariciones —y de desapariciones forzadas— han sido juzgadas y condenadas por sus crímenes.
