En una época en la que algunos países han optado por retroceder en derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una decisión histórica que abre las puertas para que América Latina se coloque a la vanguardia y tome una posición de liderazgo en la materia.
En una opinión consultiva, emitida el pasado 9 de enero, la Corte afirmó que la Convención Americana de Derechos Humanos requiere que los Estados miembros reconozcan el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio civil, así como a todos los beneficios que de él deriven. De igual manera, la Corte estableció que los gobiernos deben permitir que las personas puedan cambiar el nombre y género que aparece en sus documentos oficiales, a través de un proceso expedito, sencillo y sin costo, tomando en cuenta únicamente la identidad de género auto percibida del solicitante.
Los grupos conservadores de la región pretendieron deslegitimar la opinión, sugiriendo que ésta no genera obligaciones directas para los países. Sin embargo, la Corte -que es la autoridad máxima para interpretar las obligaciones adquiridas por los Estados- ha sido clara: los derechos de las personas LGBT sí están reconocidos en la Convención Americana. De modo que aquellos países que la han ratificado, y que reconocen la jurisdicción de la Corte, deben tomar en cuenta su opinión en el desarrollo de sus leyes y políticas públicas.
En materia de matrimonio igualitario, la opinión consultiva es un avance sin precedentes. De los 20 países que han ratificado la Convención Americana, únicamente Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay reconocen el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse, a nivel nacional.
En México, la Suprema Corte también ha emitido jurisprudencia favorable al respecto; sin embargo, en dos terceras partes del país, los estados aún no han modificado sus leyes, por lo que los contrayentes se ven obligados a pasar por un proceso judicial largo, costoso y burocrático para poderse casar. En ese sentido, la opinión consultiva refrenda la obligación que ya tenían las entidades federativas del país.
De la misma manera, la opinión llega en un momento clave para Panamá, Costa Rica y Chile, donde el reconocimiento del matrimonio a parejas homosexuales ha generado en los últimos meses un importante debate a nivel nacional.
Sin embargo, la parte más extensa e innovadora de la opinión consultiva no se refiere al matrimonio, sino al reconocimiento legal para personas transexuales y transgénero. Actualmente, en la mayor parte de América Latina, hombres y mujeres trans no pueden modificar sus documentos legales para reflejar su género auto-percibido.
Algunos países han dado pasos significativos en la dirección correcta; sin embargo, los procesos pueden ser complejos y lentos. En Perú, requieren que la persona comparezca ante las cortes; en Uruguay, las personas deben llevar a cabo una cirugía, o esperar dos años; y en Bolivia, el cambio es irreversible, requiere un examen técnico y se permite para personas casadas.
En otros casos, como el de Ecuador, el cambio sí es posible, pero los documentos de la persona quedan marcados de manera permanente, lo cuál puede generar aún mayor estigma para la persona.
Solamente Argentina, Colombia y la Ciudad de México permiten el cambio de nombre y de género de acuerdo con estándares internacionales.
La Corte Interamericana ha opinado, en ese sentido, que los 20 países deben adoptar procesos simplificados, que sean gratuitos, expeditos, guarden la confidencialidad del solicitante y no requieran de cirugía o tratamiento hormonal alguno.
Si bien los avances son críticos, traducir la elocuente opinión de la Corte en una realidad para todas las personas LGBT de la región será un reto que requerirá de trabajo, determinación y voluntad política.
Durante los últimos dos años, movimientos conservadores han liderado un esfuerzo coordinado en contra de los derechos LGBT en distintos países de América Latina. En 2016, lograron que legisladores del PRI, al cual pertenece el presidente Enrique Peña Nieto, votaran en contra de la iniciativa que él mismo había enviado al Congreso para reconocer el matrimonio a nivel constitucional.
El año pasado, la oposición descarriló un plan de estudios incluyente de los derechos LGBT propuesto en el Perú. Y más recientemente, marcharon en las calles de Asunción y de Quito, donde llamaron a las personas a defender a la “familia” de la llamada “ideología de género”.
Este año, además, Costa Rica, México, Brasil y Colombia sostendrán procesos electorales mayores, lo que podría provocar que las y los legisladores piensen dos veces antes de incurrir en los costos políticos que podría significar el impulsar los derechos de una minoría.
Sin embargo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana bien podría ser la gasolina que requiere el activismo LGBT en la región, no sólo para resistir los esfuerzos que buscan retroceder en sus derechos, sino para impulsar a sus países, para que lideren en la materia en el ámbito internacional.
Sin duda, la opinión será un activo clave que podrá ser utilizado de manera inmediata frente a las cortes locales, legisladores y, de manera importante, frente al público en general. Al dejar claro que la Convención Americana da razón a los derechos de las personas LGBT al matrimonio civil y al reconocimiento legal del género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha redirigido categóricamente el debate.
América Latina puede convertirse en líder, en materia de derechos LGBT, durante 2018. La duda está en si los gobiernos y legisladores de la región tendrán el valor y la capacidad para estar al nivel que exigen las circunstancias, en esta oportunidad única.
