Ruinas de la sede de las fuerzas PMF de los Jamiles, destruida el 9 de enero.

© 2018 Belkis Wille/Human Rights Watch

(Mosul) – Funcionarios, administradores de campamentos y tres organizaciones internacionales han confirmado que a principios de enero de 2018, las fuerzas iraquíes desplazaron por la fuerza a por lo menos 235 familias con presunta vinculación al Estado Islámico, también conocido como ISIS, dijo hoy Human Rights Watch. La mayoría se han visto obligados a ir al campamento de Daquq, en la gobernación de Kirkuk, y un número menor a otros dos campamentos en los alrededores.
Luego de desplazar a estas familias, grupos de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF, por sus siglas en inglés), una coalición también conocida como al-Hashd al-Sha'abi, destruyeron algunas de sus casas, obligaron a algunos padres a dejar atrás a sus hijos, robaron ganado de algunas familias y golpearon a al menos tres de los hombres.

“¿Cómo puede afirmar Irak que ha dado un giro y que apoya una reconciliación cuando sus propias fuerzas están ejecutando castigos colectivos contra civiles?”, dijo Lama Fakih, directora adjunta para Medio Oriente de Human Rights Watch. “No se puede obtener nada positivo de la complicidad del gobierno con la promoción de las divisiones en la sociedad iraquí”.

El gerente del campo de Daquq, 30 kilómetros al sur de la ciudad de Kirkuk, dijo a Human Rights Watch durante una visita el 23 de enero de 2018 que el campamento había recibido 220 familias desde el 4 de enero. Todas provenían de aldeas en el área de Hawija, al oeste de Kirkuk, y fueron llevados a Daquq por las fuerzas iraquíes porque presuntamente tenían familiares vinculados con el ISIS.

Algunos ya habían sido residentes del complejo u otros campos para desplazados entre 2014 y 2016, cuando sus hogares se encontraban en zonas bajo control del ISIS, y habían regresado a sus casas en noviembre de 2017, después de que las fuerzas iraquíes recuperaran estos lugares. A pesar de que varios grupos de ayuda trabajan en el campo, tiene servicios médicos y educativos limitados. Un representante de una organización internacional confirmó que las fuerzas desplazaron por la fuerza al menos a otras 15 familias a otros dos campamentos en la zona.

Human Rights Watch entrevistó a 24 personas de 19 familias, que dijeron que habían sido llevadas al campo entre el 4 y el 9 de enero. Estas familias provenían de 10 aldeas: al-Dhirban, al-Alwiya al-Jadida, Garhat Ghazan, Gharifi, Kaysuma, Kifah, Maftool, Maratah, Murabata y Sayid Hamid. Todos, excepto una persona, admitieron sin reparos que tenían parientes que se unieron al ISIS.

Dijeron que las PMF y las fuerzas armadas acorralaron a las familias sin previo aviso en un esfuerzo coordinado basado en listas de nombres que habían compilado y las llevaron al campo después de examinarlos en bases militares. Dijeron que cuando preguntaron por qué estaban siendo desplazados, los soldados les dijeron que eran inocentes, pero que tenían que trasladarse al campo porque sus parientes se habían unido al ISIS.

El 24 de enero, un abogado y un trabajador de derechos humanos en Hawija dijeron a Human Rights Watch que no había decretos u órdenes federales ni provinciales para desplazar a estas familias, y un juez de Hawija reiteró que, desde una perspectiva legal, estas familias no habían hecho nada malo y no deberían ser sancionadas.

Los observadores independientes en Daquq hablaron con tres hombres de la misma aldea el día que llegaron. Los tres dijeron que las fuerzas de las PMF los habían golpeado. Los hombres mostraron a los observadores sus espaldas, cubiertas de grandes moretones. Los observadores tomaron fotos, que posteriormente mostraron a Human Rights Watch. Habitantes de esa aldea dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas de las PMF los habían golpeado, pero que tenían miedo de proporcionar más detalles.

Los observadores dijeron que hablaron con un grupo de hombres y mujeres de otras dos aldeas que también dijeron que las fuerzas de las PMF los golpearon, y una mujer les mostró  magulladuras en los brazos y las piernas, de las que también hicieron fotos.

“Ahmed”, de 40 años, y su esposa “Lama”, de 36, dijeron que el 4 de enero, las fuerzas de la unidad “Ali Akbar” de las PMF y la novena división del ejército iraquí fueron a su casa para hacerles un breve interrogatorio. Los oficiales militares los alentaron a dejar a cinco de sus siete hijos en casa, permitiéndoles llevar consigo sólo a los dos más pequeños. A continuación, los llevaron en un autobús a un pueblo cercano para ser examinados, y luego enviaron a Lama y sus dos hijos a Daquq. “Les supliqué que me dejaran regresar a casa y recoger a mis otros hijos, pero no me dejaron”, dijo.

Las fuerzas de las PMF llevaron a Ahmed y otros 25 hombres y niños de su pueblo, todos con los ojos vendados, a una base del ejército donde los obligaron a sentarse en el suelo frío y húmedo, dijo. Después de varias horas, los soldados también llevaron a los hombres al campo. Lama y Ahmed tardaron cinco días en encontrar a un pariente que pudiera recoger a sus otros hijos y llevarlos al campo.

Ruinas de la sede las fuerzas PMF de los Jamiles, destruidas por una motoconformadora el 9 de enero.

© 2018 Belkis Wille/Human Rights Watch

Las personas entrevistadas por Human Rights Watch y el director del campo dijeron que la policía local que trabajaba en el complejo confisca los documentos de identidad de las familias y los retiene para que ninguna pueda huir. Si un miembro de una familia encuentra a alguien dentro del campo que lo patrocine y obtiene permiso para salir, por ejemplo para ir al hospital, sólo ese miembro de la familia puede irse, pero el resto debe quedarse para garantizar su regreso, explicó el gerente.

Tres familias dijeron a Human Rights Watch que cuando las forzaron a abandonar sus ciudades, vieron cómo hombres con el uniforme de las PMF destruían sus casas con excavadoras y les prendían fuego. Otras dos familias dijeron que los vecinos que se quedaron atrás les notificaron que el día en que fueron desplazadas, combatientes destruyeron sus hogares, pero no sabían cómo.

Human Rights Watch revisó las imágenes satelitales disponibles para tres de las aldeas, Garhat Ghazan, Kifah y Sayid Hamid, que corroboraron la destrucción de ocho casas con maquinaria pesada entre el 3 y el 9 de enero, así como la destrucción de 21 viviendas en el pueblo cercano de Safraa durante el mismo período. Los investigadores pudieron visitar la casa destruida de una de las familias en Maratah y corroboraron las declaraciones de los familiares. Los investigadores vieron señales de destrucción de al menos seis hogares en otras tres aldeas, al-Khan, Rasuliya y Agulah, durante el mismo período, pero no pudieron entrar en las aldeas para llevar a cabo una evaluación más detallada.

Un activista local de derechos humanos confirmó que hubo familias que fueron desplazadas de las tres aldeas a principios de enero y las imágenes de satélite disponibles para una de ellas confirmaron que la destrucción se produjo entre el 3 y el 9 de enero. Las aldeas del resto de las personas desplazadas entrevistadas en el campo, al sureste, sur y sudoeste de la ciudad de Hawija, no se pudieron visitar por motivos de seguridad.

Es una norma internacional básica que el castigo por un delito sólo se debe imponer a las personas responsables de dicho delito, después de un juicio justo para determinar la culpa individual. Imponer castigos colectivos a las familias, pueblos o comunidades enteras está estrictamente prohibido y puede constituir un delito, especialmente si resulta en desplazamiento forzado.

Según las leyes de la guerra, el desplazamiento forzado de civiles está estrictamente prohibido, salvo en los casos limitados en los que el desplazamiento es necesario para proteger a los civiles o por necesidad militar, y sólo durante el tiempo que sea necesario. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es un crimen de guerra ordenar tales desplazamientos ilegales de civiles durante un conflicto. El desplazamiento forzado ilegal sistemático o generalizado impuesto como una política del Estado o grupo organizado puede constituir un crimen de lesa humanidad.

Las autoridades iraquíes deberían tomar medidas inmediatas para investigar estos presuntos crímenes de guerra y otras denuncias tales como: demoliciones ilegales, saqueos y destrucción de bienes civiles, dijo Human Rights Watch. Deben hacer que las fuerzas armadas que saquean o destruyen propiedades civiles rindan cuentas. El comité establecido por ley para compensar a las víctimas de “terrorismo y errores militares” debe procesar las denuncias de las víctimas de saqueos y destrucción por parte de las fuerzas armadas.

“Las autoridades iraquíes que desplazan a la fuerza a estas familias las están condenando a un futuro sombrío de circunstancias económicas difíciles, oportunidades educativas restringidas y condiciones de vida deprimentes en los campos de prisioneros”, dijo Fakih.