(Túnez) – Las manifestaciones en la región del Rif en Marruecos, las protestas callejeras más nutridas que ha visto el país desde la Primavera Árabe de 2011, pusieron en evidencia los límites a la tolerancia de Marruecos a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, dijo hoy Human Rights Watch en la publicación de su Informe Mundial 2018. Marruecos debería liberar a todos los manifestantes pacíficos encarcelados y abolir las disposiciones del código penal que permiten al gobierno encarcelar a personas por expresar sus opiniones.
Las protestas comenzaron en la agitada región norteña del Rif en octubre de 2016. Las autoridades toleraron las protestas durante varios meses, pero detuvieron violentamente a los líderes de las manifestaciones en mayo de 2017 y prohibieron una gran demostración anunciada para julio. Desde entonces, el gobierno ha encarcelado a periodistas y otras personas por participar o apoyar manifestaciones “ilegales”.
Las autoridades toleraron con frecuencia protestas frente al Parlamento en Rabat y en otros lugares, pero casi nunca en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, donde la policía se movilizó para adelantarse a cualquier reunión que simpatizara con la autodeterminación de ese territorio en disputa.
“Hay espacios para expresar la disidencia en Marruecos, pero cuando se trata de protestas masivas y sostenidas, la policía y el poder judicial tienden a acallar las protestas y neutralizar a los activistas en poco tiempo”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y Norte de África de Human Rights Watch. "Si Marruecos quiere distinguirse del resto de la región que parece escurrirse alarmantemente por una espiral descendente en materia de derechos, debe liberar a todos los manifestantes del Rif detenidos o condenados por reuniones o discursos no violentos”.
En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.
Mientras el Código de Prensa y Publicaciones de 2016 eliminó las penas de prisión por delitos de expresión, muchas han sobrevivido en el código penal, incluyendo aquellas que cruzan las “líneas rojas” de Marruecos: “atentar contra” el Islam, la monarquía, la persona del rey y la familia real, e “incitar contra la integridad territorial de Marruecos”, una referencia a la soberanía que Marruecos defiende sobre el Sáhara Occidental. En julio, el periodista Hamid Mahdaoui fue sentenciado a un año de prisión por “incitar” a participar en una manifestación “no autorizada” en el Rif. Otros fueron a prisión por publicar su apoyo a estas protestas en las redes sociales.
Los tribunales marroquíes admiten regularmente pruebas de confesiones presuntamente obtenidas mediante abusos físicos o, que, de alguna manera, fueron falsificadas, sin investigar de manera exhaustiva y creíble si se obtuvieron de manera inadecuada.
En el juicio más seguido del año, un tribunal civil volvió a juzgar y condenó nuevamente a un grupo de 24 hombres saharauis, incluidos algunos activistas de derechos humanos, por complicidad en los enfrentamientos mortales que tuvieron lugar en el Sáhara Occidental en 2010. El tribunal les condenó a entre 20 años y cadena perpetua sobre la base de pruebas escasas y controvertidas, incluidas confesiones que luego retiraron ante el tribunal.
Marruecos debería garantizar juicios justos para todos aquellos que sostienen que sus confesiones fueron realizadas bajo coacción.
En otros temas, Marruecos dio pasos positivos. Continuó reconociendo, de facto, la condición de refugiado o solicitante de asilo de los extranjeros en Marruecos, cuando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados se lo había conferido. También otorgó permisos de residencia renovables por un año tanto a sirios como a miles de migrantes económicos subsaharianos.
Marruecos debe actuar sobre los proyectos de ley pendientes para la concesión de asilo y para frenar la violencia doméstica. También debería desarrollar sólidos mecanismos de implementación en anticipación a la entrada en vigor en 2018 de una ley de 2016 que protege a los trabajadores domésticos.
