(Washington, DC) – Cuando evalúe la adhesión de Colombia al organismo internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) debería examinar la respuesta insuficiente que han brindado las autoridades colombianas ante la crisis de desnutrición del pueblo wayúu, señaló Human Rights Watch en una carta al secretario general de esa institución, Ángel Gurría.
La OCDE es una organización integrada, en su mayoría, por países con altos ingresos que promueve políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. El organismo podría cumplir un rol importante para ayudar a paliar la crisis de desnutrición que afecta al pueblo indígena wayúu al presionar a las autoridades colombianas para que adopten medidas más eficaces para abordar esta situación. La adhesión de Colombia a la OCDE ya superó 20 de los 23 comités cuya aprobación se exige para incorporarse a la organización. Los tres comités que aún no se han pronunciado, incluido uno que deberá evaluar las políticas sociales de Colombia, examinarán al país en noviembre de 2017.
“En el departamento de La Guajira, los niños wayúu mueren de hambre en tasas desproporcionadamente altas,” señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La OCDE podría ayudar a salvar vidas y atender esta crisis si le exige a las autoridades colombianas un compromiso serio de que adoptarán medidas claras y concretas para mejorar la situación en La Guajira”.
En los últimos años, las comunidades indígenas wayúus en el departamento de La Guajira han sufrido altos índices de mortalidad causados por desnutrición, sobre todo en niños menores de 5 años. Las cifras oficiales indican que, entre 2013 y 2017, al menos 193 niños indígenas de ese grupo etario murieron en el departamento a causa de la desnutrición.
Human Rights Watch visitó La Guajira en agosto de 2016 y en junio de 2017 para documentar la crisis y la respuesta brindada por las autoridades colombianas. Nuestros investigadores entrevistaron a más de 80 personas en La Guajira y Bogotá, incluidos líderes indígenas, médicos, profesionales de enfermería, funcionarios gubernamentales y fiscales, y analizaron sentencias judiciales, datos del gobierno e informes oficiales.
Según la investigación de Human Rights Watch, las muchas causas de la crisis en La Guajira incluyen un acceso sumamente limitado a alimentos y agua, el cual se ve agravado por la crisis humanitaria en Venezuela. Asimismo, existen graves falencias en materia gobernabilidad de parte de las autoridades colombianas, incluidos un acceso extremadamente escaso a servicios básicos, esfuerzos limitados por erradicar la corrupción local y una respuesta claramente insuficiente ante la crisis de los wayúu.
El pueblo wayúu se ve afectado de forma desproporcionada por la desnutrición. Entre 2014 y 2016, más del 90% de las muertes por desnutrición infantil en La Guajira correspondieron a niños indígenas. Sin embargo, según las últimas cifras oficiales disponibles, el pueblo wayúu sólo representa el 38% de la población de ese departamento.
En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a que adoptara medidas, incluidas acciones inmediatas, para atender la “emergencia” de los niños wayúus en cuatro municipios en La Guajira. Tras la decisión, los altos tribunales de Colombia ordenaron al gobierno que abordara la situación en varias sentencias.
No obstante, la desnutrición sigue causando muchas muertes en el departamento. Según estadísticas oficiales, 81 niños indígenas de menos de cinco años murieron de desnutrición en La Guajira entre enero de 2016 y agosto de 2017, es decir, fallecieron en promedio cerca de un niño por semana desde que la CIDH instó a las autoridades colombianas a ocuparse de la crisis. “El hambre todavía nos tiene acosados”, dijo un líder indígena local a Human Rights Watch.
El Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, uno de los tres comités que evaluarán la potencial incorporación de Colombia en noviembre, deberá analizar, entre otros factores, si el país está implementando “medidas diseñadas para ayudar a las personas que no tienen trabajo y a otros grupos vulnerables a combatir la pobreza”.
“Si bien no tomamos una posición respecto de si Colombia debería ser admitida como miembro de la OCDE, consideramos que el proceso de adhesión puede y debe ser una oportunidad para analizar con rigor la deficiente reacción de las autoridades colombianas ante la crisis humanitaria que enfrentan los wayúus”, señaló Vivanco.
