(Washington, DC) – Dos ataques aéreos cerca de Raqqa, en Siria, mataron en marzo al menos a 84 civiles, entre ellos 30 niños, y suscitan preocupaciones de que las fuerzas de la Coalición dirigida por Estados Unidos que luchan contra el grupo armado extremista Estado Islámico (también conocido como ISIS) no tomaron las precauciones adecuadas para minimizar las bajas civiles, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Las conclusiones se basan en una investigación sobre el terreno de los ataques.
El informe de 42 páginas, “¿Todas las precauciones posibles? Víctimas civiles en los ataques aéreos de la Coalición anti ISIS en Siria”, documenta los ataques de la coalición en marzo contra una escuela que albergaba a familias desplazadas en Mansourah, y un mercado y una panadería en Tabqa, municipios al oeste de la ciudad de Raqqa. Human Rights Watch encontró que en esos lugares se encontraban combatientes de ISIS, pero también había decenas, o quizás cientos, de civiles. La coalición debería llevar a cabo investigaciones exhaustivas, oportunas e imparciales de los ataques, hacer todo lo posible para prevenir ataques similares y proporcionar reparaciones o indemnizaciones a las personas que sufrieron pérdidas debido a las operaciones de la coalición, dijo Human Rights Watch.
“Estos ataques acabaron con la vida de decenas de civiles, incluidos niños, que habían buscado refugio en una escuela o estaban haciendo cola para comprar pan en una panadería”, dijo Ole Solvang, director adjunto de emergencias de Human Rights Watch. “Si las fuerzas de la coalición no sabían que había civiles en estos lugares, tienen que hacer un examen exhaustivo de la inteligencia que están usando para verificar sus objetivos, porque la información claramente no era lo suficientemente buena”.
Human Rights Watch también investigó otros tres ataques en la zona que resultaron en un número significativo de bajas civiles.
Los ataques se produjeron cuando las fuerzas de la coalición y las fuerzas terrestres aliadas llevaban a cabo una importante ofensiva militar para tomar Raqqa, la capital de facto de ISIS. Human Rights Watch visitó estos emplazamientos entre el 1 de julio y el 4 de julio, y entrevistó a 16 residentes incluyendo sobrevivientes, testigos, personal de primeros auxilios y personal médico.
Todos los entrevistados dijeron si bien había algunos miembros de ISIS en esos lugares, también había decenas de civiles. Los entrevistados dijeron que la escuela de Mansourah albergaba a un gran número de civiles, incluyendo a muchos que no tenían ninguna afiliación a ISIS, y que el mercado de Tabqa, que incluía una panadería, servía abrumadoramente a civiles, muchos de los cuales estaban haciendo cola frente al establecimiento en el momento del ataque.
La Fuerza Combinada de Operaciones Conjuntas de la coalición anti ISIS ha reconocido que atacó la escuela de Mansourah, alegando que apuntó a lo que creía era un cuartel de ISIS y un depósito de almacenamiento de armas y que no había civiles presentes. Mientras el grupo de trabajo dice que sigue evaluando las acusaciones de que los aviones de la coalición mataron a decenas de civiles en el ataque al mercado de Tabqa, las circunstancias del ataque hacen improbable que cualquier otro fuera el responsable.
El derecho internacional dice que las partes enfrentadas en un conflicto están obligadas en todo momento a tomar todas las precauciones posibles para evitar, y en cualquier caso minimizar, las bajas civiles en la mayor medida posible. En caso de duda sobre si una persona es civil, dicha persona debe ser considerada civil. Cuando hay civiles en el emplazamiento de un objetivo militar, las fuerzas de la coalición deben determinar que el daño causado a civiles o bienes civiles por cualquier ataque planeado debería ser proporcional y no excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa anticipada en el ataque.
Si las fuerzas de la coalición no detectaron la presencia de decenas, o cientos, de civiles en estos dos lugares, plantearía serias preocupaciones acerca de cómo las fuerzas de la coalición determinan si hay civiles cerca de un objetivo y si tomaron todas las precauciones posibles para minimizar los daños civiles. También plantea preguntas acerca de cómo la coalición determina si una persona es civil o combatiente, y si las fuerzas de la coalición cumplieron con el requisito de tratar a una persona como civil en caso de duda, y con la obligación de distinguir entre civiles y combatientes.
Si las fuerzas de la coalición estaban al tanto de la presencia civil, pero decidieron atacar de todos modos, podrían haber violado el principio de proporcionalidad.
Estos ataques no son únicos. Por ejemplo, el 16 de marzo de 2017, aviones estadounidenses bombardearon una mezquita cerca de al-Jinah, al oeste de Alepo, matando a decenas de personas que los residentes identificaron como civiles. La autoridad que aprobó los ataques no sabía que el objetivo era una mezquita, según una investigación militar posterior. La investigación, sin embargo, negó la presencia de un gran número de civiles y sólo admitió que probablemente uno muriera.
En correspondencia con Human Rights Watch, las fuerzas de la coalición dijeron que no ha habido cambios en las reglas de compromiso o cumplimiento de la ley de guerra por parte de la coalición. Pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dijo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó a los militares acelerar la campaña y delegar la autoridad para aprobar ataques a un nivel inferior; Mattis dijo que esto permitiría “oponerse agresivamente y de manera oportuna a las vulnerabilidades enemigas”. El gobierno anterior de EE.UU. hizo cambios similares en diciembre de 2016.
En ausencia de más detalles sobre estos cambios, es difícil evaluar sus efectos precisos. Sin embargo, la coalición necesita en todo momento asegurarse de que delegar la autoridad de ataque a un nivel inferior para atacar “más agresivamente” al enemigo no reduzca el alcance o la efectividad de las precauciones de las fuerzas de la coalición para minimizar los daños a civiles.
Los casos documentados por Human Rights Watch ilustran las limitaciones de la metodología de las fuerzas de la coalición para evaluar si los ataques aéreos de la coalición lesionaron o mataron a civiles. En los dos casos para los que la coalición había realizado estimaciones en el momento de publicación de este informe –el ataque del 20 de marzo contra la escuela de Mansourah y un ataque anterior cerca del mercado de Tabqa en diciembre— la coalición concluyó que las acusaciones de víctimas civiles no eran creíbles. La información proporcionada por las fuerzas de la coalición sugiere que no visitaron los emplazamientos ni entrevistaron a residentes ni testigos, a pesar de que fuerzas aliadas habían estado controlando el área desde hacía semanas.
“Si la coalición hubiese visitado los emplazamientos y hubiese hablado con testigos, habría encontrado evidencias de sobra de que en estos ataques murieron civiles”, dijo Solvang. “La coalición debería seguir nuestro ejemplo, llevar a cabo investigaciones completas y encontrar maneras de hacer que sus estimaciones de víctimas civiles sean más precisas”.
