Después de muchas violaciones más, Ana advirtió que estaba nuevamente embarazada. Buscó un lugar donde le realizaran un aborto ilegal. Tanto ella como quien le practicara el aborto en estas condiciones clandestinas podían ir a prisión por años. La ley de 2006 de Nicaragua, que castiga el aborto (sin excepciones), no ha logrado detener los abortos, sino que ha hecho que sean más inseguros.
A principios de este año entrevisté a Ana (preferimos proteger su identidad) para una investigación de Human Rights Watch sobre el impacto de la prohibición total del aborto que rige en Nicaragua. Advertimos que es habitual que mujeres y niñas teman intentar obtener atención médica cuando surgen complicaciones debido a abortos clandestinos. Tanto activistas como prestadores de servicios describieron casos en los cuales han denunciado a la Policía a mujeres y niñas que sospechaban que presentaban complicaciones vinculadas con abortos.
El 28 de septiembre es el Día de Acción Global por un Acceso al Aborto Legal y Seguro. Se necesitan medidas con urgencia, y no solo en Nicaragua. En todo el mundo, mujeres y adolescentes carecen de suficiente atención e información de la salud sexual y reproductiva. En lugares con leyes sumamente restrictivas (en especial, aquellos con prohibiciones totales, como Nicaragua), las mujeres y niñas ponen en riesgo su vida al someterse a abortos clandestinos inseguros.
En Honduras, donde se registra una de las tasas más altas de violencia sexual y de embarazos adolescentes, el Congreso se negó a reformar su ley sobre aborto. Mantiene la prohibición no solo respecto del aborto, sino también sobre la anticoncepción de emergencia. La Asamblea Nacional de Nicaragua también rechazó, sin someter a debate, una iniciativa ciudadana que reunió más de seis mil firmas para despenalizar el aborto cuando la salud de una mujer embarazada esté en riesgo, incluidos los casos de violación.
Ana es una de las muchas mujeres en Nicaragua que ha enfrentado un riesgo de salud debido a un embarazo no deseado.
Estas normas aumentan la incidencia de los abortos inseguros. Una publicación de la Organización Mundial de la Salud de 2017 cita datos en los que calcula que la tasa promedio de abortos inseguros es “cuatro veces más alta en países con leyes sobre aborto restrictivas que en países con leyes menos restrictivas”.
También indica que existe una correlación entre leyes sobre aborto restrictivas y mayores niveles de mortalidad materna, (223 muertes maternas cada cien mil nacimientos con vida en comparación con 77 muertes maternas cada cien mil nacimientos con vida, en países donde la legislación es menos restrictiva).
Se trata de una crisis de derechos humanos. Negar a una mujer o a una niña embarazada el derecho a tomar una decisión independiente sobre aborto amenaza un amplio espectro de derechos humanos. Las decisiones sobre aborto deben corresponder a la mujer o niña embarazada, sin intromisión del Estado. Para cumplir con las obligaciones de derechos humanos, los Gobiernos deben asegurar el acceso a la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. Nicaragua debería comenzar por derogar su prohibición del aborto, como mínimo, siguiendo los pasos de Chile y despenalizando esta práctica en algunas circunstancias específicas.
Ana fue víctima de un delito y a causa de esto sufrió un embarazo no deseado y con riesgo para su salud. Sin embargo, para la retorcida y cruel ley sobre aborto de Nicaragua, Ana es una delincuente por intentar conseguir un aborto. Este 28 de septiembre, los instamos a ponerse en el lugar de Ana y a luchar por los derechos reproductivos de las mujeres.
