Police in riot gear block a roadway to stop demonstrators from entering a neighborhood as they protest the police shooting of Keith Scott in Charlotte, North Carolina, U.S., September 25, 2016.

© 2016 Reuters

(Washington, DC) – El Congreso debería rechazar un proyecto legislativo que reduciría sustancialmente la posibilidad de que la población de Estados Unidos exija que los policías que cometen abusos respondan por sus actos, señaló hoy Human Rights Watch en una carta a las Comisiones Judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado. El proyecto legislativo también reduciría los incentivos para que las fuerzas de policía eviten cometer violaciones de derechos.

La Ley de Apoyo a las Fuerzas Policiales (Back the Blue Act) de 2017 (SB 1134/HR 2437) fue presentada el 16 de mayo de 2017 por el senador John Cornyn y el representante Ted Poe, ambos de Texas. Propone debilitar sustancialmente las disposiciones de una norma clave sobre protección de derechos, el artículo 1983 del Código Federal (US Code), al limitar la capacidad de las víctimas de violencia policial ilegal e injustificada de obtener resarcimiento por los perjuicios sufridos. Concretamente, el proyecto limitaría la responsabilidad en situaciones en las que la víctima haya tenido algún tipo de participación en un delito grave o “delito con violencia”, incluidos daños a la propiedad privada. La policía ya está exenta de responsabilidad cuando el uso de la fuerza es justificado. Las demandas iniciadas al amparo del artículo 1983 han sido uno de los principales medios para que las personas comunes puedan reclamar que policías y funcionarios gubernamentales respondan por violaciones a sus derechos. También son un importante incentivo para que los departamentos de policía eviten que sus agentes cometan abusos.

“Esta norma no protegería a los policías del peligro”, opinó John Raphling, investigador sénior sobre justicia penal de Human Rights Watch. “En cambio, protege a los departamentos de policía frente a cualquier tipo de rendición de cuentas, y elimina incentivos importantes para que estos departamentos realicen un seguimiento de su propia actuación y mejoren la calidad de sus prácticas policiales”.

Además de limitar el derecho a obtener resarcimiento por violencia policial injustificada, el proyecto clasificaría a todas las agresiones contra policías, incluso las leves, como delitos federales para los cuales se prevén severas penas mínimas obligatorias. Estos mínimos obligatorios impiden que los jueces ejerzan su criterio discrecional para asegurarse de que las condenas sean razonables y proporcionales a la gravedad del ilícito cometido. El proyecto legislativo también ampliaría la pena de muerte federal a casos de muertes policiales, incluso en estados que optan por no aplicar la pena de muerte en el derecho estadual, y a la vez eliminaría ciertas garantías de hábeas corpus y de otro tipo que son indispensables para prevenir condenas y ejecuciones indebidas.

“Con el pretexto de proteger a los agentes, este proyecto legislativo redundaría en que la policía esté menos obligada a rendir cuentas, lo cual no hará más que quebrantar la credibilidad ante las comunidades a las cuales presta servicio”, señaló Raphling. “El congreso debería rechazar este peligroso proyecto”.