(Nueva York) – Los ataques letales contra hospitales y trabajadores de la salud en el contexto de conflictos en todo el mundo siguen sin ser investigados ni castigados, a un año de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas instara a intensificar las acciones en este sentido, señaló hoy Human Rights Watch.
Está previsto que el 25 de mayo de 2017, el Secretario General de la ONU António Guterres informe al Consejo de Seguridad sobre la implementación de la Resolución 2286, que condena los ataques a establecimientos de salud en épocas de guerra e insta a los gobiernos a tomar medidas contra los responsables. Guterres debería comprometerse a alertar al Consejo de Seguridad sobre todos los futuros ataques contra establecimientos de atención de la salud en forma continua, en vez de hacerlo anualmente.
“Los ataques contra hospitales atentan contra los fundamentos del derecho de la guerra, y es improbable que cesen mientras sus responsables puedan seguir impunes”, expresó Bruno Stagno-Ugarte, subdirector ejecutivo de incidencia de Human Rights Watch. “Los ataques contra hospitales son actos particularmente nocivos, pues al destruir un hospital y matar a los trabajadores de la salud que están allí, también se pone en riesgo la vida de quienes necesitarán su atención en el futuro”.
Un informe de Safeguarding Health in Conflict Coalition, una coalición de organizaciones no gubernamentales internacionales, que se publicó en mayo, concluyó que los ataques a establecimientos de salud y trabajadores médicos persistieron durante 2016, y a un ritmo alarmante.
El derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de la guerra, prohíbe los ataques contra establecimientos de salud y trabajadores médicos. A fin de evaluar las medidas de rendición de cuentas emprendidas con respecto a estos ataques, Human Rights Watch analizó 25 ataques de envergadura perpetrados contra establecimientos de salud en 10 países entre 2013 y 2016. En 20 de los incidentes, no había información públicamente disponible que indicara que se hubieran realizado investigaciones. En muchos casos, las autoridades no respondieron al pedido de información sobre el estado de las investigaciones. Las investigaciones sobre los demás cinco casos presentaban graves irregularidades.
En ninguno de los casos se habría procesado penalmente a personas por su rol en estos ataques, de los cuales al menos 16 posiblemente constituyeron crímenes de guerra. En los ataques estuvieron implicadas fuerzas militares o grupos armados de Afganistán, la República Centroafricana, Irak, Israel, Libia, Rusia, Arabia Saudita, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Estados Unidos.
El sistema de la ONU, en el marco de su iniciativa Los Derechos Humanos Primero (Human Rights Up Front), debería recopilar información sobre todos los ataques contra establecimientos de salud, ejercer presión sobre los gobiernos para que investiguen estos hechos exhaustivamente y recomendar vías para la rendición de cuentas.
Los 25 incidentes examinados provocaron la muerte de más de 200 personas, incluidos 41 trabajadores de la salud, y causaron lesiones a 180. Los ataques tuvieron también un impacto significativo en los servicios de salud, pues fue necesario cerrar en forma total o parcial 16 hospitales, al menos momentáneamente.
En los 20 incidentes en los cuales aparentemente no hubo investigaciones, los gobiernos no tuvieron en cuenta señalamientos creíbles sobre los ataques, negaron públicamente cualquier responsabilidad o culparon a otras partes sin haber efectuado ninguna indagación. En varios casos, las autoridades indicaron haber iniciado investigaciones; sin embargo, o no presentaron las conclusiones o en realidad no impulsaron ningún tipo de indagación.
En un ejemplo, ni las fuerzas iraquíes ni las fuerzas de la coalición encabezada por EE. UU. reconocieron un ataque aéreo, ocurrido en octubre de 2016, que impactó sobre el principal centro de salud de una localidad próxima a Mosul, en Irak, y destruyó la mitad de esa clínica y mató a ocho personas, pese a que estas fuerzas habían realizado ataques aéreos cerca de Mosul en esa fecha.
En otro incidente, de febrero de 2016, los dos hospitales más importantes que brindaban servicios a la ciudad de Ma’aret al-Nu’man, en Siria, fueron alcanzados por ataques aéreos. Uno de los hospitales fue destruido y hubo 20 víctimas fatales, incluidos 11 trabajadores de la salud. Sin embargo, Rusia y Siria, las partes que más probablemente hayan sido responsables de ambos ataques, negaron inmediatamente cualquier responsabilidad y afirmaron que los ataques fueron perpetrados por fuerzas de la coalición liderada por EE. UU. Las autoridades estadounidenses negaron este señalamiento. Ninguna de las partes investigó el incidente.
Cinco de los 25 incidentes analizados por Human Rights Watch parecen haber sido objeto de algún tipo de investigación. Sin embargo, Human Rights Watch comprobó que las autoridades a cargo de las investigaciones dejaron sin responder preguntas clave sobre las circunstancias, o no extrajeron conclusiones adecuadas a partir de los hallazgos.
Por ejemplo, un equipo especial de la coalición liderada por Arabia Saudita, que investigó posibles violaciones de sus fuerzas en Yemen, concluyó que un ataque de agosto de 2016 contra un hospital en la ciudad de Abs, en la gobernación de Hajjah, había sido un “error”, pero no determinó si el hecho supuso una violación de las normas de la guerra.
Luego del ataque de octubre de 2015 ejecutado por las fuerzas militares estadounidenses contra un centro de atención de traumatismos en Kunduz, Afganistán, en el cual murieron 42 personas y decenas resultaron heridas, una investigación del Departamento de Defensa de EE. UU. concluyó que el ataque violó el derecho de guerra, pero que no constituyó un crimen de guerra porque el hospital no fue atacado deliberadamente. No obstante, los hallazgos de la investigación estadounidense indicaron que hubo temeridad por parte de las fuerzas de EE. UU., lo cual podría constituir un crimen de guerra.
El Departamento de Defensa aplicó medidas disciplinarias contra 12 militares, y entre otras cosas destituyó a un funcionario, ofreció disculpas públicas por el ataque y efectuó cambios en las políticas para evitar incidentes similares en el futuro.
Algunos de los incidentes ocurrieron en países arrasados por la guerra, donde el sistema de justicia no funciona. En países como la República Centroafricana, Libia y Sudán del Sur, prácticamente no se han realizado investigaciones internas de presuntas violaciones del derecho de guerra.
En algunos casos, hubo comisiones afiliadas a la ONU que investigaron incidentes de ataques a centros de salud, pero lo máximo que pueden hacer es recomendar que se inicien acciones penales en ciertos casos.
En muchos supuestos, la única alternativa de justicia posible depende de mecanismos de justicia internacionales, como la Corte Penal Internacional, o de las leyes de jurisdicción universal de otros países. La CPI ha aceptado dos casos de ataques contra establecimientos de salud.
“El Consejo de Seguridad de la ONU debe hacer mucho más para disuadir los ataques contra hospitales”, opinó Stagno-Ugarte. “El consejo debería reaccionar rápidamente a cada ataque grave contra establecimientos de salud, entre otras cosas, exigiendo que haya investigaciones creíbles y medidas de justicia”.
