A medida que se conocen las cifras de víctimas en Orlando (hasta el momento se han confirmado 49 muertos y 54 heridos), las personas intentan entender este hecho carente de sentido, e identificar en las acciones y las palabras del agresor algún indicio de cuál es el motivo detrás de la masacre. El odio a la comunidad LGBT pareciera haber sido una cuestión clave; sin embargo, y a pesar de los esfuerzos de algunos por atribuir la tragedia ocurrida este fin de semana a un único factor —como el denominado “islam radicalizado”—, es posible que sus motivaciones nunca se esclarezcan. Momentos antes de los ataques, el agresor, Omar Mateen, reivindicó su lealtad al autoproclamado Estado Islámico (conocido también como ISIS), y posteriormente medios vinculados con ISIS se atribuyeron el atentado. Su ex esposa aseveró que la sometía a golpizas mientras estuvieron casados, y un compañero de trabajo informó que había sido acosado y acechado por Mateen.
Sin embargo, hay un dato que sí es claro, y es que el ataque armado en el club nocturno Pulse encaja en un patrón de tiroteos masivos que hoy, tristemente, son comunes en Estados Unidos: se trata del 176.º incidente en el que cuatro o más personas han muerto durante una única agresión armada tan solo este año.
Y los peores ataques armados masivos de los últimos años tienen, como elemento común, el tipo de armas usadas. Desde Aurora hasta Newtown, y de San Bernardino a Orlando, la principal arma mortal ha sido el AR-15, un fusil de origen militar, cuya versión semiautomática es apreciada por su alta precisión y capacidad de efectuar varias rondas de disparos a gran velocidad, y que puede ser adquirida legalmente en EE. UU. Las familias de los niños asesinados en 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut (donde murieron 20 niños y 6 adultos), han demandado a los fabricantes del AR-15, aduciendo que este fusil es un arma militar y no debería ser comercializada a civiles.
Pero además del tipo de armas, hay otro punto de contacto: la inacción legislativa. Más allá de la cantidad de muertos, la edad y la identidad de las víctimas, y las motivaciones y los antecedentes personales del (de los) agresor(es), los legisladores que tienen la facultad de regular el acceso a las armas no han tomado ninguna medida. De hecho, incluso han prohibido al gobierno que financie estudios sobre la violencia con armas, que podrían servir para adoptar políticas efectivas sobre el tema. Dar por hecho que la eventualidad de tiroteos masivos es el precio que se debe pagar para vivir en Estados Unidos, es una traición a todos los que viven en ese país. El gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de proteger a su población de la violencia con armas. Si bien algunos estados están intentando abordar la cuestión de las armas, la multiplicidad de leyes, combinada con vacíos legales, tampoco es una solución eficaz. El gobierno federal debe involucrarse e intentar dar sentido a un suceso que no tiene razón de ser.
Tweet por los derechos humanos:
