(Washington, DC) – El Congreso de Estados Unidos debería adoptar la recomendación formulada por un grupo de expertos para que se deroguen las condenas mínimas obligatorias por delitos vinculados con drogas en el ámbito federal, señaló hoy Human Rights Watch. El Grupo de Trabajo Charles Colson, un órgano creado por el Congreso y encargado de estudiar la situación de sobrepoblación en el sistema penitenciario federal, presentó sus conclusiones al poder legislativo el 1 de febrero de 2016,
En su informe de 132 páginas, el grupo de trabajo instó de manera unánime al Congreso a reservar las prisiones federales para los autores de los delitos más graves, tras concluir que las condenas federales son “a menudo más gravosas de lo necesario” y que las leyes que estipulan condenas mínimas obligatorias eran una de las principales causas de ese desequilibrio. Para ello, recomendó que se eliminaran la gran mayoría de las condenas mínimas obligatorias por delitos vinculados con drogas, previendo una excepción únicamente para los “cabecillas” de organizaciones de narcotráfico que participen sistemáticamente en planes delictivos.
“El Congreso consultó a expertos, y estos coincidieron en que las penas mínimas obligatorias para delitos relacionados con drogas deben ser eliminadas”, manifestó Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Las penas mínimas obligatorias a nivel federal redundan en condenas absolutamente desproporcionadas, y no es posible abordar la sobrepoblación carcelaria sin resolver este tema”.
El grupo de trabajo recomendó que la derogación de los mínimos obligatorios federales opere retroactivamente, y que si el Congreso decide aprobar en el futuro algún tipo de penas mínimas obligatorias, este requisito debería caducar automáticamente luego de cinco años.
Human Rights Watch recomendó la eliminación de todos los mínimos obligatorios para delitos vinculados con drogas hace 16 años en su informe “Punishment and Prejudice: Racial Disparities in the War on Drugs” [Castigo y prejuicio: Disparidades raciales en la guerra contra las drogas]. Los jueces deberían estar en condiciones de basarse en información concreta al definir condenas proporcionadas y efectivas para quienes cometen delitos vinculados con drogas. Los mínimos obligatorios hacen que esto sea imposible. Obligan a los jueces a condenar a quienes delinquen sin considerar adecuadamente sus circunstancias particulares, y esto con frecuencia redunda en la imposición de penas desmesuradas por delitos de gravedad relativamente menor. La aplicación de las leyes federales sobre drogas afecta desproporcionadamente a las minorías raciales, y los mínimos obligatorios agravan de manera significativa el impacto de esa disparidad.
El grupo de expertos, que lleva el nombre de Charles Colson, fundador de la pastoral penitenciaria más importante de EE. UU., también planteó otras recomendaciones relevantes. Recomendó que toda persona que haya cumplido 15 años de cárcel debería poder solicitar a una autoridad judicial que se reconsidere su pena. También propuso que la Agencia Federal de Prisiones (Bureau of Prisons) intensifique sus esfuerzos para promover la participación de las familias, destinando a los reclusos a centros penitenciarios próximos su vivienda y facilitando así las visitas familiares, a fin de incrementar sus posibilidades de reinserción en la comunidad y reducir la reincidencia.
Human Rights Watch, junto a otras 36 organizaciones, promovió la creación del grupo de trabajo en 2013, y pidió al Congreso que analizara el rápido aumento de la población carcelaria en el sistema penitenciario federal. El grupo de trabajo se creó a principios del año siguiente.
El Congreso está analizando la posibilidad de sancionar una ley que modificaría las penas mínimas obligatorias por drogas a nivel federal; sin embargo, los proyectos que tienen mayores probabilidades de prosperar mantienen todos los mínimos obligatorios para los delitos relacionados con drogas, observó Human Rights Watch. La Ley sobre Reforma de Condenas y Asuntos Correccionales (Sentencing Reform and Corrections Act) que está siendo tratada en el Senado amplía la discrecionalidad de los jueces para imponer penas inferiores a los mínimos obligatorios previstos para ciertos delitos por drogas y reduce algunos de los factores de incremento de penas, aunque igualmente mantiene inalterados los mínimos obligatorios.
La Ley sobre Justicia Segura, Responsable, Imparcial y Efectiva (SAFE Justice Act), propuesta por los representantes Jim Sensenbrenner y Bobby Scott, limita el tipo de infractores a quienes podría aplicarse una pena mínima obligatoria en función del rol que tuvieron en el delito en cuestión. La Ley para una Mayor Eficacia en la Imposición de Penas (Smarter Sentencing Act), que actualmente se encuentra paralizada en ambas cámaras, reduciría a la mitad los mínimos obligatorios previstos para muchos delitos vinculados con drogas.
“Las conclusiones del grupo de trabajo Colson —en materia de mínimos obligatorios y en otras áreas— deberían contribuir a renovar el enfoque del Congreso sobre reforma de la justicia penal”, destacó Ginatta. “Las conclusiones marcan el camino para una reforma audaz y genuina, y el Congreso no debería desoírlas”.
