El lunes, el Presidente de Argentina Mauricio Macri cubrió dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (una de ellas existente desde enero de 2015), argumentando que la ausencia del 40 por ciento de su composición dificultaba el desempeño de este tribunal de cinco miembros. La Corte —que en los últimos años ha sido clave para garantizar y proteger derechos fundamentales en el país— adopta decisiones por mayoría de sus miembros, por lo cual sus fallos deben tener la aprobación de al menos tres ministros. Sin estas designaciones, los cargos quedarían vacantes al menos hasta marzo de 2016, cuando concluye el receso del Senado.
Sin embargo, el modo en que se efectuaron los nombramientos ha suscitado una controversia en Argentina. Aunque existe amplio consenso sobre la idoneidad de ambos candidatos —el académico y abogado en ejercicio Carlos Rosenkrantz y el ex ministro de justicia Horacio Rosatti— para ejercer el cargo, las designaciones no han recibido la aprobación del Senado exigida por la Constitución para los nombramientos permanentes en la Corte Suprema. Las designaciones son además provisorias, con lo cual los dos ministros no tendrían la misma inamovilidad que sus pares con cargos permanentes; y no se cumplió con el proceso de selección estipulado en un decreto dictado en 2003 por el entonces Presidente Néstor Kirchner, que requiere la participación de la sociedad civil.
El decreto de Macri que designó a los nuevos ministros invoca un artículo constitucional que habilita al presidente a ocupar “las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado” durante un receso legislativo, e indica que tales nombramientos únicamente resultarán válidos hasta el término del siguiente período de sesiones legislativas, que en este caso será a fines de 2016. Algunos juristas cuestionaron públicamente la legalidad de los nombramientos, ya que no concuerdan con que un cargo en la Corte Suprema pueda considerarse una vacante de “empleo”.
Los ministros asumirían en febrero, y sus nombramientos podrían luego pasar a ser permanentes si finalmente son ratificados por el Senado.
Argentina ha ratificado diversos tratados de derechos humanos —entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos— que le exigen preservar la independencia e imparcialidad del poder judicial. Esto se extiende no solo a la realidad sino también a las percepciones, y por ello es importante que las autoridades gubernamentales eviten medidas que sugieran cualquier intromisión política en el poder judicial.
La normativa argentina ya establece que los nombramientos de ministros de la Corte Suprema deben hacerse por medio de procedimientos transparentes que incluyen la participación del Senado y de la ciudadanía. Sería mucho mejor para el poder judicial que se sigan estos procedimientos, evitando así cualquier duda sobre la legitimidad de la labor de los ministros en la Corte Suprema.
