Manifestantes marchan con banderas y pancartas en Quito, Ecuador, el 12 de agosto de 2015. 

© 2015 Reuters

(Nueva York) – Miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el gobierno en agosto de 2015, señaló hoy Human Rights Watch. Las autoridades no parecen haber hecho esfuerzos genuinos para investigar a los agentes que cometieron abusos. En cambio, el gobierno felicitó a las fuerzas de seguridad por su actuación, descalificó a las protestas como violentas e inició procesos penales en contra de manifestantes no violentos y transeúntes.

En agosto, decenas de miles de ecuatorianos salieron a las calles en al menos diez provincias del país para manifestarse en contra de diferentes temas, incluidas las políticas gubernamentales vinculadas al medioambiente y los intentos de permitir la relección presidencial indefinida. Decenas de testigos reportaron que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, excepto por algunos enfrentamientos aislados entre miembros de las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes que arrojaron piedras y cócteles Molotov. Las autoridades señalan que 116 policías y militares resultaron heridos en enfrentamientos en todo el país.

Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron serios abusos contra manifestantes y el gobierno los felicitó. Esto envía el mensaje de que estos abusos no solo son tolerados, sino también respaldados por el gobierno.

Daniel Wilkinson

Director gerente de la división de las Américas

“Todos los ataques contra policías y militares deben ser investigados”, observó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los ataques de manifestantes o provocadores no pueden ser una excusa para justificar que las fuerzas de seguridad empleen un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y transeúntes”.  

En octubre, Human Rights Watch entrevistó en Ecuador a testigos, víctimas, activistas y abogados; revisó grabaciones de video de entrevistas con otras víctimas y testigos; y consultó informes médicos, imágenes de video y documentos oficiales, incluidos expedientes judiciales.

Human Rights Watch encontró evidencias creíbles de que en al menos 50 casos policías o militares emplearon la fuerza de manera innecesaria e ilegal en contra de personas que no estaban armadas. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas, e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando en las protestas.

Uno de los casos documentados por Human Rights Watch es el de Mario Farid Mosquera Zurita, un comerciante de 26 años, quien, mientras regresaba a pie a su casa por la zona de las manifestaciones en el casco histórico de Quito, intervino para ayudar a una mujer que estaba siendo golpeada por policías. Mosquera indicó a la Fiscalía que los policías le propinaron puñetazos y golpes con toletes, le patearon reiteradamente y lo obligaron a montarse a una motocicleta policial, donde un policía continuó golpeándolo en las costillas. Human Rights Watch revisó un informe médico que documenta sus lesiones. Mosquera fue acusado del delito de “ataque o resistencia” a las autoridades, el cual conlleva una pena de hasta dos años de prisión, y enviado a prisión preventiva.

El 3 de septiembre, un medio oficial informó que 126 personas en total habían sido detenidas en 10 provincias por haber presuntamente cometido delitos durante las manifestaciones, incluidos los delitos de sabotaje, paralización de servicios públicos y ataque o resistencia a la autoridad.

El 15 de agosto, el Presidente Rafael Correa declaró por decreto el estado de excepción en todo el territorio de Ecuador luego de que un volcán entrara en actividad cerca de Quito. El decreto dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que conforme a una ley ecuatoriana solamente pueden participar en operaciones de seguridad pública durante el estado de excepción. La medida autorizó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a utilizar “todos los medios a su alcance” para responder a la emergencia, e indicaba que ciertos derechos, como la inviolabilidad del domicilio y el derecho de reunión, podían ser suspendidos con el alcance que resultara necesario para enfrentar los problemas generados por la actividad volcánica.

El 17 de agosto, policías y militares recurrieron a la fuerza excesiva para dispersar una manifestación mayormente pacífica en contra del gobierno, organizada por miembros de una comunidad indígena en Saraguro, provincia de Loja, a más de 500 kilómetros del volcán Cotopaxi, cerca de Quito. Uno de los detenidos fue Manuel Asunción Poma Poma, un lugareño que afirmó que cuando estaba saliendo de una tienda cerca de donde se estaba produciendo una manifestación miembros de las fuerzas de seguridad lo golpearon con toletes, provocandole la pérdida de cinco dientes y lesiones en la mandíbula. Human Rights Watch revisó un informe médico y fotografías que documentan las lesiones.

“El gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica cerca de Quito para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales”, señaló Wilkinson. “Luego, empleó a soldados y miembros de la Policía Nacional para reprimir una protesta mayormente pacífica a más de 500 kilometros de Quito, golpear y arrestar a miembros de una comunidad indígena y allanar sus casas sin orden judicial”.

El 13 de octubre, Human Rights Watch presentó un pedido de información a la Fiscalía General del Estado, a cargo del Dr. Galo Chiriboga, para obtener datos sobre la investigación de presuntas agresiones en contra de miembros de las fuerzas de seguridad y supuestos abusos perpetrados por integrantes de esas fuerzas. El 27 de octubre, la Fiscalía General proporcionó a Human Rights Watch un cuadro que contiene breves descripciones e indica la situación de 130 causas abiertas en contra de ciudadanos en 10 provincias. La Fiscalía indicó que 28 personas permanecen en prisión preventiva. El cuadro no incluye ninguna información sobre las investigaciones en contra de policías o militares acusados de haber cometido abusos durante las protestas de agosto.

En lugar de llevar ante la justicia a miembros de las fuerzas de seguridad responsables de agresiones ilegales, el gobierno respondió insistentemente que los manifestantes se habían comportado de forma violenta, sugiriendo de este modo que todos los actos de violencia por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad estuvieron justificados. En dos de sus programas de televisión semanales emitidos en agosto, el Presidente Correa mostró videos de enfrentamientos aislados dando la impresión de que los enfrentamientos habían sido generalizados en las manifestaciones, y felicitó a los policías y militares ecuatorianos por el “profesionalismo” de su actuación durante las protestas.

Diversos estándares internacionales de derechos humanos —incluidos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley— requieren que las fuerzas de seguridad ejerzan moderación “en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga” y reduzcan al mínimo los “daños y lesiones”. El derecho internacional exige que los Estados ofrezcan a las víctimas de abusos recursos efectivos, incluido el acceso a la justicia e indemnizaciones.

“Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron serios abusos contra manifestantes y el gobierno los felicitó”, indicó Wilkinson. “Esto envía el mensaje de que estos abusos no solo son tolerados, sino también respaldados por el gobierno”.

 

Las protestas de agosto
Los manifestantes de las marchas de agosto cuestionaban las propuestas del gobierno de Correa de reformar la Constitución para permitir la relección presidencial indefinida y autorizar a las Fuerzas Armadas a participar en operativos de seguridad pública. También criticaban las violaciones de derechos asociadas con proyectos extractivistas y acciones del gobierno que, según los manifestantes, amenzan el acceso por parte de comunidades indígenas a una educación intercultural y bilingüe.

Los relatos de testigos y las grabaciones de video examinadas por Human Rights Watch muestran que las protestas fueron mayormente pacíficas, pero también que hubo algunos enfrentamientos esporádicos entre miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, en los cuales los participantes agredieron a integrantes de las fuerzas con palos, piedras, lanzas y cócteles Molotov. Human Rights Watch recibió versiones contradictorias acerca de si los agresores eran manifestantes o agitadores que se habían infiltrado en las protestas.

La versión oficial
Los medios de noticias oficiales replicaron las acusaciones del Presidente Correa de que las manifestaciones de agosto habían sido “violentas”, e informaron que 116 policías y militares resultaron heridos durante enfrentamientos y que 126 personas fueron detenidas mientras presuntamente cometían delitos como sabotaje, paralización de servicios públicos y ataques o resistencia a la autoridad.

El Ministerio del Interior informó en su sitio web que durante la tarde del 17 de agosto miembros de la comunidad indígena en Saraguro, provincia de Loja, mantuvieron secuestrados a un policía, a un comisario y a una política local. El comisario y la política fueron liberados varias horas después, informó el Ministerio, mientras que el policía habría sido llevado a un edificio donde miembros de una comunidad indígena lo obligaron a arrodillarse, lo amordazaron con un trapo, amenazaron con quemarlo y castrarlo, y lo forzaron a ponerse vestiduras indígenas de mujer. En el cuadro que envió a Human Rights Watch, el gobierno no proporcionó información sobre ninguna investigación ni procesos penales que se hubieran iniciado como consecuencia del incidente denunciado.    

Protestas en Quito
El 13 de agosto, al menos 50.000 personas habrían participado en una manifestación mayormente pacífica en contra del gobierno en el casco histórico de Quito. En grabaciones de video a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch se ven enfrentamientos violentos entre varios manifestantes y miembros de la Policía Nacional, la institución encargada de los operativos de control de manifestaciones públicas en todo el país. Se ve a varios manifestantes arrojando piedras, palos y cócteles molotov a la Policía. También se ve que varios manifestantes toman las barras metálicas instaladas para delimitar la zona donde los participantes podían manifestarse, y las arrojan en dirección a los policías, a fin de que estos se replieguen.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), 35 personas fueron detenidas en Quito ese día. Human Rights Watch entrevistó o examinó grabaciones de video con el testimonio de varios líderes indígenas detenidos, incluido Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari); Salvador Quispe, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe; Katy Betancourt Machoa, dirigente de la mujer y la familia de CONAIE; y Liliana Herrera, hija del presidente de CONAIE.

Todos afirmaron que no habían participado en actos violentos. Betancourt y Herrera dijeron a Human Rights Watch que recibieron golpes con toletes mientras intentaban ayudar a otras personas que estaban sufriendo abusos policiales. Los entrevistados señalaron que los oficiales los llevaron hasta una calle cercana y los obligaron a ellos y a varias otras personas a permanecer allí, rodeados por policías, durante aproximadamente tres horas, al cabo de las cuales los liberaron sin ofrecerles ninguna explicación.

La periodista y académica brasileño-francesa Manuela Picq dijo a Human Rights Watch que fue detenida mientras hablaba por teléfono y se manifestaba pacíficamente junto a Guartambel, su pareja. Un grupo de oficiales se acercó hacia la manifestación, donde Picq se encontraba, y comenzaron a propinarle puntapiés y golpes con puños y toletes, afirmó. Según se ve en un video grabado por un testigo, los agentes parecen aprehender a Picq y golpearla sin motivo aparente. El informe de la detención de Picq indica que fue arrestada por permanencia irregular en el país, pero Human Rights Watch revisó documentos oficiales que indican que contaba con una visa válida, la cual fue cancelada al día siguiente de la detención. Asimismo, Human Rights Watch examinó registros médicos que corroboran sus lesiones.

Picq permaneció en un centro de detención para inmigrantes en situación irregular en Quito hasta el 17 de agosto, cuando una jueza se negó a emitir una orden de deportación. El 21 de agosto, luego de que la jueza le remitiera el caso al Ministerio del Interior (que conforme al derecho ecuatoriano puede revertir las decisiones sobre deportación) y de que otra jueza le denegara una acción de protección para que se le repusiera su visa, Picq se fue del país para evitar mayores procedimientos legales. Picq pidió una nueva visa para regresar a Ecuador, pero le fue denegada, según señaló su abogado a Human Rights Watch.

De las 35 personas detenidas en Quito el 13 de agosto, 22 fueron presentadas ante un juez y acusadas de “ataque o resistencia con violencia o amenazas” a la actuación de funcionarios públicos, incluidos policías, dijo a Human Rights Watch un abogado que trabaja para CONAIE. La ley prevé una pena de hasta dos años de prisión, que podrían ascender a tres cuando la conducta fuera cometida “por muchas personas y a consecuencia de un concierto previo”. 

Entre los detenidos estaba Paul Renato Carrasco Procel, un estudiante de 26 años, que aproximadamente a las 7 p. m. se sumó a los otros manifestantes que intentaban detener a un hombre que golpeaba al caballo de un policía. Un policía lo tomó por detrás, lo arrojó al suelo y le propinó varios puntapiés, le señaló Carrasco a la Fiscalía. Otro policía lo golpeó con un tolete y lo arrastró detrás de una barrera policial, donde fue retenido.

Alrededor de la misma hora, Wilson Rodrigo Loachamin Fernández, un agricultor de 44 años, fue detenido por policías mientras estaba sentado junto a un monumento en la Plaza Santo Domingo, en el casco histórico. Loachamin había participado en la manifestación ese mismo día, y estaba esperando que esta se dispersara para poder regresar a su casa, según le indicó a la Fiscalía. Cuando vio a policías en motocicleta que circulaban en torno al monumento, Loachamin decidió irse del lugar, pero se tropezó y cayó al piso. Los policías le dieron golpes y patadas mientras yacía en el suelo. Lo subieron a una motocicleta, sentado entre dos policías, que continuaron golpeándolo.

La Policía llevó a Carrasco y a Loachamin, junto con Mosquera (el comerciante que fue golpeado cuando intercedió para ayudar a otra víctima de una golpiza policial), al Ministerio del Interior y luego a un hospital, según informaron a la Fiscalía. Los informes médicos oficiales, de fecha 14 de agosto, indican que los tres hombres presentaban lesiones “recientes”.

En la noche del 14 de agosto, los tres hombres fueron presentados ante un juez, quien dispuso su prisión preventiva. En declaraciones prestadas por policías a la Fiscalía General del Estado, que forman parte del expediente judicial y fueron consultadas por Human Rights Watch, se describen incidentes violentos en la zona donde se detuvo a los tres hombres, pero no se identifica por nombre a ninguno de los detenidos. Cuatro de las declaraciones policiales —que se indica que habrían sido efectuadas ante el mismo fiscal el 14 de agosto entre las 4:40 y las 4:49 a.m.— son copias textuales unas de otras, y contienen incluso los mismos errores de tipeo. 

Protestas en Saraguro
Durante la mañana del 17 de agosto, policías y militares recurrieron a un uso excesivo de la fuerza para dispersar una manifestación mayormente pacífica en contra del gobierno organizada por miembros de una comunidad indígena en Saraguro, provincia de Loja. Estos incidentes comenzaron horas antes del supuesto secuestro de un policía denunciado por el Ministerio del Interior.

Varios videos grabados por lugareños —y entregados a Human Rights Watch por Adriana Camacho Echeverri, una investigadora independiente que visitó el lugar días después del incidente— muestran a un contingente numeroso de las fuerzas de seguridad que avanzan a pie hacia un grupo de manifestantes que estaban cortando pacíficamente una calle principal. Se ve cuando los oficiales arrojan cartuchos de gas lacrimógeno a los manifestantes para dispersarlos, y luego persiguen a aquellos que escapan del lugar. Otras imágenes muestran cartuchos de gases lacrimógenos que impactan en viviendas cercanas —en un caso, el cartucho cae sobre un techo— y a agentes que ingresan a una con el propósito de para detener a una persona. 

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), una organización de derechos humanos, indicó que miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a viviendas de la zona sin orden judicial ni pruebas de que se hubieran cometido delitos, y arrojaron gases lacrimógenos dentro de casas donde había niños. Los agentes de las fuerzas de seguridad golpearon con toletes a personas en sus viviendas y detuvieron ilegalmente a algunas de ellas, indicó la CEDHU en un amicus curiae presentado para pedir la liberación inmediata de los detenidos en Saraguro el 17 de agosto.  

Human Rights Watch consultó grabaciones de video o documentos escritos en los que más de 45 víctimas y residentes le describen los hechos a Echeverri y otra investigadora que colabora con la CONAIE y que visitó Saraguro en agosto. Los relatos coinciden con la versión de la CEDHU. Los nombres de algunas de las víctimas no son revelados a fin de proteger sus identidades.

En un caso, Manuel Asunción Poma Poma, de 47 años, dijo que cerca de 10 policías lo detuvieron mientras salía de una tienda cerca de donde policías habían intentado dispersar una manifestación, y que lo golpearon con sus toletes y lo obligaron a subirse a una patrulla policial. Los policías le informaron a Poma que estaba detenido y luego lo dejaron en un hospital, porque estaba sangrando profusamente.

En un informe médico del 8 de septiembre se indica que Poma presentaba un “golpe contundente” en el maxilar inferior, que le había provocado la pérdida de cinco piezas dentales y parte de la mandíbula. El odontólogo que lo atendió dijo durante una entrevista grabada con una investigadora que el golpe debió haber sido “sumamente fuerte” para provocarle una lesión tan importante, y mostró una radiografía de la boca de la víctima, que muestra que le faltaban dientes.  

Gabriel Antonio Paqui Andrade, de 25 años, afirmó que recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en un ojo cuando salió de su vivienda para defender a un grupo de mujeres que estaban siendo atacadas por policías. En una de las entrevistas grabadas, un testigo que presenció el incidente señaló que miembros de las fuerzas de seguridad disparaban cartuchos de gas lacrimógeno directamente hacia las personas desde una distancia de aproximadamente 20 metros. Human Rights Watch examinó fotografías de la lesión sufrida por Paqui en el ojo. En un informe médico del Ministerio de Salud Pública del 24 de agosto, se confirma el diagnóstico de “trauma contuso” en el ojo izquierdo de Paqui, debido a lo cual permaneció hospitalizado durante varios días.

Rosa (pseudónimo), de 75 años, dijo a los investigadores que estaba en su vivienda cocinando cuando el gas lacrimógeno comenzó a ingresar a las habitaciones. Varios policías irrumpieron en la vivienda, le propinaron puntapiés, la sujetaron de los brazos y la golpearon en el estómago con un bastón, según afirmó. Otros arrojaron a su nieto al barro que había fuera de la vivienda y le tiraron a su esposo del cabello y luego lo empujaron contra un espejo, que se rompió con el impacto.

Juan (pseudónimo), de 15 años, se encontraba cocinando cuando, según señalan él y su padre, militares abrieron la puerta con una patada y lo arrastraron al exterior. Lo retuvieron toda la noche, y luego lo liberaron.

María (pseudónimo) informó que un oficial gritó “¡Cojan a esa india!” instantes antes de que fuera aprehendida por policías y militares, que la golpearon con una piedra.

En los días después de la protesta en Saraguro el 17 de agosto, 38 personas fueron llevadas ante un juez y acusadas de “paralización de servicios públicos”, según fue informado por la Fiscalía General del Estado.    

Durante una audiencia que tuvo lugar el 22 de agosto para determinar la legalidad de la detención de 27 de los 38 detenidos, la mayoría de estas personas afirmaron haber sido detenidas arbitrariamente mientras estaban dentro de una vivienda o intentaban defender a otros que estaban sufriendo agresiones físicas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, según consta en un resumen extraoficial de las declaraciones prestadas al juez, que fue proporcionado a Human Rights Watch. El resumen indica no solo que la mayoría de los detenidos recibieron golpes de puños y toletes, sino que además varias mujeres detenidas fueron amenazadas con ser víctimas de violación sexual. Sin embargo, un tribunal rechazó un hábeas corpus para que se liberara a los detenidos de Saraguro. 

Una de las mujeres arrestadas declaró en una entrevista grabada que intentó parar a policías que estaban golpeando a una mujer embarazada, pero que los agentes la empujaron con sus escudos y le advirtieron que si no se retiraba le ocurriría lo mismo. Dos policías la sujetaron fuertemente de los brazos, dejándole marcas, y luego la detuvieron. Los policías habían gritado “¡Cállense indias!”, y “¡Cógelas de las trenzas!”, según dijo la mujer.

La mayoría de las personas detenidas en Saraguro siguen procesadas, incluidas cuatro que se encuentran en prisión preventiva, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Otros señalamientos de abusos
Human Rights Watch recibió versiones creíbles que señalan que miembros de las fuerzas de seguridad apelaron a un uso ilegítimo de la fuerza o detuvieron arbitrariamente a personas también en otros lugares; por ejemplo, los siguientes casos:

  • La ambientalista y activista de derechos indígenas Margoth Escobar, de 61 años, afirmó que fue detenida el 13 de agosto en Puyo, provincia de Pastaza, mientras estaba parada en una calle al concluir una protesta. Escobar declaró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 19 de octubre que los agentes le dieron golpes y puntapiés y amenazaron con rociarle gas lacrimógeno en la boca mientras ella estaba “reclamando la protección de sus derechos”. Human Rights Watch tuvo acceso a una fotografía donde se ven contusiones en su cuerpo. Escobar dijo que se le imputó el delito de “ataque y resistencia” a las autoridades y permaneció en prisión preventiva hasta el 21 de agosto, cuando fue liberada con la condición de que compareciera periódicamente ante la justicia.
  • Margarita Sánchez de Atacama, de 26 años, señaló en una conferencia de prensa que, al salir de su vivienda en Otavalo el 20 de agosto, advirtió que una calle principal había sido cortada por agentes de seguridad y, mientras observaba a los agentes que se dispersaban, uno de ellos se le acercó y, sin decirle nada, le disparó con algún tipo de arma desde una distancia de dos metros. Sánchez recibió impactos en las piernas y la mano izquierda, que llevaba vendada durante la conferencia de prensa.
  • Luis Hernán Pallasco Vega perdió un ojo —según informó CONAIE— al ser alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno cuando las fuerzas de seguridad estaban dispersando una manifestación el 15 de agosto en El Chasqui, Cotopaxi.
  • Ocho personas fueron detenidas por militares el 18 de agosto en Loreto, provincia de Orellana, y acusadas de “sabotaje” por haber presuntamente obstruido la extracción de petróleo por la compañía estatal Petroamazonas. Una organización local, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Orellana, aportó información sobre el caso. Si bien se había producido una manifestación cerca de la planta de Petroamazonas, ninguna persona fue arrestada allí, y los ocho detenidos no habían estado participando en la protesta, según afirmaron a un abogado que los entrevistó mientras se encontraban detenidos.

En agosto, una coalición de organizaciones ecuatorianas informó que durante las protestas fueron detenidas 142 personas, otras 77 sufrieron abusos y varios domicilios fueron allanados ilegalmente. Los autores del informe indicaron a Human Rights Watch que sus hallazgos se basaban en lo informado por víctimas o testigos, registros médicos y fotografías, incluidas algunas que se publicaron con el informe. El informe contiene transcripciones de varios testimonios de presuntas víctimas de golpizas y detenciones arbitrarias, algunas de las cuales podrían ser los mismos casos que documentó Human Rights Watch. El informe utiliza iniciales para identificar a algunas de las víctimas. Si bien Human Rights Watch no ha podido corroborar todos los señalamientos, el sistema judicial ecuatoriano debería investigar seriamente todas las denuncias creíbles de abusos mencionadas en el informe.

Rendición de cuentas
Ecuador tiene la obligación conforme al derecho internacional de llevar a cabo investigaciones efectivas de los señalamientos de abusos. La Constitución de Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal facultan a los fiscales a iniciar investigaciones penales cuando existan evidencias de que se cometió un delito, incluso si la víctima no ha realizado una denuncia.

Luego de que, el 13 de octubre, Human Rights Watch hiciera una solicitud de información a la Fiscalía General para conocer la situación de las investigaciones sobre los ataques perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y contra ellos, el 14 de octubre el Fiscal General envió por correo electrónico a Human Rights Watch una copia de un libro sobre protestas sociales en Ecuador, preparado por la Fiscalía General, que no contiene información sobre las manifestaciones de agosto de 2015.

El 27 de octubre, la Fiscalía General del Estado proporcionó a Human Rights Watch un cuadro que contiene descripciones breves e indica la situación de 130 causas abiertas contra manifestantes. En la gran mayoría de las causas, se acusaba a los manifestantes de agredir a la Policía con palos y piedras, supuestamente sobre la base de informes policiales, imágenes de video que registraron enfrentamientos violentos con policías e informes médicos de las lesiones sufridas por los agentes. La Fiscalía General no proporcionó a Human Rights Watch copias de las pruebas que afirma tener en su poder.

Si bien es adecuado iniciar procesos penales contra manifestantes que cometieron delitos, respetando plenamente sus derechos al debido proceso y a un juicio justo, el cuadro no incluye ninguna información sobre las investigaciones en contra de policías o militares acusados de haber cometido abusos durante las protestas de agosto.