El estado brasileño de Pernambuco ha entregado el control de sus abarrotadas prisiones a reclusos designados discrecionalmente como “llaveros”, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El sistema penitenciario de Pernambuco alberga a un número de internos tres veces superior a su capacidad oficial, en condiciones peligrosas, insalubres y que no cumplen estándares regionales e internacionales.
El informe de 31 páginas, “The State Let Evil Take Over’: The Prison Crisis in the Brazilian State of Pernambuco” (El estado permitió que reinara el mal: La crisis penitenciaria en el estado brasileño de Pernambuco), documenta cómo las autoridades penitenciarias han cedido el control de los centros de detención a “llaveros” que venden drogas y espacios para dormir a otros detenidos y utilizan “milicias” violentas para hacer valer su autoridad, según señalaron ex detenidos, familiares y dos funcionarios públicos entrevistados por Human Rights Watch.
“En las cárceles de Brasil existe un grave problema de hacinamiento y Pernambuco presenta los niveles más alarmantes”, expresó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “El estado ha metido a decenas de miles de personas en pabellones destinados a un tercio de esa cantidad, y ha entregado las llaves a internos que usan la violencia y la intimidación para manejar las prisiones como si fueran su propio feudo”.
Human Rights Watch visitó cuatro cárceles en Pernambuco en 2015 y entrevistó a 40 presos y ex presos, así como a familiares, autoridades carcelarias, jueces, fiscales, defensores de oficio y policías.
Las cárceles de Brasil alojan a más de 607.000 personas, pese a tener capacidad para cerca de 377.000. En Pernambuco, la falta de espacio es incluso más grave, ya que el estado tiene más de 32.000 internos en establecimientos con capacidad para 10.500, de acuerdo con datos oficiales. El 59 por ciento de los detenidos están a la espera de un juicio y permanecen recluidos junto a presos que ya han sido condenados, lo cual viola el derecho internacional y la ley brasileña.
Durante una de nuestras visitas, Human Rights Watch vio una celda que contenía seis camas de cemento para 60 hombres y donde ni siquiera había espacio suficiente para que todos pudieran tumbarse en el suelo. Las deficientes condiciones de salubridad y ventilación, además del hacinamiento y la falta de atención médica adecuada, favorecen la propagación de enfermedades. En las cárceles de Pernambuco la prevalencia de casos de tuberculosis es casi 100 veces superior que entre la población en general.
Las cárceles de ese estado carecen de suficiente personal, pues la proporción de guardias penitenciarios es de menos de uno por cada treinta presos, la más baja de todo Brasil, según datos del Ministerio de Justicia. En una cárcel donde hay 2.300 internos —un centro “semiabierto” donde se permite que algunos internos salgan para trabajar— hay apenas cuatro guardias por turno.
La sobrepoblación extrema y la falta de personal suficiente impiden que las autoridades penitenciarias puedan ejercer un control adecuado dentro de las prisiones. En vez de ello, delegan su autoridad a un único interno en cada pabellón, los cuales son zonas cerradas dentro de los muros de la prisión que en general contienen múltiples bloques de celdas y albergan a más de 100 presos. Los internos designados reciben las llaves del pabellón.
Estos “llaveros” venden drogas, obtienen pagos extorsivos de otros internos y les venden espacios donde dormir. Utilizan “milicias” para amenazar y propinar golpizas a quienes no pagan sus deudas. Varias personas, incluido el director de una prisión, aseveraron a Human Rights Watch que los funcionarios penitenciarios hacen la vista gorda o bien participan en las actividades ilícitas de estos llaveros y reciben sobornos.
La sobrepoblación extrema también expone a los internos al riesgo de sufrir violencia sexual. Dos detenidos entrevistados afirmaron haber sido víctimas de violación grupal. Ambos denunciaron las agresiones a guardias penitenciarios, pero estos hicieron caso omiso de lo sucedido, afirmaron las víctimas.
Las autoridades brasileñas tienen pleno conocimiento de los abusos en Curado, el complejo penitenciario más grande de Pernambuco. En 2011, una coalición de organizaciones no gubernamentales —la Pastoral Carcelaria (Pastoral Carcerária), Justicia Global (Justiça Global), Servicio Ecuménico de Militancia en Prisiones (Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard— iniciaron un proceso en el sistema interamericano de derechos humanos. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que Brasil debía garantizar la seguridad de los detenidos, el personal carcelario y las personas que visitan Curado. En una audiencia mantenida en Costa Rica el 28 de septiembre de 2015, la coalición pidió a la Corte que dictara una nueva resolución para exigir al estado que proteja a lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y otros detenidos vulnerables, y que las autoridades federales investiguen casos de violencia y corrupción, entre otras medidas.
Un factor clave que contribuye a que exista sobrepoblación en las prisiones ha sido la falta de audiencias de prisión preventiva. En estas audiencias, que son exigidas por el derecho internacional, el detenido es llevado prontamente luego de ser aprehendido ante un juez, que debe determinar la legalidad de la detención y si el detenido debe seguir preso. Sin embargo, hasta hace poco no se realizaban ni en Pernambuco ni en la mayoría de los demás estados de Brasil. Además de pronunciarse acerca de si el detenido debe permanecer bajo custodia o ser liberado hasta la fecha del juicio, las audiencias permiten a los jueces examinar a los detenidos y advertir indicios de brutalidad policial. Sin esas audiencias, los detenidos pueden permanecer muchos meses en prisiones hacinadas a la espera de comparecer ante un juez por primera vez. Durante ese lapso puede desaparecer cualquier evidencia de abuso policial.
El 14 de agosto Pernambuco comenzó a realizar audiencias de prisión preventiva para personas detenidas mientras supuestamente cometían un delito en Recife, la capital del estado.
Un informe de Human Rights Watch que analizó un programa similar en el estado de Maranhão concluyó que estas audiencias ayudaban a evitar el encarcelamiento arbitrario e ilegal de manera preventiva de sospechosos de crímenes no violentos hasta el momento del juicio.
Pernambuco debería implementar audiencias de prisión preventiva tan pronto como sea posible en todo el estado, afirmó Human Rights Watch. A su vez, el Congreso de Brasil debería aprobar un proyecto legislativo que está siendo analizado por los legisladores y que establecería la obligatoriedad de estas audiencias en todo el país.
Pernambuco también debe adoptar medidas urgentes para resolver las condiciones inhumanas y de hacinamiento extremo en sus prisiones, poner fin a la práctica de delegar el control de las prisiones a los llaveros y abordar las severas dilaciones del proceso judicial que vulneran los derechos de detenidos y generan sobrepoblación en el sistema carcelario.
“Al cumplir con su obligación de evitar que las personas sean encarceladas arbitrariamente, Pernambuco podrá al mismo tiempo reducir el hacinamiento, que provoca condiciones insalubres, degradantes e inseguras en sus prisiones”, opinó Canineu.
