Cada noche, a las 8 p.m., se apagan las luces en la celda de 2 por 2 metros donde se encuentra detenido el líder opositor venezolano Leopoldo López, en la prisión militar Ramo Verde en las afueras de Caracas. López es la única persona detenida en el edificio donde está su celda, y es necesario atravesar al menos seis rejas cerradas bajo llave para llegar hasta donde él está. Este aislamiento, por sí solo, supone un mayor riesgo de que sufra abusos u otros maltratos. Además, todas estas rejas cerradas pueden dificultar que los guardias lleguen oportunamente hasta donde está López en caso de emergencia, o pueden ser una buena excusa para justificar que no llegaron a tiempo ante una emergencia provocada intencionalmente.
El 10 de septiembre, López fue condenado a casi 14 años de cárcel tras un juicio en el cual se cometieron graves violaciones del debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito. Durante su prisión preventiva, los guardias penitenciarios realizaron requisas violentas en su celda llevándose hasta dibujos de sus hijos, y le aplicaron castigos injustificados que le impidieron recibir visitas familiares por varios meses. La justicia no concedió ninguno de los recursos que planteó López por violaciones del debido proceso durante el juicio, ni por los abusos sufridos en prisión.
En un país donde las instituciones judiciales carecen de la más elemental independencia para proteger a aquellos cuyos derechos fundamentales son avasallados por el Gobierno, ¿quién podrá proteger a López?
Diversos observadores internacionales de los sistemas de derechos humanos interamericano y de las Naciones Unidas, al igual que organizaciones como Human Rights Watch, han criticado insistentemente la detención y la condena arbitrarias de López. Más recientemente, en septiembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación inmediata de López, y sostuvo que su juicio se llevó a cabo “a puerta cerrada [y estuvo] marcado por graves irregularidades”.
Pero estos reclamos no han sido oídos. La reacción del gobierno venezolano ha consistido en defender lo indefendible, destacando la labor de los tribunales y el ministerio público venezolanos como si se tratara de un modelo a seguir.
Esta defensa es vergonzosa y no pasa el más mínimo escrutinio de decencia. El poder judicial venezolano ha dejado de actuar como un poder independiente de gobierno desde que, en 2004, el entonces Presidente Hugo Chávez y sus partidarios realizaron un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes. En cambio, han expresado en forma pública y reiterada su compromiso con “profundizar el socialismo bolivariano”. A su vez, la mayoría de los jueces venezolanos no gozan de estabilidad en el cargo y podrían ser destituidos sumariamente por medio de mecanismos que no respetan garantías básicas de debido proceso, permitiendo su destitución arbitraria cuando el gobierno no concuerde con sus decisiones.
Sin embargo, fue recién tras la condena de López que algunos gobiernos latinoamericanos, como Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú, exhortaron a Venezuela —con mayor o menor claridad— a respetar sus derechos básicos de debido proceso. Anteriormente, autoridades colombianas y estadounidenses, así como los ex jefes de Estado de varios países, habían manifestado su preocupación ante los abusos en Venezuela, incluyendo el caso de López.
La semana pasada, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contestó una carta enviada por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela Elías Jaua, y reivindicó su derecho a reunirse con la oposición venezolana. Almagro señaló que “la Democracia es el gobierno de las mayorías”, pero también debe “garantizar los derechos de las minorías”.
A pesar de estas reacciones, lamentablemente, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han guardado silencio. Mientras América Latina, y en particular Brasil —por el peso regional que ejerce—, no expresen con claridad su preocupación por la concentración de poder y la violación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela, y por la sentencia y las condiciones de detención de López, Maduro seguirá actuando como si tuviera vía libre para hacer lo que le plazca. En el caso de López, esto acarrea gravísimos riesgos.
José Miguel Vivanco es Director para las Américas de Human Rights Watch
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El Tiempo
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