(Nueva York) – El gobierno sirio ha llevado a cabo cientos de nuevos ataques indiscriminados durante el último año con municiones lanzadas desde el aire, incluidas armas improvisadas como bombas de barril. Los ataques han tenido consecuencias devastadoras entre la población civil, con miles de personas muertas y heridas.
Human Rights Watch documentó los ataques en la gobernación de Alepo, en el norte de Siria, y en la gobernación de Daraa, en el sur del país, a partir de testimonios de testigos, análisis de imágenes satelitales y evidencias de video y fotográficas. Si bien el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó los ataques en una resolución adoptada un año atrás, no ha respondido de manera directa a la nueva ronda de ataques.
“Durante un año, el Consejo de Seguridad no ha actuado para detener la campaña homicida de bombardeos aéreos impulsada por Bashar al-Assad en zonas controladas por rebeldes, que han sumido en el terror a la población civil, con numerosas víctimas fatales y desplazamientos”, observó Nadim Houry, subdirector para Medio Oriente y África Septentrional. “En el marco de las conversaciones para un posible cese momentáneo de los ataques en Alepo, el interrogante es si Rusia y China permitirán finalmente que el Consejo de Seguridad de la ONU aplique sanciones para detener el uso de bombas de barril”.
En una entrevista mantenida con la BBC el 10 de febrero de 2015, el presidente Assad aseveró que sus fuerzas no estaban utilizando bombas de barril, a pesar del cúmulo de evidencias que sugieren lo contrario.
El Consejo de Seguridad deberá reunirse el 26 de febrero para su próxima ronda de informes sobre la Resolución 2139 acordada el 22 de febrero de 2014, que exigió que todas las partes del conflicto en Siria pusieran fin al uso indiscriminado de bombas de barril y otras armas en zonas pobladas. También grupos armados no estatales han perpetrado ataques indiscriminados, incluso con coches bomba y explosivos en zonas controladas por el gobierno. El Consejo de Seguridad debería aplicar un embargo de armas al gobierno y a los grupos rebeldes implicados en ataques generalizados o sistemáticos, declaró Human Rights Watch.
Al examinar imágenes de satélite, Human Rights Watch identificó al menos 450 sitios diferenciables que sufrieron daños de magnitud en 10 localidades y aldeas bajo control de grupos rebeldes en Daraa, y más de 1.000 en Alepo, entre el 22 de febrero 2014 y el 25 de enero de 2015. Las características de los daños en las zonas de impacto coinciden sustancialmente con los que provocaría la detonación de municiones de gran tamaño arrojadas desde el aire, incluidas bombas de barril improvisadas y convencionales lanzadas desde helicópteros. También es posible que en algunos casos los daños sean el resultado de proyectiles, misiles o explosivos aire-combustible.
Human Rights Watch examinó además decenas de videos subidos a YouTube sobre zonas altamente afectadas, así como grabaciones de video donde se ven helicópteros Mi-17 sirios que arrojan bombas de barril improvisadas y bombas convencionales en zonas pobladas de Alepo, la ciudad de Daraa y la localidad de Dael, en la gobernación de Daraa. Tras lograr coincidir estructuras que se ven en los videos con imágenes satelitales y modelos 3D, Human Rights Watch determinó el lugar, la hora aproximada del día y la fecha de los ataques.
En octubre de 2014, Human Rights Watch entrevistó a 20 residentes de la gobernación de Daraa que presenciaron ataques con bombas de barril o resultaron heridos en estos, y a seis médicos que atendieron en Jordania a personas que sufrieron lesiones durante los ataques en Daraa. Las entrevistas aportaron nueva información sobre el impacto que tuvieron tales ataques en residentes de Daraa.
Uno de los médicos que atendió a ciudadanos sirios oriundos de Daraa en un hospital en Ammán dijo a Human Rights Watch a fines de 2014 que dos tercios de las víctimas que reciben son mujeres y niños, y que la mayoría presenta heridas provocadas por fragmentos de armas explosivas. Un médico en otro hospital de Ammán que recibe a sirios con heridas de guerra dijo que durante ese mismo período, el 50 ó 60 por ciento de los heridos que acudieron al hospital para recibir tratamiento fueron mujeres y niños, y que las lesiones en su mayoría eran resultado de haber sido alcanzados por fragmentos de armas explosivas.
Los ataques perpetrados por el gobierno han tenido como consecuencia miles de civiles muertos y heridos en territorios ocupados por rebeldes. El Centro de Documentación de Abusos (Violations Documentation Center, VDC), una organización local que realiza un seguimiento de casos de abuso, ha documentado 609 muertes de civiles, incluidos 203 niños y 117 mujeres en Daraa, que fueron resultado de ataques aéreos ocurridos entre el 22 de febrero de 2014 y el 19 de febrero de 2015. Durante ese mismo período, han documentado 2.576 muertes de civiles en la gobernación de Alepo provocadas por ataques aéreos, que incluyen 636 niños y 317 mujeres. Si bien las ofensivas aéreas no son únicamente con bombas de barril, residentes de territorios bajo control rebelde en Daraa y Alepo dijeron a Human Rights Watch que estas armas se utilizan en la mayoría de los ataques desde el aire.
En un informe difundido el 22 de febrero, la Red Siria por los Derechos Humanos informó que 6.163 civiles, incluidos 1.892 niños y 1.720 mujeres, han muerto en ataques con bombas de barril concretados por el gobierno desde la aprobación de la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad debería aplicar un embargo de armas al gobierno de Siria y a todos aquellos grupos rebeldes que estén implicados en violaciones generalizadas o sistemáticas de derechos humanos. Un embargo de esta naturaleza limitaría la capacidad del gobierno sirio de lanzar ataques aéreos en violación del derecho internacional, lo que incluye prohibir que se suministren a Siria nuevos helicópteros o prestar apoyo externo para su mantenimiento. El Consejo de Seguridad debería además imponer una prohibición de viajes e inmovilizar los activos de todas las personas sobre las cuales haya indicios creíbles de que estén implicadas en graves abusos, y remitir la situación a la Corte Penal Internacional, expresó Human Rights Watch.
Conforme al derecho internacional, aportar armas a fuerzas o grupos armados en Siria que posiblemente sean usadas para cometer crímenes de lesa humanidad podría considerarse asistencia para la comisión de tales delitos. Cualquier proveedor de armas podría resultar penalmente responsable como colaborador de tales delitos y ser procesado, aseveró Human Rights Watch.
“Un año después, corresponde a quienes protegen a Assad en el Consejo de Seguridad detener la matanza de civiles sirios por su gobierno”, destacó Houry. “Otros países, incluidas potencias occidentales y emergentes, deberían intensificar la presión sobre Rusia y China para que desistan de bloquear la acción internacional que podría poner fin a los delitos letales perpetrados por el gobierno sirio”.
