Campamento de refugiados saharauis ubicado cerca de la provincia de Tinduf en Argelia. Tinduf

© 2007 Alfredo Caliz / Panos

(Rabat) – Durante 2014 hubo pocas mejoras tangibles en materia de derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental, tanto a nivel legal como en la práctica, dijo hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2015.

En el Informe Mundial 2015 de 656 páginas, su 25ª revisión anual de las prácticas de los derechos humanos en todo el mundo, Human Rights Watch resume las cuestiones más destacadas en más de 90 países. En su ensayo de introducción, el Director Ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth insta a los gobiernos a reconocer que los derechos humanos ofrecen una guía moral efectiva en tiempos turbulentos, y que precisamente, las violaciones de derechos humanos pueden desencadenar o empeorar los problemas de seguridad. Los beneficios a corto plazo de socavar valores básicos  como la libertad y la no discriminación casi nunca valen, a largo plazo, el precio que, inevitablemente, se debe pagar.

En 2014 se habló mucho de las reformas legales pero rara vez fueron promulgadas, a pesar del impulso que supuso la Constitución favorable a los derechos adoptada en 2011. Los tribunales encarcelaron a manifestantes y disidentes basándose en leyes represivas de la libertad de expresión y juicios injustos. A partir de julio de 2014, las autoridades prohibieron decenas de reuniones pacíficas privadas y públicas organizadas por diversas asociaciones marroquíes de derechos humanos, revirtiendo una tolerancia de muchos años de este tipo de reuniones. Las autoridades también denegaron el reconocimiento legal a grupos de derechos humanos tanto nuevos como establecidos. En el Sáhara Occidental, la policía prohibió todas las reuniones públicas consideradas hostiles al control de Marruecos sobre ese territorio disputado.

“Tres años después de que los marroquíes adoptaran una nueva y valerosa constitución, siguen esperando las reformas legales y de otro tipo necesarias para ponerla en práctica”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África del Norte. “Las reformas llevan tiempo, pero también requieren de voluntad política, y eso es algo que ha faltado”.

En un avance positivo, Marruecos comenzó a implementar nuevas políticas de inmigración, concediendo permisos de residencia a migrantes reconocidas por la Agencia para los Refugiados de la ONU (ACNUR) y a otros inmigrantes que cumplían estrictos criterios.

Un proyecto de ley presentado en 2006 para regular el trabajo doméstico, que otras leyes laborales no protegen, aún no ha sido adoptado. Los artículos del código penal y del código de la prensa que contemplan penas de prisión para el discurso pacífico están todavía vigentes y se siguen aplicando. El rapero Othmane Atiq pasó tres meses en la cárcel por “insultar a la policía” en sus canciones, entre otros cargos. La activista Wafae Charaf recibió una pena de prisión de dos años por presentar una denuncia de tortura que el tribunal consideró falsa y calumniosa.

Otro avance positivo fue la enmienda al código de justicia militar que pondría fin a la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles, la enmienda fue publicada este mes y pronto entrará en vigor. Mientras tanto, al menos dos civiles continúan siendo juzgados, además otros civiles han sido sentenciados por tribunales militares en los últimos años, incluidos 22 saharauis condenados por el caso de los campamentos de protesta “Gdeim Izik” de 2013, están cumpliendo largas penas de prisión.

El poder judicial de Marruecos está todavía a la espera de la revisión instada por el rey Mohammed en un discurso de 2009. Los tribunales condenan a los acusados tras juicios injustos, basándose en declaraciones elaboradas por la policía mientras los reclamos de los demandados, de que la policía extrae confesiones por la fuerza o incluso las falsifica, no son investigados.

Excepto en el Sáhara Occidental, las autoridades fueron tolerantes con las frecuentes manifestaciones, incluidas las de disidentes, aunque las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente algunas de ellas. Mientras que los medios de comunicación rara vez ofrecieron puntos de vista críticos con las posiciones oficiales, los medios digitales pudieron presentar una gama más amplia de puntos de vista.

Marruecos cooperó con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, acogiendo visitas del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en diciembre de 2013 y la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, en mayo de 2014. En noviembre, Marruecos se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT, por sus siglas en inglés), que, de aplicarse, reforzaría las salvaguardias contra la tortura. Y los legisladores cerraron un vacío legal en el código penal que permitió que algunos violadores eludieran ser enjuiciados cuando se casaban con su víctima.