El 23 de agosto del 2008, Víctor Gómez salió de su casa en las afueras de Bogotá y le informó a su familia que le habían ofrecido empleo en otra región del país. Este joven de 23 años apenas mantenía a su niña pequeña con los magros ingresos que percibía en un empleo de tiempo parcial como portero. Dos días después, Gómez se hallaba muerto, con una bala en la frente, en la morgue de un municipio remoto, donde el Ejército había informado que se trataba de un combatiente enemigo muerto en un enfrentamiento.
Gómez fue tan solo uno de los posibles miles de civiles que fueron ejecutados por militares colombianos entre el 2002 y el 2008.Fiscales de la justicia penal ordinaria están investigando más de 3.000 casos, muchos vinculados con hombres jóvenes que fueron engañados con falsas promesas de empleo para trasladarse a pueblos lejanos, y una vez allí fueron ejecutados por miembros del Ejército. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que mostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el conflicto contra las guerrillas, informaban que las víctimas eran insurgentes o delincuentes muertos en combate. Entre las víctimas escogidas con este fin se incluían personas sin hogar, campesinos, menores de edad y personas con discapacidad mental. Estos casos se conocen en Colombia como ‘falsos positivos’.
Ahora, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se encuentra próximo a lograr la aprobación de una serie de leyes que amenazan con impedir que haya justicia para estas víctimas, al transferir los casos de militares acusados de estas muertes de la justicia ordinaria al sistema de justicia penal militar. Los proyectos legislativos, incluyendo uno que podría ser aprobado en las próximas semanas, parecen orientados a complacer a altos mandos militares, que se han mostrado renuentes a apoyar las negociaciones de paz que el presidente Santos mantiene actualmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Las investigaciones penales contra soldados rasos por ‘falsos positivos’ han logrado avances importantes. Sin embargo, la gran mayoría de los casos no han sido esclarecidos, y apenas unos pocos militares de rango superior han sido condenados. Este es un tema que inquieta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, quien sigue de cerca las investigaciones en Colombia. Su oficina se ha referido a las ejecuciones como crímenes aparentemente “sistemáticos” y provocados por una política adoptada al menos al nivel de algunas brigadas (las cuales son comandadas por generales y coroneles).
Si bien es cierto que las investigaciones de los fiscales en la justicia penal ordinaria avanzan lentamente, al menos ofrecen la posibilidad de resolver los miles de casos no esclarecidos y llevar ante la justicia a los altos mandos militares con mayor responsabilidad por los ‘falsos positivos’. El fuero militar colombiano se caracteriza por no investigar con independencia y seriedad las violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y oficiales. Por ello, al ampliar la jurisdicción de los tribunales militares a delitos que, como estos, constituyen violaciones de derechos humanos, la legislación propuesta por el gobierno de Santos prácticamente eliminaría la posibilidad de que muchos de los autores y altos oficiales detrás de estos asesinatos respondan ante la justicia.
Las ejecuciones se intensificaron entre el 2006 y el 2008, período durante el cual Santos se desempeñó como ministro de Defensa de Álvaro Uribe, cuyo gobierno de línea dura estuvo asociado con numerosos escándalos de derechos humanos. Cabe reconocer que Santos actuó con firmeza para que se destituyera a tres generales del Ejército, luego de que los medios colombianos destaparon la historia de los ‘falsos positivos’, a fines del 2008. Como ministro de Defensa, también adoptó importantes medidas para asegurar que los casos quedaran bajo la jurisdicción penal ordinaria, no militar. Y como presidente se ha comprometido en reiteradas oportunidades a asegurar justicia por estos asesinatos. No obstante, al mismo tiempo, su Ministro de Defensa promueve activamente la adopción de varios proyectos legislativos que, sin duda, implicarían una garantía de impunidad, al remitir los casos a tribunales militares.
El gobierno de Santos ha invocado diversos argumentos sin mayor sustento jurídico para justificar la nueva legislación. Sin embargo, el verdadero motivo de los proyectos de ley parecería ser que la justicia finalmente se está acercando a oficiales de alto rango del Ejército por los ‘falsos positivos’ y ellos presionan al presidente Santos para que esto no avance. El factor de presión de la plana mayor de las Fuerzas Armadas contra el presidente Santos es su proceso de paz con las Farc y la posibilidad de que dicho proceso cuente o no con su respaldo.
El presidente Santos debería retirar su apoyo a los proyectos de ampliación de la jurisdicción militar, incluida una propuesta de reforma constitucional que planteó recientemente su Ministro de Defensa. Esta decisión podría implicar que sea más difícil mantener el precario apoyo de las Fuerzas Armadas al proceso de paz. No obstante, si su gobierno sanciona las leyes, Santos se expone a pasar a la historia como quien era ministro de Defensa cuando se incrementaron los casos de ‘falsos positivos’, y presidente cuando estos fueron encubiertos. Si bien no hay evidencias que impliquen a Santos en relación con estas ejecuciones, permitir que queden impunes empañaría para siempre su legado, con independencia de cuáles sean los logros que consiga en el proceso de paz.
Como el aliado más importante de Colombia y una fuente significativa de asistencia a sus Fuerzas Armadas, el gobierno de Obama debería utilizar su considerable influencia para exhortar al presidente Santos a que desista de estos proyectos legislativos. Estados Unidos tiene, además, una responsabilidad especial de asegurar que se haga justicia por los ‘falsos positivos’: en el período en que militares colombianos perpetraban estas ejecuciones, Estados Unidos prestó apoyo incondicional a las Fuerzas Armadas mediante inteligencia, intervención encubierta de la CIA y miles de millones de dólares de asistencia.
Más allá de los legados del presidente Santos y de Estados Unidos en Colombia, lo fundamental es que los derechos de miles de familiares de víctimas están en riesgo. “Ya seis años largos y no ha habido justicia”, nos contó recientemente Carmenza Gómez, la madre de Víctor.
“Queremos que haya justicia para todas las víctimas –dijo–. Fueron engañados con una mentira y no merecían morir así. El hecho de ser pobre no quiere decir que no tenían derecho a vivir.”
JOSÉ MIGUEL VIVANCO Y MAX SCHOENING
Director e investigador de Human Rights Watch
Buenaventura (Valle).
* Este artículo fue publicado en el diario ‘The New York Times’.
