(Nueva York) – La adopción el 11 de junio de 2014 de un nuevo tratado emblemático por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significará un adelanto en la lucha para prevenir el trabajo forzoso y brindar protección y resarcimiento a las cerca de 21 millones de víctimas que se estima que habría a nivel mundial, señaló hoy Human Rights Watch. Gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores que integran la OIT votaron por mayoría abrumadora a favor de adoptar el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 que incorpora actualizaciones al tratado elaborado en 1930 que, si bien en su momento fue ampliamente ratificado, hoy ha quedado obsoleto, y procura así abordar de manera más efectiva las formas contemporáneas de abuso, incluidos abusos cometidos contra migrantes y en el sector privado.
Entre las víctimas del trabajo forzoso se incluyen aquellas que han sido objeto de trata o se encuentran en condiciones similares a esclavitud, en ámbitos como agricultura, trabajo doméstico, manufactura y la industria del sexo. Numerosas víctimas trabajan extensas jornadas en condiciones riesgosas a cambio de una remuneración ínfima o nula, sufren violencia psicológica, física o sexual, y no tienen libertad para salir debido a confinamiento, servidumbre por deudas, amenazas de represalias u otros factores.
“El hecho de que millones de personas continúen atrapadas en condiciones de explotación que niegan su dignidad humana constituye un vergonzoso estigma para la sociedad moderna”, aseveró Nisha Varia, investigadora sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los gobiernos deberían ratificar e implementar este tratado con prontitud para detener los abusos, ayudar a identificar y proteger incluso a las víctimas más encubiertas, y castigar a los responsables”.
La OIT estima que el 55 por ciento de las víctimas son mujeres, el 45 por ciento son hombres y el 26 por ciento de todas las víctimas son menores. Estos abusos a menudo se mantienen alejados de la mirada pública. Según cálculos de la OIT, quienes se benefician con el trabajo forzado perciben ganancias ilícitas que ascienden a US$ 150.000 millones. Los países también pierden miles de millones de dólares en impuestos y aportes al sistema de seguridad social.
Las medidas de prevención contempladas en el nuevo Protocolo relativo al Trabajo Forzoso incluyen crear planes de acción nacionales, extender las leyes laborales a sectores expuestos a riesgo de trabajo forzado, mejorar las inspecciones laborales y proteger a trabajadores migrantes de prácticas de contratación abusivas. El nuevo tratado también exige a los gobiernos respaldar las medidas de debida diligencia adoptadas por las empresas, a fin de que puedan prevenir el trabajo forzoso en sus operaciones y actuar en caso de que se manifieste. La OIT estima que el 90 por ciento del trabajo forzoso se desarrolla en la economía privada.
El tratado exige a los gobiernos adoptar medidas para identificar, liberar y asistir a víctimas de trabajo forzoso, además de protegerlas de eventuales represalias.
El artículo 4 del tratado obliga asimismo a los gobiernos a asegurar que todas las víctimas, con independencia de su condición legal o el carácter de su presencia en un país, tengan acceso a medidas de justicia y recursos, incluido el resarcimiento, en el país donde se produjeron los abusos. Actualmente, los migrantes que no están en situación regular o han regresado a su país de origen enfrentan obstáculos significativos para interponer denuncias ante las autoridades, impulsar causas en la justicia o incluso percibir el pago de salarios adeudados, debido a políticas inmigratorias restrictivas.
El artículo 4 también exige a los gobiernos asegurar que ejerzan la discrecionalidad necesaria para no juzgar a víctimas de trabajo forzoso por actividades ilícitas —como por ejemplo delitos inmigratorios, trabajo sexual, delitos vinculados con drogas o delitos violentos— que se hayan visto obligadas a llevar a cabo como consecuencia directa de su situación de trabajo forzado.
“Lamentablemente, muy a menudo las víctimas de trabajo forzoso son tratadas como delincuentes en vez de personas que tienen derecho a recibir asistencia”, observó Varia. “Intensificar los esfuerzos para identificar a víctimas de trabajo forzoso en procedimientos de inmigración y penales, a fin de que puedan recibir asistencia adecuada e impedir que sean doblemente victimizadas, representa un adelanto clave”.
El Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo fue adoptado en 1930 y ha sido ratificado por 177 países. La definición de trabajo forzoso que ofrece el tratado y la exigencia de tipificar penalmente esta práctica han quedado integradas en las normativas nacionales e internacionales de los países. Sin embargo, otras disposiciones que versaban sobre el trabajo forzoso en colonias en el extranjero, estaban desactualizadas. El nuevo protocolo moderniza el Convenio 29, al eliminar estas disposiciones del tratado original.
Los gobiernos deberán ratificar el nuevo protocolo para quedar jurídicamente vinculados por sus disposiciones. Los miembros de la OIT también negociaron una recomendación que prevé el asesoramente legal no vinculante a los gobiernos. Las principales recomendaciones incluyen recopilar datos confiables, combatir el trabajo infantil, ofrecer garantías básicas de seguridad social, eliminar el cobro de comisiones por contratación a los trabajadores y cooperar internacionalmente para abordar el uso del trabajo forzado por diplomáticos.
Entre las recomendaciones adicionales se contempla un período de reflexión y recuperación para que las víctimas migrantes puedan permanecer momentáneamente en el país implicado antes de que se decidan las medidas de protección o las acciones legales. La recomendación aclara que se podrá atribuir responsabilidad a personas jurídicas por trabajo forzoso, y que estas deberían ser objeto de sanciones como la confiscación de la renta obtenida mediante trabajo forzoso u otros activos.
Representantes de Human Rights Watch participaron en las negociaciones y señalaron que se perdieron oportunidades para fortalecer garantías esenciales. Entre los ejemplos se incluyen disposiciones para que los gobiernos “apoyen” a las empresas, en vez de “exigirles” que adopten las medidas necesarias en materia de trabajo forzoso, incluso en sus cadenas de suministro. Las recomendaciones preliminares que proponían que los gobiernos crearan fondos de indemnización para víctimas y brindaran asistencia sobre la base del consentimiento informado de la víctima no consiguieron apoyo suficiente para ser incluidas en el texto definitivo. El protocolo y la recomendación hacen alusión reiteradamente a la indemnización de las víctimas, pero como una modalidad posible resarcimiento, en vez de una exigencia.
“El resultado general de estas negociaciones es la adopción de un tratado sólido que debería ser promovido por los gobiernos”, expresó Varia. “El trabajo forzoso involucra algunos de los abusos más graves de la actualidad, y los gobiernos deberían actuar con suma urgencia para erradicar este fenómeno y apoyar a las víctimas”.
De los 472 votos emitidos por gobiernos, trabajadores y empleadores, 437 delegados votaron a favor del convenio, 8 votaron en contra y 27 se abstuvieron.
Durante la última década, Human Rights Watch publicó 49 informes sobre trabajo forzoso. Estos informes analizaron abusos como obligar a niños a mendigar; la explotación de trabajadores del hogar, la construcción, la agricultura y la minería; el trabajo forzado en cárceles y centros de detención destinados a drogodependientes; y el servicio militar por tiempo indefinido.
