El Rey Juan Carlos está de visita en Kuwait y Bahrein esta semana, después de viajar a Qatar y Abu Dhabi hace dos semanas, como parte de una gira por la región del Golfo que, durante los dos próximos meses, lo llevará también a Omán y Arabia Saudita. Participa en el viaje una comitiva integrada por los ministros de asuntos exteriores, transporte, defensa y energía, así como directivos de algunas de las empresas más grandes de España. Aspiran a impulsar las relaciones comerciales con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en un momento en que España intenta sobrellevar un desempleo prácticamente sin precedentes del 26 por ciento.
Los países del CCG ofrecen atractivas oportunidades a grandes empresas ávidas de contratos y posibilidades de expansión, especialmente en el sector de la construcción, y que incluyen desde los preparativos para el Mundial de 2022 en Qatar hasta la Expo Dubai 2020. Sin embargo, a medida que las empresas españolas se lanzan a la caza de estas oportunidades comerciales, deberían tener presente que el abuso de trabajadores de la construcción es un fenómeno generalizado en los países del CCG y asumir entonces el firme compromiso de que se respetarán sus derechos.
Medios de comunicación internacionales han criticado recientemente las condiciones inhumanas que permiten la explotación —y en algunos casos, la muerte— de trabajadores migrantes en Qatar. Como resultado del desembolso de cientos de millones de dólares para convertirse en sede del evento futbolístico más importante del mundo, Qatar ha comenzado a prestar atención al riesgo para la reputación que implica que cientos de miles de trabajadores migrantes vivan y trabajen en condiciones inaceptables. Su vecino, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha sido cuestionado por abusos ocurridos en la isla Saadiyat, un núcleo cultural que alberga a universidades y museos de la talla del Guggenheim.
Numerosas empresas constructoras y de ingeniería diseñan y construyen edificios e infraestructura para estos proyectos, mientras que revistas de negocios y arquitectura elogian la velocidad, eficiencia e innovación del sector de la construcción en el Golfo. Sin embargo, la contracara de esta historia son los campos de trabajo donde se alojan los trabajadores de Asia Meridional cuya mano de obra hace que todo esto sea posible.
Diversas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han puesto en evidencia las deplorables condiciones de vida y laborales de estos trabajadores migrantes mal remunerados. En los países del Golfo, numerosos migrantes son obligados a trabajar mediante un sistema abusivo de patrocinio, que los vincula necesariamente con un único empleador durante la totalidad de su estadía. Es habitual que los empleadores retengan los pasaportes de los trabajadores, y que estos contraigan cuantiosas deudas con quienes les consiguieron esos empleos en su país de origen, lo cual dificulta aún más la posibilidad de irse.
Para los trabajadores que sufren abusos dentro de este sistema, el acceso a recursos legales y judiciales es extremadamente limitado, y los empleadores prácticamente nunca son juzgados por incumplir las normas laborales. Debido a ello, es común que los trabajadores se desempeñen en condiciones laborales riesgosas, y a veces letales, durante extensas jornadas y sin percibir su salario, y que sean obligados a vivir hacinados en sitios que no reúnen condiciones básicas de higiene.
Si bien los gobiernos de la región son los principales responsables de que no se reformen las leyes y prácticas abusivas, o de que no se cumplan las leyes que prevén garantías laborales, las empresas también tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores y generar un lugar de trabajo seguro para sus empleados. Estas responsabilidades fueron reconocidas por las Naciones Unidas al aprobar los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
En la industria de la construcción, las empresas pueden, por ejemplo, asegurarse de que tanto ellas como sus compañías relacionadas paguen los salarios a sus trabajadores en forma oportuna y total, establezcan políticas sobre jornada laboral máxima y remuneración de horas extras, y ofrezcan alojamiento en condiciones dignas.
Numerosas compañías internacionales en distintos sectores, desde la extracción de petróleo hasta las industrias textil y electrónica, han comprendido que tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y han adoptado políticas y procedimientos para garantizarlos.
En los Emiratos Árabes Unidos, las entidades gubernamentales detrás del publicitado proyecto de la Isla Saadiyat finalmente expresaron su compromiso de mejorar y respetar los estándares de derechos humanos. Y en Qatar, la Fundación Qatar, una entidad de índole cuasi gubernamental, y los organizadores del Mundial 2022 han formulado estándares laborales exhaustivos para todos los proyectos bajo su supervisión.
La efectividad de estos códigos aún deberá ser demostrada, pero resulta claro que las empresas que participan en el sector de la construcción en el Golfo están en condiciones de garantizar estándares de derechos humanos para los trabajadores que intervengan en sus proyectos, incluidos empleados de contratistas y subcontratistas. Las empresas que cumplen con rigurosas normas en sus países de origen, donde existen leyes y prácticas, en materia laboral, bien establecidas, no deberían desentenderse totalmente de estas normas tan pronto ingresan a Riad o Dubai. Deberían en cambio trasladar estos estándares consigo y ayudar a los países receptores a fijar metas ambiciosas, como aquellas a las que aspiran cuando auspician eventos internacionales y reciben a estrellas de Hollywood.
Brindar protecciones y garantías mínimas a los trabajadores migrantes que participan en sus proyectos en el Golfo también resguardaría a estas compañías, incluidas las españolas, de un eventual deterioro de su reputación y otros riesgos legales.
Los Directores Ejecutivos que se trasladan con el Rey de España deberían actuar como embajadores de los más elevados estándares profesionales y éticos cuando realizan negocios en el exterior. Cumplir y promover una conducta ejemplar ayudará a las empresas españolas a convertirse en valiosos socios comerciales que respetan la dignidad de sus trabajadores.
