El rápido ritmo de las obras para la construcción de un nuevo complejo de viviendas en una de las circunvalaciones de la ciudad de Chiang Mai depende de la disponibilidad inmediata de mano de obra barata de trabajadores de la etnia shan provenientes de Birmania.

© 2007 John Hulme

(Berlín) – El 1 de mayo de 2014, los gobiernos deberían celebrar el Día del Trabajo con el compromiso de adoptar norma jurídicamente vinculantes para prevenir el trabajo forzado, y proteger y resarcir a las víctimas, señaló hoy Human Rights Watch. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 20,9 millones de mujeres, hombres y niños en todo el mundo están en situación de trabajo forzado.

El Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, uno de los tratados más importantes en materia de derecho laboral internacional, fue adoptado en 1930 y ha sido ratificado por 177 países. Sin embargo, muchas de sus disposiciones están desactualizadas. Gobiernos, sindicatos y asociaciones de empleadores se reunirán en junio en Ginebra para negociar normas complementarias que aborden de manera más adecuada las modalidades contemporáneas de abuso. Human Rights Watch manifestó que los nuevos estándares deberían ser jurídicamente vinculantes.

“Millones de personas en todo el mundo continúan atrapadas en condiciones aberrantes de explotación a través del trabajo forzado, una situación que causa profunda consternación”, observó Nisha Varia, investigadora sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los miembros de la OIT deberían exigir enérgicamente que los gobiernos adopten estándares rigurosos y efectivos, y estrategias modernas para su implementación”.

La definición de trabajo forzado que ofrece el tratado y la exigencia de tipificar este delito penalmente se han incorporado a la normativa de los países e internacional. Sin embargo, la mayoría de las demás disposiciones versan sobre el trabajo forzado en colonias en el extranjero, por lo que ya no resultan relevantes o no están vigentes. Los patrones de trabajo forzado se han modificado. La OIT estima que el 90 por ciento del trabajo forzado se produce ahora en la economía privada, en contextos como hogares, empresas locales, delincuencia organizada y cadenas de suministro multinacionales.

La actualización de los estándares globales sobre trabajo forzado complementaría las acciones de lucha contra la trata de personas, dado que ambos fenómenos tienen numerosos puntos de contacto. Sin embargo, en muchos países las medidas contra la trata de personas han estado orientadas a la trata con fines de explotación sexual, y prácticamente no se han ocupado de identificar y proteger a víctimas de explotación laboral. De las más de 18 millones de personas que se encuentran en condiciones de trabajo forzado en la economía privada, la OIT estima que 4,5 millones son víctimas de explotación sexual, y 14,2 millones sufren explotación laboral.

Los miembros de la OIT votarán para determinar si estos nuevos estándares complementarios deberían conformar un protocolo vinculante que los países pudieran ratificar, o una recomendación no vinculante. Según surge de sus indicaciones preliminares, la postura de los gobiernos estaría dividida. Entre los países a favor de adoptar estándares jurídicamente vinculantes se incluyen Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, México, Rusia y Sudáfrica. Algunos de los gobiernos que prefieren una recomendación sin carácter vinculante son Argentina, Australia, Chile, Filipinas, India, Indonesia, Noruega, los Países Bajos, Qatar y Suecia.

“Formular un compromiso sobre medidas básicas de prevención y protección destinadas a eliminar el trabajo forzado no debería ser optativo”, aseveró Varia. “Resulta alarmante que pese al compromiso público expresado por numerosos gobiernos de combatir el trabajo forzado, se muestren renuentes a avalar garantías rigurosas que podrían detener estos gravísimos abusos”.

Durante la última década, Human Rights Watch publicó 49 informes sobre trabajo forzado. Estos informes analizaron abusos como obligar a niños a mendigar, la explotación de trabajadores del hogar, la construcción, la agricultura y la minería; el trabajo forzado en cárceles y centros de detención destinados a  drogodependientes; y el servicio militar por tiempo indefinido. Numerosas víctimas trabajan extensas jornadas en condiciones riesgosas a cambio de una remuneración ínfima o nula, sufren abusos físicos o sexuales, y no tienen libertad para salir debido a confinamiento, servidumbre por deudas, amenazas de represalias u otros factores.

Estos abusos en general se mantienen alejados de la mirada pública y tienen un alto costo económico para las víctimas y la sociedad. La OIT estima que la remuneración no percibida por las personas en situación de trabajo forzado asciende a US$ 21.000 millones cada año, y que quienes se benefician con el trabajo forzado perciben ganancias ilegales por US$ 44.000 millones. Los países también pierden miles de millones de dólares en impuestos y aportes al sistema de seguridad social.

En un informe reciente, Human Rights Watch describió el caso de Andrea N., una trabajadora del hogar originaria de Filipinas que se trasladó a Londres junto con su empleador, un diplomático de un país del Golfo Pérsico, y la familia de este. Andrea N. cuidaba a los hijos de la familia y realizaba tareas de cocina y limpieza siete días a la semana, sin ningún día de descanso. Comenzaba su jornada a las 6 a.m. y trabajaba todas las noches hasta las 10 u 11 p.m. “Antes de venir aquí, el contrato decía que mi salario sería de £ 1.000 [por mes], pero me pagaban £ 200”, dijo a Human Rights Watch. “Me mantenían encerrada en la casa en Londres y, cuando salíamos, a veces no me daban alimentos”.

Selección de testimonios extraídos de informes de Human Rights Watch sobre trabajo forzado:
En Senegal, al menos 50.000 niños que asisten a escuelas coránicas con régimen de internado se encuentran en condiciones de trabajo forzado. Son obligados a mendigar y a conseguir cuotas mínimas diarias de comida y dinero que deben entregar a sus maestros. Ibrahima T., un joven de 13 años, dijo a Human Rights Watch: “Cada vez que no lograba conseguir la cuota mínima para las 10 a.m., uno de los talibés [maestros asistentes] me llevaba a una sala y me encadenaba los tobillos. Luego me golpeaba con un cable eléctrico o bandas de goma, tantas veces que perdía la cuenta... Aplicaban el mismo castigo si llegaba tarde. Si regresaba después de las 10 a.m., incluso tras haber conseguido la cuota diaria, me encadenaban hasta la noche y me golpeaban”.

En Vietnam, centros de detención de drogodependientes gestionados por el gobierno, que tienen la misión de “brindar tratamiento” y “rehabilitar” a personas que consumen drogas, son en realidad poco más que campos de trabajo forzado, donde las personas allí internadas trabajan seis días por semana procesando anacardos, cosiendo prendas o fabricando otros artículos. Vu Ban tenía menos de 30 años cuando ingresó al Centro N.° 2 (en la provincia de Lam Dong) para permanecer detenido cinco años. Dijo a Human Rights Watch: “Debía procesar como mínimo 30 kilos [de anacardos] por día, y tenía que trabajar hasta terminar. Si te negabas a trabajar eras enviado a la sala de castigos, y luego de un mes [allí] aceptabas trabajar nuevamente”.

En Qatar, Raju S., un trabajador de 20 años de Nepal, dijo que un reclutador de empleo le prometió un trabajo en una oficina por el cual percibiría un salario de 1.200 riyales (US$ 329) por mes. Contó que pagó a esta persona una comisión de 130.000 rupias nepalíes (US$ 1.781). Al llegar, su empleador hizo en cambio que trabajara en la construcción y le pagaba 600 riyales (US$ 165) por mes. Cuando intentó negarse a las condiciones, su empleador le exigió 1.000 riyales más (US$ 275) para rescindir el contrato. Raju S. dijo que debió quedarse para pagar las deudas que había contraído.