(Moscú) – Rusia no debería imponer regulaciones injustificadas a la libertad de expresión y privacidad en Internet, señaló hoy Human Rights Watch. Una nueva ley prohibitiva requiere que los blogueros rusos que cuentan con numerosos seguidores se registren ante las autoridades y cumplan con las mismas normas que los medios de comunicación de masas.
El 22 de abril de 2014, la Duma Estatal de Rusia aprobó enmiendas a la legislación contra el terrorismo, en la que se incluyó una nueva ley sobre “los usuarios de Internet llamados blogueros”. La ley requiere que los blogueros con más de 3.000 visitantes diarios en línea se registren ante el Roskomnadzor, el organismo estatal encargado de supervisar los medios de comunicación. Una vez registrados, los blogueros tienen las mismas limitaciones y obligaciones legales que los medios de comunicación de masas, incluyendo la verificación de la exactitud de la información, la indicación de una edad mínima de lectura para los usuarios, la protección de información relativa a la vida privada de las personas y el cumplimiento de las restricciones a la propaganda en favor de candidatos electorales. Los blogueros también pueden ser considerados responsables por cualquier comentario publicado por terceros en su sitio web o página de redes sociales.
“Esta ley exige que los blogueros se atengan a las mismas restricciones que los medios de comunicación de masas, sin concederles las mismas protecciones y privilegios”, dijo Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Este es otro hito en la implacable represión de Rusia contra la libertad de expresión”.
De acuerdo con la nueva ley, los blogueros registrados en la categoría de “3.000 visitantes” también tienen que proporcionar su apellido real, iniciales y datos de contacto en sus sitios o páginas web. Si no lo hacen, el Roskomnadzor podría pedir a los proveedores o administradores de sitios de interés que proporcionen los nombres e información de contacto a las autoridades. Bajo la nueva ley, si los blogueros no se registran ante el Roskomnadzor o no proporcionan su información de contacto afrontan las siguientes multas administrativas: entre 10.000 y 30.000 rublos (US$280-US$840) para las personas físicas y hasta 300.000 rublos (US$8.400) para las entidades jurídicas. Si se cometen repetidas violaciones, las multas aumentan –hasta 50.000 rublos para los individuos (US$1.400) y hasta 500.000 rublos (US$14.000) para las entidades jurídicas – o la suspensión administrativa del sitio hasta por un mes.
El término “bloguero” se define de manera imprecisa y puede incluir a cualquiera que publique en un microblog (como Twitter) o en las redes sociales, lo que podría someter a muchos usuarios populares de medios sociales a la ley. Además, los servicios de blogueo y las redes sociales estarían obligados a almacenar la actividad de los usuarios durante seis meses, aumentando las preocupaciones de privacidad ya que eso facilitaría a las autoridades identificar a los usuarios de Internet.
“Hoy en día, Internet es la última isla de libertad de expresión en Rusia y estas severas regulaciones están claramente dirigidas a someter todo bajo control del gobierno”, señaló Williamson. “Exigir a los blogueros que publiquen su información de contacto y hacerlos responsables de los comentarios de otros usuarios sin duda enfriará la libre expresión en toda la vibrante blogosfera rusa”.
El Defensor del Pueblo y el Consejo Presidencial de Derechos Humanos de Rusia criticaron la ley por considerarla incompatible con la libertad de expresión y porque podría usarse de manera selectiva y punitiva. Mikhail Fedotov, presidente del consejo, envió una petición a la cámara alta del Parlamento, instándola a no aprobar la ley, que está programada para entrar en vigor el 1 de agosto, a menos que la cámara superior o el presidente la bloqueen.
Antes de la adopción de normas para regular la actividad de los blogueros, las autoridades bloquearon tres importantes portales de Internet independientes basándose en otra ley, que entró en vigor en febrero y autoriza a la fiscalía a bloquear el acceso a sitios web sin orden judicial si presuntamente contienen contenido “extremista”, convocan disturbios en masa o instan a la participación en reuniones públicas no autorizadas. El acceso a Grani.Ru, Kasparov.Ru y EJ.Ru lleva bloqueado para los usuarios rusos casi dos meses. En marzo, Lenta.Ru, un notorio medio en línea conocido por su cobertura objetiva de la actualidad, fue prácticamente desmantelado debido al despido de su redactor jefe y director ejecutivo y la resultante renuncia de la totalidad de su equipo de periodistas.
También ha salido a la luz pública información nueva acerca de la presión sobre un prominente sitio de contactos profesionales. El 21 de abril, Pavel Durov, fundador y presidente ejecutivo de VKontakte, la red social más popular en lengua rusa, anunció que había perdido su trabajo y se había marchado de Rusia, citando su negativa a cumplir con las demandas de las autoridades de bloquear a comunidades y usuarios controvertidos.
VKontakte cuenta con cerca de 250 millones de usuarios de toda la antigua Unión Soviética, con un 66 por ciento de ellos asentados en Rusia. Activistas de países post- soviéticos, entre ellos Rusia y Ucrania, recurrieron en su día a la red social para organizar manifestaciones y otros eventos. El 17 de abril, varios días antes de su renuncia forzosa, Durov escribió en su blog VKontakte que en diciembre de 2013 había recibido una orden del Servicio Federal de Seguridad de Rusia exigiendo los datos personales de los organizadores de 39 grupos en VKontakte presuntamente vinculados al movimiento Euromaidan de Ucrania.
En marzo, la oficina general del fiscal ordenó a VKontakte que cerrara el grupo del activista anticorrupción Alexei Navalny, amenazando con bloquear toda la red si no cooperaba.
“[ ... ] Ni yo ni mi equipo participaremos en la censura política. No bloquearemos a la comunidad anticorrupción de Navalny ni cientos de otras comunidades, tal como nos ha sido ordenado. La libertad de información es un derecho inalienable en una sociedad post-industrial y sin este derecho, la existencia de VKontakte carece de sentido”, escribió Durov en su blog.
Después de haber anunciado su posterior despido, Durov dijo a la prensa que lo veía como un resultado directo de su negativa a ceder y declaró en una entrevista a TechCrunch que “no hay vuelta atrás” para él y que no tiene la intención de regresar a Rusia debido a que “el país es en este momento incompatible con los negocios de Internet”.
“Las declaraciones de Durov proporcionan una visión escalofriante del intento de Rusia de sofocar la independencia de las redes sociales”, dijo Williamson.
Dunja Mijatovic, la Representante sobre Libertad de Medios de Comunicación de la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), deploró las nuevas restricciones a los blogueros e instó al presidente Vladimir Putin a vetar la ley, diciendo: “De aplicarse, estas enmiendas propuestas frenarían la libertad de expresión y la libertad de los medios sociales, además de inhibir seriamente el derecho de los ciudadanos a recibir y difundir libremente información alternativa y a expresar opiniones críticas”.
Los nuevos requisitos también contradicen las recomendaciones formuladas por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue. En su informe de mayo de 2011 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, La Rue escribió que los requisitos de registro y concesión de licencias “no puede justificarse en el caso de Internet”. En 2013, hizo un llamado a los Estados a abstenerse de exigir a los usuarios de Internet que se registren con sus nombres reales y de exigir a los proveedores de servicios en línea que conserven datos personales, para que “las personas [puedan] expresarse libremente sin temor a represalias o censura”.
Rusia debe poner fin a sus intentos de suprimir la libertad de expresión en línea, eliminar las restricciones propuestas a los blogueros y dejar de presionar a las redes sociales y los sitios web independientes, señaló Human Rights Watch.
