(Bruselas) – Las autoridades de España y Marruecos deberían ratificar los procedimientos para proteger los derechos de migrantes y rechazar las expulsiones sumarias en la frontera, señaló hoy Human Rights Watch.
Se prevé que España utilizará la reunión sobre temas migratorios que mantendrá el 26 de marzo con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de migrantes en situación irregular desde los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.
“Devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”.
La reunión programada para el 26 de marzo en Tánger analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a los migrantes. Las medidas españolas destinadas a reforzar las fronteras con Marruecos, incluida el uso de concertinas en el perímetro de los enclaves y el uso de armas antidisturbios, han acaparado la atención luego de que 15 migrantes se ahogaran mientras intentaban llegar a nado a Ceuta a comienzos de febrero. Y un informe divulgado por Human Rights Watch en febrero describió detalladamente el severo trato impartido por Marruecos a migrantes cerca de sus fronteras con los enclaves.
Human Rights Watch, otras organizaciones no gubernamentales y el instituto independiente de derechos humanos de España han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas desde los enclaves españoles. Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación.
Las autoridades españolas han negado reiteradamente que sus fuerzas de control de fronteras lleven a cabo expulsiones sumarias, pero declaraciones recientes de funcionarios en Madrid sugieren que actualmente se pretende legalizar esta práctica a través de un convenio expreso con Marruecos dentro del marco de su acuerdo bilateral de readmisión. El acuerdo, que si bien se suscribió en 1992 comenzó a aplicarse recién en 2012, prevé formalidades mínimas para facilitar el retorno de ciudadanos de terceros países. Atentar contra las garantías, de por sí endebles, de derechos humanos como contempla el acuerdo constituiría un paso en la dirección equivocada, observó Human Rights Watch.
El ministro de interior de España, Jorge Fernández Díaz, ha indicado que aspira a modificar la ley de inmigración española para permitir expulsiones sumarias desde los enclaves. Ha llegado incluso a sostener que no se debería considerar que los migrantes ingresaron a territorio español hasta tanto hayan cruzado la “línea policial”.
“El argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”, señaló Sunderland. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”.
El derecho internacional y el de la UE prohíben la denominada refoulment, es decir, enviar forzadamente de regreso a las personas a sitios donde estarían expuestas a un riesgo concreto de trato inhumano o degradante. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce el derecho al asilo, mientras que la directiva de la UE de retorno establece garantías procesales mínimas para el retorno de migrantes indocumentados y exige a España tomar en cuenta ciertas circunstancias individuales y sus obligaciones en lo que respecta la prohibición de refoulement.
Es habitual que grupos numerosos de migrantes intenten escalar el vallado de 6 metros de altura que separa a Ceuta y Melilla de Marruecos. El 18 de marzo de 2014, aproximadamente 500 migrantes lograron cruzar trepando el vallado en Melilla, y concretaron así el cruce más numeroso de los últimos años.
Según estadísticas oficiales, más de 4.300 personas ingresaron de manera irregular a los dos enclaves durante 2013, en comparación con las 2.804 que lo hicieron en 2012. En noviembre de 2013, España instaló nuevamente concertinas en el vallado perimetral de Melilla (que habían sido quitados en 2007), los cuales sí han estado erigidos por sobre el vallado de Ceuta desde 2005. España también trabaja actualmente en la instalación de mallas “antitrepa”, y ha anunciado asimismo que extendería los espigones que separan a Ceuta de Marruecos.
Luego de que los migrantes murieran ahogados mientras intentaban llegar a Ceuta el 6 de febrero de 2014, y si bien el dato inicialmente había sido desmentido, el ministro Fernández confirmó que agentes de la Guardia Civil española habían disparado balas de goma y botes de humo al agua. La comisaria de la UE para Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, expresó consternación ante la posibilidad de que el uso de balas de goma pueda haber provocado pánico entre las personas que estaban en el agua y contribuido así a su fallecimiento. Grabaciones de video parecen mostrar a agentes españoles que, tras interceptar a los sobrevivientes en la playa, los devuelven inmediatamente a territorio marroquí.
Una jueza de instrucción de Ceuta está actualmente a cargo de la investigación sobre las muertes de los 5 migrantes cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Ceuta. Las autoridades españolas han insistido en que todas las 15 personas se ahogaron en aguas territoriales marroquíes, y los medios han informado que, si este dato se confirma, la jueza tendría previsto archivar la investigación por falta de jurisdicción. Las autoridades marroquíes aún no habían aportado información con respecto a si en Marruecos se estaba impulsando alguna investigación similar sobre la muerte de los 10 migrantes cuyos cuerpos fueron arrastrados por la marea hasta las playas de Marruecos.
Si bien el ministro Fernández reconoció que “hubiera sido mejor” que la Guardia Civil no empleara balas de goma y luego del hecho ha dado instrucciones de que no sean utilizadas en las fronteras de los enclaves, él y Arsenio Fernández de Mesa, el director de la Guardia Civil, han defendido con firmeza la actuación de los agentes fronterizos el 6 de febrero y en las fronteras de los enclaves en general. El Partido Popular gobernante ha hecho valer su mayoría absoluta para bloquear una moción parlamentaria que proponía debatir la creación de una comisión ad hoc que se ocupara de investigar los sucesos del 6 de febrero. Sin embargo el 19 de marzo el Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se presentó ante una comisión parlamentaria para exponer la versión del gobierno sobre lo acontecido, incluidas grabaciones de audio y video. Martínez insistió en que los migrantes se ahogaron debido a que no previeron adecuadamente la marea alta y no sabían nadar, y no por efecto de las balas de goma o los botes de humo. Ningún funcionario ha renunciado o recibido sanciones disciplinarias.
“Es fundamental que la jueza realice una investigación exhaustiva y diligente sobre la posible responsabilidad penal de los guardias españoles, y que llegue hasta las más altas instancias de la cadena de mando”, expresó Sunderland. “La investigación debe esclarecer si las acciones de la Guardia Civil incidieron en las muertes, ya sea en aguas españolas o marroquíes”.
Es común que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes sometan a golpizas y otros abusos, incluido el robo de sus pertenencias, a migrantes subsaharianos que intentan sin éxito llegar a Ceuta o Melilla, o que son devueltos por la Guardia Civil en esos enclaves, indicó Human Rights Watch. Si bien una nueva política sobre migración y asilo que entró en vigor en septiembre ha supuesto algunas mejoras para los migrantes en Marruecos, la investigación realizada por Human Rights Watch en enero y febrero de 2014 determinó que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes todavía aplican la violencia contra migrantes subsaharianos en la frontera con los enclaves españoles. España debería detener todos los retornos forzados de migrantes subsaharianos hasta tanto Marruecos pueda garantizar que reciban un trato humano, indicó Human Rights Watch.
“Los intentos de cruce masivo de los vallados en Ceuta y Melilla implican graves problemas en materia de seguridad, y España tiene derecho de controlar sus fronteras”, aseveró Sunderland. “Pero estos desafíos no eximen a España de la obligación de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a pedir asilo, y de proteger a migrantes del trato inhumano”.
