Rigores, Bajo Aguán, 15 de agosto de 2011—Funeral de un campesino asesinado el 14 de agosto de 2011 durante un enfrentamiento armado en la plantación Paso Aguán.

2011 Manu Brabo

(Washington, DC) -- La decisión del Ministerio Público de Honduras de crear una Unidad Especial para investigar asesinatos presuntamente vinculados con conflictos por tierras en la región del Bajo Aguán es un paso importante para combatir la impunidad que allí impera, señaló hoy Human Rights Watch.

Human Rights Watch instó a que se conformara esta unidad en su informe de febrero de 2014 titulado “Aquí no hay investigaciones”. Human Rights Watch había documentado evidencias de que las autoridades hondureñas, en reiteradas instancias, no investigaron la ola de asesinatos y otros abusos que, según se cree, estarían relacionados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán.

“La creación de esta Unidad Especial representa una señal alentadora por parte de las actuales autoridades de la Fiscalía General que está adoptando medidas para combatir la violencia impune que, desde hace tiempo, se instaló en el Bajo Aguán”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La seriedad de los esfuerzos oficiales se medirá por los resultados  que logre esta unidad en el procesamiento de los responsables de asesinatos y abusos, un paso que sus predecesores no concretaron siquiera en un solo caso”.

La unidad, que fue anunciada el 27 de febrero por el Fiscal General Óscar Chinchilla, estará integrada por investigadores expertos, fiscales y miembros de la Policía Nacional. Se ocupará, en un primer momento, de investigar 147 casos de homicidio, y evaluará las denuncias que atribuyen a terratenientes en el Bajo Aguán la responsabilidad por algunos de los delitos, aseveró Chinchilla. El director de la Policía Nacional, Ramón Sabillón, se comprometió a impulsar investigaciones eficientes y lícitas. 

La región del Bajo Aguán en el norte de Honduras ha sido escenario de prolongados —y a menudo violentos— conflictos por tierras, muchos de ellos surgidos tras la reforma de la ley agraria del país en 1992. Grandes extensiones en la región han sido disputadas entre campesinos y empresas agroindustriales, que se dedican en su mayoría al cultivo de palma africana para la producción de aceite.

Human Rights Watch examinó 29 casos de homicidio y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el Bajo Aguán desde 2009, así como presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías, en ninguno de los cuales se había dictado una condena. Se observó que policías y fiscales habían obviado sistemáticamente medidas de investigación oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos.

Una de las principales recomendaciones formuladas por Human Rights Watch al gobierno fue que dispusiera la creación de una unidad de investigación especial con un mandato de varios años. Se recomendó que la unidad llevara a cabo investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de los homicidios, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos graves ocurridos en el Bajo Aguán, en los cuales las evidencias sugieran que existe una conexión con el conflicto por la tierra, así como en todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en la región.

No resulta claro si la nueva unidad asumirá la investigación de violaciones de derechos humanos en las cuales estén implicados miembros de las fuerzas de seguridad en el Bajo Aguán, incluidos casos de tortura, uso excesivo de la fuerza y desalojos forzados documentados por Human Rights Watch. Tales investigaciones también han sido en general deficientes, y deberían quedar a cargo de la nueva unidad, indicó Human Rights Watch.

Las víctimas y sus familiares en el Bajo Aguán han mantenido un contacto muy limitado con funcionarios judiciales y reciben escasa información sobre las investigaciones, aseveró Human Rights Watch. Esta falta de transparencia vulnera el derecho de las víctimas —reconocido por la legislación hondureña— a ser informadas sobre los resultados de las investigaciones mientras se encuentran en curso.

“Es esencial que la nueva unidad informe los avances a las familias de las víctimas y permita su participación en las investigaciones, en vez de mantenerlos desinformados, como sucedió anteriormente”, comentó Vivanco.