(Nairobi) – El nuevo gabinete de ministros de Somalia debería implementar con urgencia reformas significativas para hacer frente a la situación de violencia sexual sin control que existe en el país, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Durante el último año, mujeres y niñas han estado expuestas a altos índices de violación y abuso sexual, incluso por parte de soldados gubernamentales, en Mogadiscio, la capital de Somalia.
“Numerosas mujeres y niñas en Mogadiscio viven con el temor constante a ser violadas”, indicó Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Los compromisos públicos del gobierno somalí no se han traducido en una mayor protección para las mujeres ni en asistencia a las víctimas”.
El informe de 72 páginas, denominado “‘Here, Rape is Normal’: A Five-Point Plan to Curtail Sexual Violence in Somalia” (‘Aquí la violación es normal’: plan de cinco pasos para frenar la violencia sexual en Somalia), presenta un programa de acción destinado al gobierno y a sus donantes internacionales que propone adoptar una estrategia integral para reducir los hechos de violación sexual, brindar asistencia inmediata y urgente a quienes sobreviven a estas agresiones y definir un enfoque a largo plazo que permita poner fin a los abusos. El informe apunta a mejorar la prevención, ampliar el acceso a servicios de salud de emergencia, implementar reformas en materia de justicia, legal y de políticas públicas, y promover la igualdad de la mujer.
Para la preparación del informe, Human Rights Watch entrevistó a 27 mujeres en Mogadiscio que sobrevivieron a violaciones sexuales, algunas de las cuales habían sido atacadas por múltiples agresores en más de una ocasión. Todos los hechos ocurrieron con posterioridad a agosto de 2012, cuando asumió el nuevo Gobierno Federal de Somalia.
Los incidentes se produjeron en la región de Benadir, cuyo territorio pertenece Mogadiscio, una zona que se encuentra mayormente bajo control del gobierno y donde se han destinado recursos a mejorar la seguridad y reconstruir instituciones gubernamentales, como el poder judicial y los servicios de salud.
Agresores armados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, han atacado sexualmente, violado, disparado y apuñalado a numerosas mujeres y niñas. Las mujeres y niñas que en todo el país han sido desplazadas de sus hogares a causa de la guerra y la hambruna están especialmente expuestas a abusos tanto en los campamentos para desplazados internos, como en las afueras, cuando se trasladan a pie hasta mercados, trabajan sus tierras o salen a buscar leña, indicó Human Rights Watch.
La impunidad en los hechos de violencia sexual prevalece en Somalia, observó Human Rights Watch. Shamso (se utilizan seudónimos en todos los casos por razones de seguridad), una mujer de 34 años que sufrió un hecho de violación colectiva en su precaria residencia en un campamento de desplazados, describió a Human Rights Watch el clima de impunidad generalizada que favorece que ocurran abusos: “Los hombres se turnaban. No actuaban con prisa, porque la mayoría de quienes viven en los campamentos son mujeres y no representan una amenaza para ellos. Durante la agresión, uno de estos hombres me dijo, ‘Puedes contarle a quien quieras que hicimos esto, no tenemos miedo’”.
Naciones Unidas (ONU) informó casi 800 casos de violencia sexual y de género tan solo en Mogadiscio durante los primeros seis meses de 2013, aunque se cree que la cifra real posiblemente sea muy superior. Muchas víctimas no denuncian las agresiones sexuales o violaciones porque no confían en el sistema judicial, desconocen la existencia de servicios de salud y justicia o no tienen acceso a ellos, y temen la posibilidad de represalias y el estigma que esto puede implicar. Cuando Human Rights Watch preguntó a una sobreviviente por qué no había denunciado la violación, se encogió de hombros y dijo: “La violación es algo común en Somalia. Aquí la violación es normal”.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia sexual en Somalia son menores de 18 años.
Si bien el gobierno se ha comprometido a abordar de forma “integral” la violencia sexual “con carácter prioritario”, hasta el momento estos compromisos solo trajeron cambios ínfimos, o posiblemente nulos. El nuevo gobierno debe adoptar medidas urgentes y concretas para hacer frente al persistente problema de las violaciones sexuales, especialmente entre comunidades desplazadas, afirmó Human Rights Watch.
La respuesta del gobierno
A comienzos de febrero de 2014, Human Rights Watch se reunió con varios funcionarios gubernamentales en Mogadiscio, incluida la nueva ministra de desarrollo de la mujer y los derechos humanos y miembros de la unidad de políticas de la presidencia, quienes reiteraron el compromiso del gobierno de combatir la violencia sexual. En particular, los funcionarios indicaron que revisarían el texto preliminar de la política nacional sobre género del gobierno e incluirían disposiciones específicas para abordar la violencia sexual y de género.
Human Rights Watch exhortó al Gobierno Federal de Somalia a adoptar medidas serias para evitar que miembros de las fuerzas de seguridad y otras personas cometan actos de violencia sexual y llevar ante la justicia a los agresores. Como prioridad principal, el gobierno debería realizar todas las acciones necesarias para garantizar que las víctimas que denuncien abusos sexuales no sufran represalias por las fuerzas de seguridad gubernamentales y los servicios de inteligencia, como sucedió en tres casos resonados de 2013.
“El gobierno de Somalia enfrenta enormes desafíos en vista de la magnitud de los abusos y el extenso alcance de las acciones que se necesitan para abordarlos”, manifestó Gerntholtz. “Por lo tanto, en lugar de perseguir deliberadamente a las víctimas que se atreven a denunciar lo sucedido, el gobierno debería concentrarse en juzgar a los responsables, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad”.
Tras años de conflictos, los servicios médicos y el sistema judicial de Somalia, así como también la policía y los tribunales, no cuentan con los recursos necesarios para apoyar y brindar asistencia a víctimas de violencia sexual, indicó Human Rights Watch. A causa de esto, mujeres y jóvenes sufren una “doble victimización”, calificativo expresado por el experto independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia. Las mujeres, en primer lugar, viven la violación o agresión sexual, y luego la inacción de las autoridades, que no imparten justicia ni brindan asistencia médica o social.
Maryam, una madre soltera de 37 años que fue víctima de una violación grupal ocurrida en el precario refugio donde reside, es la única sobreviviente entrevistada por Human Rights Watch que intentó presentar una denuncia policial. En la dependencia policial, fue humillada por policías cuando comenzaron a sangrar las heridas provocadas durante la violación.
“Antes de dejarme ir, me dijeron que tenía que limpiar del piso las manchas de sangre”, contó. “Me senté, me dieron un cepillo y limpié el piso”. No volvió a regresar a la dependencia policial para impulsar su caso ni para denunciar una segunda violación sufrida tres meses después.
Otras mujeres comentaron las consecuencias económicas de las violaciones para su vida, y cómo el gobierno y la comunidad de donantes deberían ayudar. “El problema para las mujeres en Somalia no es solamente la violencia”, indicó Sahra, que fue apuñalada y violada en julio mientras recogía leña. “Ahora ya no estoy en condiciones físicas de realizar las tareas manuales que hacía antes de ser violada. Necesitamos más programas que nos brinden capital para iniciar negocios alternativos”.
Human Rights Watch instó al gobierno de Somalia a dar algunos pasos cruciales.
Estos pasos incluyen asignar a una cantidad suficiente de policías idóneos y debidamente capacitados, incluido personal femenino, para que brinden seguridad en comunidades de desplazados;asegurar que los servicios de salud y sociales puedan prestar asistencia psicológica, social, económica y médica adecuada a mujeres y niñas que se recuperan de hechos de violencia; y promover la igualdad de género a través de educación, la igualdad política, social y económica de la mujer, y su participación en política.
El gobierno tiene por delante desafíos gigantescos y necesitará la ayuda de la comunidad internacional, expresó Human Rights Watch.
Los donantes internacionales han presionado al Gobierno Federal de Somalia, incluso a través del Pacto para Somalia adoptado en septiembre, para que asigne prioridad a la cuestión de los derechos de la mujer. Los donantes tienen gran influencia y deben transmitir claramente que apoyar medidas a corto y largo plazo para responder a la violencia sexual contra la mujer es una condición trascendental para el desarrollo de Somalia.
“Los países donantes deberían hacer sentir su presión al gobierno de Somalia para lograr que la penosa situación de las víctimas de violación sexual sea una prioridad de las iniciativas de reforma”, aseveró Gerntholtz. “Y, a continuación, los donantes deben dar un paso adelante y contribuir a que estas reformas se hagan realidad”.
