Una foto aérea muestra el edificio de la Agencia de Seguridad Nacional(NSA), con sede en Fort Meade, Maryland.

Handout via Reuters

(Washington, DC) – El informe del grupo de cinco miembros formado por el presidente Barack Obama para evaluar las prácticas de vigilancia de Estados Unidos pone en duda la supuesta necesidad de algunos de los programas de vigilancia oficiales, y subraya la necesidad de una reforma urgente. Con la publicación del informe el 18 de diciembre de 2013, el panel se unió a un coro creciente de legisladores, organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad que piden cambios cruciales a los programas de vigilancia del gobierno de EE.UU.

El panel recomendó que el gobierno ponga fin a la masiva recopilación de metadatos e hizo un llamamiento por una revisión judicial más robusta de las solicitudes de vigilancia del gobierno, así como una mayor transparencia. Mientras que el grupo de revisión fue más lejos que cualquier otra entidad del gobierno de EE.UU. a la hora de instar una mayor protección de la privacidad para los extranjeros en otros países, sus recomendaciones siguen dejando la puerta abierta a la continua vigilancia de personas que no tienen ninguna conexión genuina con el terrorismo ni la delincuencia.

“Tanto el Presidente como el Congreso pueden utilizar las recomendaciones del informe a la hora de elaborar nuevas políticas y leyes, pero es sólo un punto de partida para el cambio”, dijo Cynthia Wong, investigadora principal de Internet de Human Rights Watch. “Hasta que el presidente Obama no tome medidas concretas para proteger los derechos de todos, sin importar dónde se encuentren, pasará dificultades para restaurar la confianza global en el apoyo de EE.UU. a la libertad en Internet”.

Se espera que el Presidente Obama haga una declaración acerca de sus planes para responder al informe del grupo de evaluación a principios de enero de 2014. He aquí algunos de los aspectos importantes de las conclusiones del panel:

La recopilación en masa de metadatos telefónicos es innecesaria:Uno de los hallazgos más sorprendentes del panel fue que el programa de recolección de metadatos que se lleva a cabo bajo el artículo 215 de la Ley Patriota de EE.UU. no ha sido esencial para la prevención de atentados terroristas. El panel concluyó que la información derivada de ese programa podría fácilmente haberse obtenido de manera oportuna a través de otros medios. El panel no encontró “ninguna justificación suficiente para permitir que el propio gobierno recopile y almacene en masa metadatos telefónicos” y recomendó la terminación del programa “tan pronto como sea razonablemente posible”.

Los derechos de privacidad de los extranjeros:El panel reconoció que el derecho a la privacidad es un derecho humano básico, “esencial para la dignidad humana”, consagrado en los tratados internacionales de los que EE.UU. es parte. El grupo propuso limitar la vigilancia a lo que “esté exclusivamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos o [sus] aliados” y dijo que no debería utilizarse con fines ilegítimos, como fines comerciales. Sin embargo, en última instancia, el panel respaldó un enfoque innecesario, de dos niveles, con salvaguardias mucho más débiles contra la vigilancia de los extranjeros y un recurso poco claro contra la recopilación excesivamente amplia de sus datos en el extranjero.

Reforma de las Cartas de Seguridad Nacional:El panel recomendó cambios fundamentales a la utilización de las Cartas de Seguridad Nacional (NSL, por sus siglas en inglés). Las autoridades federales han recurrido a las NSL para obligar a las empresas a revelar información sobre sus clientes, pero sin intervención judicial y bajo estándares débiles y un estricto secreto de sumario. El grupo de revisión instó poner fin a esta práctica de manera efectiva, asegurando que las NSL deberían ser autorizadas judicialmente.

Una mayor transparencia:El grupo de evaluación aplaudió las medidas de transparencia que las organizaciones de derechos humanos y las empresas solicitaron, incluyendo la propuesta de legislación para requerir una mayor información al Congreso y al público sobre el uso de los poderes de recopilación de información, y la autorización para que las empresas de tecnología puedan informar sobre el número de órdenes que reciben para revelar datos de sus usuarios.

Fortalecer la revisión judicial:El panel respaldó la creación de un defensor institucional en el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera para representar los intereses de privacidad de los ciudadanos.

Supervisión y protección de los informantes:El grupo formuló una serie de sugerencias para fortalecer la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (PCLOB, por sus siglas en inglés), un organismo de supervisión independiente. También sugirió facultar al Consejo para que pueda recibir las denuncias de los informantes, lo que mejoraría los mecanismos de denuncia existentes para los informantes de seguridad nacional. Sin embargo, no abordaría adecuadamente la necesidad de una reforma que proteja a los denunciantes, como Human Rights Watch identificó previamente.

Seguridad en línea y de las codificaciones:Finalmente, el panel dijo que EE.UU. no debería socavar los esfuerzos para crear sólidos estándares de encriptación ni debilitar la seguridad de los programas de software y los servicios en línea generalmente disponibles al pedirles a las empresas que hagan que sea tecnológicamente más fácil espiar a sus usuarios. Si bien el panel no se refirió directamente a los informes de prensa de que la NSA había debilitado deliberadamente la tecnología de encriptación y pedido a las empresas que construyeran vías de acceso secretas (back doors) a sus productos, esta recomendación estaba claramente enfocada a abordar estas acusaciones.