(Washington) — La aprobación por parte del Congreso de EE.UU. de una ley de Defensa que mitigará las restricciones a las transferencias de detenidos en Bahía de Guantánamo es un paso importante hacia el cierre de la prisión militar estadounidense, dijo hoy Human Rights Watch. El 19 de diciembre de 2013, el Senado aprobó la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), que posteriormente será enviada al presidente Barack Obama para que la firme.
El Congreso impuso durante años numerosas restricciones a la transferencia de detenidos de la prisión de Bahía de Guantánamo a sus países de origen, o a terceros países si requerían reasentamiento humanitario y también prohíbe el traslado de detenidos a EE.UU., incluso para ser juzgado. La NDAA de 2014, si bien todavía prohíbe las transferencias a EE.UU., atenúa las restricciones a la transferencia de los detenidos a su casa o a terceros países y proporciona al gobierno una mayor flexibilidad para hacerlo.
“Después de años imponiendo obstáculos a las transferencias de detenidos, esto es una señal esperanzadora de que el Congreso finalmente puede estar abierto a ayudar a cerrar la prisión de Guantánamo”, dijo Andrea Prasow, asesora jurídica principal sobre la lucha contra el terrorismo en Human Rights Watch. “El presidente Obama debería usar esta autoridad y seguir adelante con el traslado de detenidos, muchos de los cuales fueron autorizados para ser liberados hace casi cuatro años”.
En las últimas semanas, el gobierno de Obama repatrió a dos detenidos a Argelia, dos a Arabia Saudita y dos a Sudán; los dos argelinos se opusieron a la repatriación porque temen convertirse en blanco de ataque de los militantes en Argelia. En este momento, quedan 158 detenidos en la prisión. En 2010, un grupo de trabajo interinstitucional recomendó que 79 de ellos fueran liberados.
La versión del Senado de la NDAA contenía unas disposiciones que también habrían permitido el traslado de detenidos de Guantánamo a EE.UU. para ser juzgados en los tribunales federales. Pero el texto final del proyecto de ley fue negociado entre los miembros de los Comités de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado y dichas disposiciones fueron eliminadas. Debido a que el proyecto de ley sigue prohibiendo las transferencias a EE.UU. para ir a juicio, el gobierno actual sólo puede juzgar a los detenidos en las seriamente defectuosas comisiones militares de Guantánamo.
Las comisiones militares en Guantánamo se han visto enturbiadas por el uso de pruebas obtenidas mediante coacción, irregularidades de procedimiento, la aplicación incoherente de las siempre cambiantes reglas de evidencia, violaciones al privilegio entre abogado y cliente, recursos de defensa inadecuados y la falta de acceso al público. Dos fallos de los tribunales de apelación federales han puesto en duda recientemente la capacidad del gobierno de utilizar las comisiones militares para determinados cargos, argumentando que no tienen jurisdicción sobre los delitos de conspiración y el suministro de material de apoyo al terrorismo porque no son crímenes de guerra. Ambos cargos son procesados de forma rutinaria en los tribunales federales de EE.UU.
Las nuevas disposiciones de la NDAA deberían facilitar la liberación de los detenidos con autorización para ser liberados, sin embargo, el gobierno de Obama continúa afirmando que tiene la autoridad para detener al menos a 46 de los 158 hombres que permanecen indefinidamente en Guantánamo. La detención prolongada e indefinida sin juicio es una violación del derecho internacional. Si no hay pruebas suficientes de que esos hombres cometieron crímenes, deben ser puestos en libertad, afirmó Human Rights Watch.
“La detención de hombres cuya liberación fue recomendada hace cuatro años es sólo una de las muchas perversiones de la ley de Guantánamo”, señaló Prasow. “El gobierno debe poner fin a la detención indefinida sin juicio y cerrar la prisión”.
