(Rabat) – Los tribunales de Marruecos están condenando a los acusados sobre la base de confesiones que, aparentemente, fueron extraídas mediante tortura o falsificadas por la policía, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El programa de reforma judicial del país tiene que incluir salvaguardias más firmes para garantizar que los tribunales no acepten como prueba ningún testimonio que se ofrezca a la policía en condiciones de tortura o maltrato.

En el informe de 100 páginas, “‘Just Sign Here’: Unfair Trials Based on Confessions to the Police in Morocco,” (“Solo tiene que firmar aquí”: Procesos injustos basados en confesiones a la policía en Marruecos) se examinaron cinco juicios celebrados entre 2009 y 2013 con un total de 77 acusados —entre ellos manifestantes que reclamaban reformas, activistas del Sahara Occidental y personas acusadas de conspirar para cometer actos de terrorismo. Human Rights Watch concluyó que en los casos examinados, los jueces no investigaron seriamente las alegaciones de los acusados de que sus confesiones habían sido obtenidas por medios ilegales, y las usaron como principal, si no único, fundamento para dictar condenas. Esta actuación deficiente de los tribunales fomenta el use la tortura en las prácticas policiales, el maltrato y la falsificación para obtener declaraciones, dijo Human Rights Watch.

“Una vez que los policías marroquíes han conseguido una declaración, los acusados no entran en un proceso equitativo para determinar la verdad”, señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. “Entran en una carrera vertiginosa hacia un veredicto de culpabilidad”.

La legislación marroquí penaliza la tortura y prohíbe a los tribunales usar testimonios que hayan sido obtenidos mediante “violencia o coacción”. Sin embargo, en los cinco juicios analizados por Human Rights Watch, los tribunales no investigaron diligentemente las alegaciones de abuso policial antes de admitir las confesiones como principal prueba incriminatoria. Los tribunales condenaron a 76 de los 77 acusados, 38 de los cuales siguen en la cárcel.

Human Rights Watch observó los procesos, examinó documentos judiciales, entrevistó a acusados y abogados defensores e incluyó en el reporte información extensa facilitada por las autoridades marroquíes.

Varios acusados relataron a Human Rights Watch que fueron golpeados y describieron las patadas, las bofetadas y las amenazas de la policía durante sus interrogatorios, así mismo narraron cómo los obligaron a firmar declaraciones sin que se les permitiera leer su contenido y que rechazaron posteriormente en el juicio. Otros que tuvieron oportunidad de leer y firmar sus declaraciones dijeron que las autoridades las manipularon posteriormente para implicarlos en la comisión de delitos.

La legislación marroquí garantiza el derecho a ponerse en contacto con un abogado durante la detención policial, pero en la gran mayoría de los casos examinados por Human Rights Watch, los acusados no tuvieron acceso a un abogado antes o durante su interrogatorio, o cuando la policía les presentó su declaración para que la firmaran.

Cuando los acusados mencionaron posteriormente el abuso físico al juez encargado de la instrucción o del juicio, los magistrados no abrieron ninguna investigación y rechazaron las alegaciones en ocasiones, alegando que no observaban señales de tortura en el cuerpo de los acusados o que debieron haber denunciado la situación antes. En el único caso en el que un fiscal ordenó un examen médico de los acusados, todas las pruebas sugirieron que el examen había sido superficial e incumplía claramente los requisitos internacionales.

Los jueces marroquíes deben examinar con mayor eficacia las declaraciones policiales cuando los acusados las rechacen, y citar a declarar a todos los testigos pertinentes, por ejemplo, cuando proceda, los agentes de policía que redactaron las declaraciones incriminatorias. Según Human Rights Watch, un examen más cuidadoso de las declaraciones policiales también demostraría a la policía que deben reunir pruebas mediante métodos legales, que excluyen la tortura.

En agosto de 2009, el Rey Mohammed VI anunció una importante iniciativa para reforma el poder judicial. La Constitución de 2011 contiene una serie de artículos formulados con la intención de fortalecer la independencia de la judicatura y los derechos de los acusados, y prohibir la tortura y la detención arbitraria. Desde 2012, una alta instancia de diálogo nacional sobre la reforma de la justicia fue comisionada por el Rey para redactar una carta sobre la reforma judicial, cuya publicación está prevista en las próximas semanas.

“No siempre es fácil determinar la verdad cuando un acusado alega que la policía lo obligó a firmar una confesión falsa”, dijo Whitson. “Pero solo cuando los jueces demuestren la voluntad, la habilidad y la valentía para hacerlo —y rechazar confesiones dudosas— se podrá decir que hay una verdadera reforma judicial en marcha”. 

Human Rights Watch examinó las condenas a 25 saharauis en febrero de 2013 acusados de atacar a las fuerzas de seguridad cuando estaban disolviendo un campamento de protesta social en Gdeim Izik, en el Sahara Occidental; seis miembros del movimiento de protesta 20 de Febrero vinculados con una manifestación en Casablanca ocurrida en septiembre de 2012; dos activistas sindicales y ocho jóvenes a los que se les relacionó con una manifestación en Bouarfa en junio de 2011; un boxeador abiertamente crítico al Gobierno y procesado por dudosas acusaciones de fraude en septiembre de 2010; y 35 hombres acusados de formar parte de una presunta conspiración terrorista conocida como el asunto “Belliraj” en julio de 2009.

El boxeador, Zakaria Moumni, describió la manera en que la policía le presentó su declaración después de propinarle graves palizas durante tres días de detención incomunicada:

Pusieron unos documentos frente a mí, pero estaban cubriendo la parte superior de la página. Les dije que quería leer lo que iba a firmar. Respondieron: “Solo tienes que firmar aquí. Te devuelven tus cosas y puedes irte libremente”. Cuando insistí en leerlo, me volvieron a vendar los ojos, me pisaron los pies y me amenazaron con devolverme al sitio de donde había venido... En ese momento, firmé muchas cosas sin saber lo que eran.

La policía llevó entonces a Moumni ante el tribunal, donde lo juzgaron el mismo día por dudosos cargos de fraude. Posteriormente, Moumni contó a Human Rights Watch que había mostrado al juez los moratones y los cortes en las espinillas, y le explicó que los interrogadores le habían golpeado con barras de hierro. Según Moumni, el juez no reaccionó. Después de recibir una sentencia de tres años de prisión, Moumni descubrió que los documentos que había firmado ante la policía incluían una confesión detallada y una renuncia a su derecho a un abogado durante el juicio.

Las autoridades marroquíes deben adoptar las siguientes medidas para garantizar que los juicios sean más justos y combatir la tortura y el maltrato:

  • Garantizar que de inmediato se informe a todas las persona en detención preventiva que tienen derecho a un abogado, incluyendo el derecho a recibir inmediatamente la visita de un abogado; 
  • Cerciorar que los tribunales ofrecen a los acusados una oportunidad para leer detenidamente su declaración policial y cuestionar cualquier información presuntamente inexacta, y plantear en cualquier momento de la investigación o el juicio todo episodio de maltrato o tortura durante la custodia policial;
  • Asegurar que los tribunales examinen todas las alegaciones de tortura presentadas por los acusados y, cuando sean creíbles, rechacen como pruebas todas las declaraciones obtenidas mediante tortura, como exige la legislación marroquí, y remitan el presunto caso de tortura, un delito penado por la ley, a la fiscalía;
  • Revisar el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, que otorga una credibilidad inherente a las declaraciones redactadas por la policía en los casos que conllevan penas de cárcel inferiores a cinco años. Esta ley impone la carga de la prueba al acusado y lo obliga a demostrar que la declaración preparada por la policía es falsa; lo que se debe revisar de manera que una declaración policial tenga el mismo valor que cualquier otra prueba, sin suposición alguna acerca de su credibilidad.

Así mismo, las autoridades marroquíes deben poner en libertad a los 21 acusados en el caso Gdeim Izik y los 17 acusados en el caso Belliraj que aún siguen en prisión, o permitir que vuelvan a ser juzgados de manera imparcial. En cuanto a los acusados en el caso Gdeim Izik, cualquier nuevo juicio debe celebrarse en un tribunal civil, en lugar del tribunal militar que los condenó la primera vez. Si se vuelve a celebrar el juicio, los tribunales deben examinar las denuncias de tortura de los acusados, independientemente de que haya señales físicas visibles de tortura, y garantizar que ninguna declaración obtenida mediante violencia o coacción se admite como prueba.