Washington, D.C., 14 de mayo de 2013

S.E. Mauricio Funes
Presidente de la República de El Salvador
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
No. 550
San Salvador
El Salvador, C.A. 

Señor Presidente Funes:

Tenemos el honor de dirigirnos a S.E. con urgencia para presentarle el caso de la ciudadana salvadoreña “Beatriz”, una mujer de 22 años, cuya vida corre grave peligro como consecuencia de su embarazo. Nos preocupa enormemente que el gobierno de El Salvador no haya cumplido con las medidas cautelares otorgadas a Beatriz por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cincuenta días después de que acudió por primera vez a su gobierno en busca de ayuda, Beatriz sigue a la espera de un tratamiento médico que podría salvarle la vida.

Beatriz está embarazada de lo que, según la confirmación de tres ecografías independientes, tomadas en el Hospital Nacional de Maternidad los días 12 y 21 de marzo de 2013, es un feto anencefálico. La anencefalia es un defecto del tubo neural por el cual una parte importante del cerebro, cráneo y el cuero cabelludo no se desarrollan. Un bebé que nace con este trastorno carece de cerebro, y por lo general nace ciego, sordo e inconsciente. Si el bebé anencefálico no está muerto en el momento del parto, a menudo fallece en cuestión de horas o días. En casos muy excepcionales, el bebé sobrevive más tiempo, pero nunca ganará conciencia ni sobrevivirá la infancia.

Los efectos psicológicos y físicos de llevar a término un embarazo anencefálico están bien documentados y pueden ser muy perjudiciales para las mujeres. Las mujeres obligadas a continuar con un embarazo de un bebé anencefálico en contra de su voluntad corren riesgo de sufrir depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También pueden padecer problemas de salud físicos como trastornos hipertensivos, rotura prematura de membranas amnióticas y embolias.

En este caso, si Beatriz sigue adelante con el embarazo, puede acabar perdiendo la vida, según los médicos del Hospital Nacional de Maternidad. Beatriz sufre de una combinación de problemas médicos que hacen que su embarazo sea particularmente arriesgado. Los médicos que la han examinado creen que podría sufrir una hemorragia, preeclampsia grave (una enfermedad que es una de las principales causas de las muertes maternas) y una potencial insuficiencia renal debido a sus condiciones médicas preexistentes, incluyendo un caso diagnosticado de Lupus. En marzo de 2012, Beatriz tuvo un embarazo de alto riesgo. De acuerdo a los registros médicos, durante aquel embarazo anterior fue hospitalizada en tres ocasiones diferentes, una de ellas para recibir una transfusión de sangre para la anemia. Los médicos tuvieron que sacar a su hijo, ahora de un año, dos meses antes de la fecha de parto mediante una cesárea de emergencia debido a una preeclampsia severa agravada por el lupus. El bebé permaneció en cuidados intensivos durante 38 días.

El 22 de marzo de 2013, los abogados del Hospital Nacional Especializado de Maternidad solicitaron el permiso del gobierno para llevar a cabo un aborto, debido a que existía una “fuerte probabilidad de muerte materna” y tres ecografías confirmaron que el bebé era anencefálico, una anomalía “incompatible con la vida extrauterina”.

Tres semanas después, en respuesta a una petición formulada por el Ministro de Salud, el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad recomendó un aborto para salvar la vida de Beatriz y preservar su integridad personal y salud. El Comité reconoció que el hospital estaba sujeto a las leyes del Estado, que prohíbe el aborto y comparar el derecho a la vida de la mujer contra la del feto, sin embargo; también afirmó que “este feto, en el futuro, no tiene posibilidades de ejercer el Derecho a la vida”.

Sin embargo, el Fiscal General declaró que se aplicará la prohibición penal de El Salvador sobre el aborto si Beatriz se somete a este procedimiento para salvar su vida. La pena por violar esta prohibición es de hasta 50 años para la mujer y hasta 12 años para el médico que lleva a cabo el procedimiento. La solicitud de Beatriz constitucional presentada ante la Cámara Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril 2013 no se ha resuelto hasta la fecha, y por eso Beatriz ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de ayuda.

El 29 de abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Beatriz, solicitando que el gobierno de El Salvador implementara la recomendación de la comisión médica dentro de un plazo de 72 horas desde la carta de la comisión. Hasta la fecha, 16 días después de que fueran concedidas esas medidas cautelares, el gobierno no ha cumplido con su deber. La vida de Beatriz sigue en peligro. Los médicos no le han proporcionado un tratamiento médico para salvarle la vida, porque el gobierno no les ha dado la autorización que los exima de la persecución penal.

La incapacidad Beatriz para recibir un tratamiento médico que pueda salvarle la vida, incluyendo la terminación de su embarazo, sin la amenaza de persecución penal constituye una violación de sus derechos humanos fundamentales. La aplicación de las restrictivas leyes de aborto de El Salvador en este caso puede tener un impacto devastador sobre el derecho de Beatriz a la vida. Además, diversos órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han descubierto que las restricciones al acceso al aborto seguro y legal pueden dar lugar a situaciones que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular cuando una mujer se ve obligada a continuar hasta el final un embarazo no viable.

La aplicación de las leyes penales de El Salvador con respecto al aborto, en este caso también puede constituir una violación de las obligaciones del país a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud. Los órganos de tratados de las Naciones Unidas han expresado reiteradamente su preocupación por la relación entre las leyes restrictivas de aborto de El Salvador y las consecuencias negativas para la vida, la salud y el bienestar de las mujeres. Para poner remedio a los efectos de la penalización del aborto sobre el derecho de las mujeres a la vida, los comités han recomendado la revisión o modificación de las leyes restrictivas de aborto y, en particular, han recomendado la eliminación de los aspectos punitivos de estas leyes.

En 2005, el Comité de Derechos Humanos consideró que el vecino de El Salvador en la región, Perú, violó sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negar un aborto terapéutico en un caso similar de una joven de 17 años, embarazada con un feto anencefálico. Al no poder someterse a un procedimiento seguro y legal, la joven llevó a término el embarazo y el bebé murió cuatro días después.

Los expertos en derechos humanos de la ONU han subrayado las obligaciones especiales que El Salvador tiene en este caso. El 26 de abril, Anand Grover, Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.; Rashida Manjoo, Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, y Kamala Chandrakirana,  Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, emitieron una declaración que calificaba la condición de Beatriz como cruel, inhumana y degradante.

Le rogamos que adopte inmediatamente las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tome medidas de inmediato para garantizar que Beatriz reciba el cuidado que necesita.

Junto con agradecerle por su atención en este importante asunto, aprovechamos la oportunidad para expresarle las seguridades de nuestra más alta consideración y estima.

 

Atentamente,

José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo
División Américas
Human Rights Watch

Liesl Gerntholtz
Directora
División de Derechos de la Mujer
Human Rights Watch