(Bangkok) – Las fuerzas de seguridad birmanas cometieron asesinatos, violaciones y detenciones masivas de musulmanes rohingya después de no protegerles ni a ellos ni a los budistas arakaneses durante los episodios mortales de violencia sectaria ocurridos en junio de 2012 en el oeste de Birmania. Las restricciones del Gobierno sobre el acceso de la ayuda humanitaria a la comunidad rohingya han provocado el desplazamiento de más de un centenar de miles de personas y una grave carencia de alimentos, refugio y atención médica.
El informe de 56 páginas, “‘The Government Could Have Stopped This’: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s Arakan State” (“‘El Gobierno podía haber detenido esto’: Violencia sectaria y los abusos subsiguientes en el estado de Rakhine de Birmania”), describe cómo las autoridades birmanas no adoptaron medidas adecuadas para frenar la tensión creciente y el estallido de violencia sectaria en el estado de Rakhine. Aunque el ejército controló finalmente la violencia colectiva en la capital del estado, Sittwe, los testigos tanto arakaneses como rohingya dijeron a Human Rights Watch que las fuerzas gubernamentales se mantuvieron impasibles mientras los miembros de cada comunidad se atacaban entre ellos, arrasando aldeas y cometiendo un número desconocido de asesinatos.
“Las fuerzas de seguridad birmanas no protegieron a los arakaneses de los rohingjyas, y viceversa, y lanzaron una campaña de violencia y redadas masivas contra los rohingya”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “El Gobierno alega que está comprometido con el fin de la lucha étnica y el abuso, pero los acontecimientos recientes en el estado de Rakhine demuestran que persisten la persecución y la discriminación promovidas por el estado”.
El Gobierno birmano debe adoptar medidas urgentes para poner fin a los abusos de sus fuerzas, garantizar el acceso de la ayuda humanitaria y permitir que observadores independientes internacionales visiten las zonas afectadas e investiguen los abusos, señaló Human Rights Watch.
El informe “The Government Could Have Stopped This”, se basa en 57 entrevistas realizadas en junio y julio con arakaneses, ronhingyas y otras personas afectadas en Birmania y en Bangladesh, donde los rohingya han buscado refugio de la violencia y los abusos.
La violencia estalló a principios de junio, después de que se difundiera información de que, el 28 de mayo, tres hombres musulmanes habían violado y asesinado a una mujer budista arakanesa en la localidad de Ramri. La información sobre el crimen se divulgó a nivel local en un panfleto incendiario y, el 3 de junio, un numeroso grupo de residentes arakaneses de Toungop detuvieron un autobús y asesinaron brutalmente a diez musulmanes que iban a bordo. Human Rights Watch confirmó que la policía local y el ejército, que se encontraban cerca, permanecieron impasibles mientras observaban la escena y no intervinieron. El 8 de junio, como medida de represalia, miles de rohingya se amotinaron en la localidad de Maungdaw después del rezo del viernes, mataron a un número desconocido de arakaneses y destruyeron muchas de sus propiedades. A continuación, la violencia entre los rohingya y los arakaneses arrasó Sittwe y sus alrededores.
Bandas de maleantes de las comunidades tanto arakanesa como rohingya fueron atacando pueblos y barrios cuya poblaciónestaba desprevenida, donde mataron brutalmente a residentes y destruyeron e incendiaron casas, tiendas y centros de culto. Al existir muy poca o ninguna presencia de elementos de seguridad del estado para frenar la violencia, la población se armó con espadas, lanzas, palos, barras de hierro, cuchillos y otro armamento básico. La información mediática anti musulmana y la propaganda local incendiarias avivaron la violencia. Numerosos arakaneses y rohingya que hablaron con Human Rights Watch llegaron a la conclusión de que las autoridades podrían haber impedido la violencia y se podrían haber evitado los abusos consiguientes.
Un hombre arakanés de 29 años y un hombre ronhingya de más edad dijeron lo mismo en diferentes entrevistas con Human Rights Watch: “El Gobierno podía haber parado esto”.
La presencia del ejército birmano en Sittwe detuvo finalmente la violencia. Sin embargo, el 12 de junio, las bandas de arakaneses quemaron las casas de hasta una decena de miles de musulmanes rohingya y no rohingya en el barrio musulmán más grande de la ciudad, mientras la policía y las fuerzas paramilitares Lon Thein abrían fuego contra los rohingya con munición real.
Un hombre ronhingya de Sittwe, de 36 años, dijo a Human Rights Watch: “Una banda de arakaneses empezó a prender fuego a las casas. Cuando la gente intentó apagar los fuegos, los paramilitares nos dispararon. Y la banda golpeó a la gente con grandes palos”. Otro rohingya del mismo barrio dijo: “Estaba tan sólo a unos metros. Estaba en la carretera. Entonces les vi disparar contra al menos seis personas: una mujer, dos niños y dos hombres. La policía se llevó sus cuerpos”.
En Sittwe, donde aproximadamente la mitad de la población es arakanesa y la otra mitad musulmana, la mayoría de los musulmanes han huido de la ciudad y han sido reubicados por la fuerza, lo que genera dudas acerca de si el Gobierno respetará su derecho a regresar a sus casas. Human Rights Watch observó que el centro de una ciudad, que había sido una capital diversa, estaba ahora mayoritariamente segregado y desprovisto de musulmanes.
En el norte del estado de Rakhine, el ejército, la policía, la guardia fronteriza Nasaka y los paramilitares Lon Thein han cometido asesinatos, arrestos masivos y otros abusos contra los rohingya. Han operado de manera orquestada con los residentes arakaneses locales para saquear reservas de alimentos y productos valiosos de las casas de los rohingya. Los guardias Nasaka y los soldados dispararon contra las multitudes de residentes rohingya cuando intentaban escapar de la violencia, lo que provocó muchos muertos y heridos.
“Si las atrocidades en Rakhine hubieran sucedido antes del comienzo del proceso de reforma del Gobierno, la reacción internacional habría sido rápida y firme”, señaló Adams. “Pero la comunidad internacional parece cegada por una narrativa romántica del cambio generalizado en Birmania, la firma de nuevos acuerdos comerciales y el levantamiento de las sanciones, incluso mientras continúan los abusos”.
Desde junio, el Gobierno ha detenido a cientos de hombres y muchachos rohignyas, que permanecen incomunicados. Las autoridades del norte del estado de Rakhine tienen un largo historial de tortura y maltrato de rohingya detenidos, señaló Human Rights Watch. Se informó de que, en la ciudad de Moulmein, en la costa meridional del país, 82 rohingya que intentaban huir fueron detenidos a finales de junio y condenados a un año de cárcel por violar las leyes de inmigración.
“Las autoridades birmanas deben inmediatamente publicar información sobre los rohingya detenidos, permitir el acceso de familiares y agencias humanitarias, y poner en libertad a cualquiera no acusado de un crimen reconocido por el derecho internacional con evidencias creíbles”, dijo Adams. “Se trata de una prueba de fuego del compromiso declarado por el Gobierno de reformar y proteger los derechos fundamentales”.
La Ley de Ciudadanía de 1982 de Birmania niega efectivamente la ciudadanía a la población rohingya, que se estima entre 800,000 y 1 millón de personas. El 12 de julio, el presidente de Birmania, Thein Sein, dijo que la “única solución” a la lucha sectaria era expulsar a los rohingya a otros países o a campamentos supervisados por la agencia para los refugiados de las Naciones Unidas.
“Los enviaríamos al extranjero si los aceptara un tercer país”, dijo.
La legislación y las políticas birmanas discriminan a los rohingya y vulneran sus derechos a la libertad de movimiento, la educación y el empleo. Los funcionarios del Gobierno birmano se refieren normalmente a los rohingya como “bengalíes”, “esos que llaman rohingya” o con el término peyorativo “kalar”; y los rohingya se enfrentan a considerables prejuicios de la sociedad birmana en general, incluso de históricos defensores de la democracia y minorías étnicas, los cuales llevan tiempo enfrentándose a la opresión del Estado birmano.
La nueva comisión de derechos humanos de Birmania –presidida por Win Mra, de origen arakanés–no ha contribuido de manera eficaz a controlar los abusos en el estado de Rakhine, dijo Human Rights Watch. En un examen del 11 de julio de la violencia sectaria, la comisión señaló que el Gobierno no había cometido abusos, afirmó que se habían atendido todas las necesidades humanitarias y no abordó el tema de la ciudadanía y la persecución de los rohingya.
“El Gobierno birmano necesita modificar con urgencia su ley de ciudadanía para poner fin a la discriminación oficial contra los rohingya”, dijo Adams. “El presidente Thein Sein no puede hacer creer que está promoviendo los derechos humanos mientras pide la expulsión de personas por motivos de origen étnico o religión”.
La violencia sectaria ha creado necesidades humanitarias urgentes para las comunidades tanto arakanesa como rohingya, señaló Human Rights Watch. Las organizaciones arakanesas locales, financiadas sobre todo con contribuciones locales, han suministrado alimentos, ropa, medicamentos y refugio a los arakeneses desplazados. Por el contrario, el acceso de la población rohingya a los mercados, los alimentos y el trabajo sigue siendo peligroso o ha sido bloqueado, y muchos rohingya llevan varias semanas ocultos.
El Gobierno ha restringido el acceso a zonas afectadas, especialmente las regiones rohingya, lo que ha obstaculizado la respuesta humanitaria. Los trabajadores de las Naciones Unidas y de ayuda internacional se han enfrentado al arresto y a las amenazas y la intimidación de la población arakanesa local, que considera que las agencias de ayuda están sesgadas hacia los rohingya. Las restricciones gubernamentales han hecho que las agencias humanitarias no puedan acceder a ciertas áreas, como los pueblos al sur de Maungdaw.
“Las autoridades deben permitir inmediatamente el acceso sin trabas de las agencias humanitarias a todas las poblaciones afectadas, y deben empezar a trabajar en la prevención de futuros episodios de violencia entre las comunidades”, dijo Adams. “El Gobierno debe ayudar a ambas comunidades con la restitución de sus propiedades y asegurándose de que todos los desplazados pueden regresar a sus hogares y vivir con seguridad”.
Desde los episodios de violencia de junio, miles de rohingya han huido al vecino Bangladesh, donde se enfrentan al rechazo del Gobierno en violación del derecho internacional. Human Rights Watch presenció como los hombres, las mujeres y los niños rohingya, que llegaron a la costa y rogaron la compasión de las autoridades de Bangladesh, fueron empujados de regreso al mar en embarcaciones de madera muy poco adecuadas para navegar durante fuertes lluvias monzónicas, y fueron expuestos al riesgo de morir ahogados o de hambre en el mar o de que los persiguieran en Birmania. No se sabe cuántos murieron en estas embarcaciones devueltas al mar. Los que lograron llegar a Bangladesh viven ocultos, sin acceso a alimentos, refugio o protección.
En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, Bangladesh tiene la obligación de abrir sus fronteras y ofrecer refugio al menos temporal a los rohingya, hasta que puedan regresar a salvo a sus casas. Human Rights Watch instó a los Gobiernos preocupados por la situación a que asistan a Bangladesh para lograrlo y que presionen tanto a Birmania como a Bangladesh para que pongan fin a los abusos y garanticen la seguridad de los rohingya.
“Bangladesh está violando sus obligaciones legales internacionales al empujar despiadadamente a solicitantes de asilo al mar abierto en barcos destartalados”, dijo Adams.
Testimonios de “The Government Could Have Stopped This”
“Lo discutimos y decidimos quemar algunos pueblos [rohingya] que todos los musulmanes usaban como cuartel general. Por ejemplo, Narzi y Bhumi. Primero comenzamos a prender fuego al pueblo de Bhumi, el cuartel general del pueblo musulmán. Incendiamos las casas y después ellos incendiaron las nuestras. En algunas zonas no quemamos casas. Habría sido una locura en algunas zonas en las que la mayoría de las casas están cerca de casas de arakaneses. Se habrían prendido fuego todas. Fue una ofensiva de tres días. Empezó cerca del pueblo de Bhumi, cerca de la Universidad de Sittwe, porque Bhumi es su cuartel general”.
– Un arakanés de 45 años, Sittwe, estado de Rakhine, junio de 2012
“Los primeros musulmanes [que llegaron] usaron pistolas. En ese momento, escuchamos los disparos y mi esposo intentó atacar a los musulmanes. Lo mataron ahí mismo en el pueblo. Le cortaron un brazo y casi le cortaron la cabeza. Tenía 35 años”.
– Una arakanesa, de 31 años y madre de cinco niños, Sittwe, estado de Rakhine, junio de 2012
“Me caí y no podía respirar por el miedo que tenía. Observétoda la violencia. Alrededor de 300 musulmanes llegaron a atacar el pueblo. Llegaron y quemaron las casas. Vi como quemaban las casas... La policía no acudió durante la violencia. Cuando los musulmanes vinieron y quemaron el pueblo, huí. No vi a ningún policía hasta que llegué a Sittwe”.
– Una arakanesa de 40 años, Sittwe, estado de Rakhine, junio de 2012
“Delante de mis ojos, primero llegaron los Lon Thein [paramilitares] y dijeron que venían a protegernos, pero cuando los arakaneses llegaron y prendieron fuego a las casas, intentamos apagar los fuegos y empezaron a golpearnos. Mucha gente recibió disparos [de la policía] a bocajarro. Vi como disparaban a gente a bocajarro. Todo el pueblo lo presenció. Había gente de mi pueblo. Estaban a cinco o seis metros de mí... Vi como mataban al menos a 50 personas... Cuando intentamos apagar el fuego, no nos dejaron ir. Primero dispararon una vez al aire, y después contra la gente”.
– Un rohingya de 28 años, Sittwe, estado de Rakhine, junio de 2012
“El Gobierno no devolvió los cuerpos a nuestra familia. Se los llevaron y los cremaron en el monasterio. No me entregaron los cuerpos de mis dos cuñados... Los arakaneses los mataron delante de mí. La policía estaba en el lugar. No estábamos lejos de la policía. Los mataron delante de mí y la policía no hizo nada”.
– Un rohingya de 65 años, Sittwe, estado de Rakhine, junio de 2012
