(Nueva York) – La Corte Suprema de Estados Unidos debe impedir que el estado de Georgia ejecute a un hombre cuyas pruebas indican que tiene una discapacidad intelectual significativa. La ejecución de Warren Lee Hill, Jr. está programada para el 23 de julio de 2012.
El problema del caso es la norma que se emplea en Georgia para probar la discapacidad intelectual. En 2002, en el caso Atkins v. Virginia, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió la ejecución de personas con discapacidad intelectual, y concluyó que dicha práctica viola la prohibición de la pena cruel e inusual contemplada en la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, dejó que los estados decidieran la manera de aplicar esta prohibición. La mayoría de los estados ha requerido a los acusados que demuestren que lo más probable es que tengan una discapacidad intelectual, mediante el uso de la norma de la “preponderancia de la evidencia”. Georgia es el único estado que exige a los acusados que demuestren su discapacidad más allá de toda duda razonable.
“El requisito de demostrar la discapacidad intelectual más allá de toda duda razonable en los casos de penas de muerte convierte a Georgia en una anomalía extrema y cruel”, dijo Antonio Ginatta, director de Incidencia en Estados Unidos. “La Corte Suprema no debe dejar que Georgia quebrante la prohibición de ejecutar a personas con discapacidad intelectual por un tecnicismo legal”.
Las pruebas realizadas a Hill han demostrado que tiene un coeficiente intelectual de aproximadamente 70, lo cual queda en la misma franja de diagnóstico considerada por la Corte Suprema en el caso Atkins. Organizaciones de defensa de personas con discapacidad han señalado que el tipo de discapacidad intelectual de Hill hace que esté especialmente expuesto al riesgo de un ejecución injusta, ya que no es fácil observar sus deficiencias.
Hill fue condenado a muerte en 1990 por matar a otro preso, Joseph Handspike. En ese momento, Hill ya estaba cumpliendo una pena de cadena perpetua por el asesinato en 1986 de su novia, Myra Wright.
En noviembre de 2002, un juez del estado de Georgia dictaminó que había una preponderancia de evidencias de la discapacidad intelectual de Hill. Sin embargo, en 2003, la Corte Suprema de Georgia anuló el fallo y reimpuso la condena a muerte a Hill; y posteriormente un tribunal federal de apelaciones decidió que, conforme a las leyes de Georgia, los acusados sujetos a la pena de muerte, como Hill, tienen que probar más allá de toda duda razonable que tienen una discapacidad intelectual para poder evitar la ejecución.
“En lo que se refiere a la pena capital, se puede argumentar que el estado de Georgia ha trasladado la carga de la prueba a la parte que tiene menos capacidad para superarla”, señaló Ginatta. “En los casos penales, el estado tiene que demostrar su caso más allá de toda duda razonable para anular la presunción de inocencia. Sin embargo, en Georgia, se supone que está justificado condenar a muerte a una persona con discapacidad intelectual, a menos que puede comprobar su discapacidad más allá de toda duda razonable”.
El 13 de julio, el Consejo de Indultos y Libertad Condicional del Estado de Georgia (Georgia State Board of Pardons and Parole) escuchó la petición de clemencia de Hill para que se conmutara su pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. Pero el 16 de julio el consejo denegó la petición, así como un recurso para la suspensión de la ejecución durante 90 días. Los abogados de Hill están solicitando a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda la ejecución. Han dicho que, si no lo consiguen, presentarán nuevos recursos antes los tribunales estatales y federales.
La ejecución de Hill se había programado inicialmente para el 18 de julio, pero el 17 de julio el Departamento de Correccionales de Georgia anunció que iba a posponer la ejecución hasta el 23 de julio, con el fin de modificar su protocolo de inyección letal.
Además de la Constitución federal, Estados Unidos ha contraído la obligación en virtud del derecho internacional de derechos humanos de no ejecutar a personas con discapacidad intelectual. En 2011, durante el proceso del Examen Periódico Universal de Estados Unidos en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos apoyó una recomendación contra la ejecución de personas con “ciertas discapacidades intelectuales”.
Sin embargo, al permitir que los estados tengan un amplio margen para determinar la discapacidad intelectual, Estados Unidos está violando sus obligaciones internacionales y permitiendo en la práctica que los estados ejecuten a personas con discapacidad intelectual.
Human Rights Watch se opone a la pena capital en todas las circunstancias debido a que la dignidad inherente de la persona es incompatible con la pena de muerte. Este tipo de castigo se distingue por su crueldad y finalidad, y está inevitable y universalmente plagado de arbitrariedad, prejuicios y errores.
