(Río de Janeiro) – Los problemas económicos mundiales se ven agravados por un retroceso en materia de derechos humanos con la preocupante carencia de compromisos adoptados durante la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable de la ONU Río+20, señalaron hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro por el Derecho Ambiental Internacional (Center for International Environment Law, CIEL) al cierre de la conferencia.
El objetivo de la cumbre Río+20 era renovar los compromisos políticos vinculados con el desarrollo sustentable que fueron asumidos en la conferencia original, celebrada 20 años atrás, evaluando los avances y las brechas en la implementación, y analizando los nuevos problemas que se hayan manifestado.
“Los países del G77, la Santa Sede y Canadá formaron una vergonzosa alianza para impedir la adopción de un compromiso con los derechos humanos, en algunas ocasiones con el apoyo de Estados Unidos”, manifestó Jan Egeland, subdirector ejecutivo de Human Rights Watch. “A pesar de la oposición, en el documento final se consiguió mantener las disposiciones sobre derechos, aunque esto es no es suficiente”.
La Santa Sede lideró la posición contra el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y recibió el apoyo del G77, una organización conformada por países en desarrollo. Los países participantes hicieron hincapié en la necesidad de asegurar el acceso universal a la salud reproductiva, que incluye la planificación familiar y la salud sexual, y de que el documento final hiciera referencia a la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Sin embargo, se eliminó el texto que se refería expresamente a los derechos reproductivos.
Canadá, el G77 y Estados Unidos unieron fuerzas para evitar que se reafirmara la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. En el curso de las negociaciones, los gobiernos tampoco abordaron las obligaciones de derechos humanos que les corresponden cuando actúan como accionistas de instituciones financieras internacionales (IFI).
En el documento final, los gobiernos reconocieron que el desarrollo sustentable exige la participación genuina y activa de la sociedad civil y de numerosos grupos marginados, como las personas con discapacidad, entre otros. Sin embargo, los gobiernos eliminaron cualquier referencia al derecho a la libertad de asociación y de reunión, según señalaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch y CIEL. Además, en la versión preliminar del documento final, ni siquiera se contempló el derecho a la libertad de expresión, el cual resulta fundamental para la participación y la rendición de cuentas.
Por otra parte, diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su perplejidad ante la falta de posibilidades de participación genuina en el proceso de la cumbre de Río.
“El G77 cuestionó los derechos de libertad de reunión y asociación, mientras que quienes defendieron estos derechos en el pasado se negaron a luchar por ellos”, manifestó Egeland. “Es sorprendente que, a poco tiempo de la Primavera Árabe, los gobiernos no alcen sus voces para apoyar el derecho a la libertad de expresión en el contexto del desarrollo sustentable”.
Los líderes mundiales reafirmaron la importancia para el desarrollo de respetar todos los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Los gobiernos reconocieron la importancia de determinados derechos económicos y sociales en el documento final, como los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación. Por primera vez en una cumbre importante de la ONU, los países han reafirmado el derecho al agua potable segura y la salubridad. Los gobiernos asumieron el compromiso de trabajar para lograr, en forma progresiva, que el disfrute de tales derechos se convierta en una realidad para todos.
“Es lamentable que algunos gobiernos intenten, arbitrariamente, excluir la cuestión de las aguas transfronterizas del alcance del derecho al agua”, expresó Savio Carvalho, director del programa Exige Dignidad de Amnistía Internacional. “El hecho de que estos intentos hayan sido infructuosos es una señal positiva para los derechos humanos”.
Según estas organizaciones de defensa de derechos, la cumbre Río+20 tampoco ha logrado integrar los derechos humanos con la protección ambiental. Mientras que, por un lado, es cada vez más común que los tribunales internacionales, regionales y de los países, así como los organismos de derechos humanos, reconozcan el daño ambiental como una causal de violaciones de derechos humanos, y han establecido categóricamente la responsabilidad del Estado en materia de protección ambiental, el proceso de Río+20 no tuvo en cuenta el derecho a un ambiente saludable.
“La protección ambiental es fundamental para asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos”, manifestó el Dr. Marcos Orellana, director de Derechos Humanos y Medioambiente de CIEL. “Al no reconocer en forma expresa el derecho a un medioambiente saludable, el documento de Río+20 no consigue responder a la crisis global, ecológica y de pobreza que afecta a la humanidad y al planeta”.
La Declaración de Río de 1992, en la cual se dispusieron 27 principios que orientarían el desarrollo sustentable en el futuro, mencionó el derecho al desarrollo e hizo referencia al derecho internacional, y reconoció que las personas deben tener acceso a información relacionada con el medioambiente, así como la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones.
“Si bien se han producido algunos avances en el documento final definitivo, es absurdo que debamos intervenir para defender la inclusión de los derechos humanos”, manifestó Carvalho.
