(Toronto) - Un proyecto de ley que impondría la detención obligatoria de algunos inmigrantes violaría las obligaciones jurídicas internacionales y vinculantes de Canadá, Human Rights Watch señaló hoy. En una carta a los miembros del Parlamento, Human Rights Watch dijo que el proyecto de ley C-31, titulado "Ley para la Protección del Sistema de Inmigración Canadiense", violaría la legislación de derechos humanos al permitir un año de detención sin revisión de caso para ciertos grupos de personas, entre ellas niños de 16 y 17 años de edad.

"En lugar de identificar y castigar a los traficantes de personas, este proyecto de ley castigaría a sus víctimas", dijo Bill Frelick, director del Programa de Refugiados de Human Rights Watch. "Canadá debería perseguir a quienes se benefician del tráfico de personas, no a quienes huyen de la persecución".

El proyecto de ley C-31 impondría un año de detención obligatoria para individuos en ciertas categorías que hayan llegado al país de manera irregular. También impediría que estas personas, entre ellas algunas reconocidas como refugiadas, obtengan la residencia permanente durante cinco años. Ambas disposiciones contravienen las obligaciones de Canadá en virtud del artículo 31 de la Convención sobre Refugiados, que prohíbe castigar a los refugiados a causa de su entrada o presencia ilegal en un país. El periodo de cinco años en que se prohibiría solicitar la residencia permanente también daría lugar a importantes retrasos en la reunificación familiar, dijo Human Rights Watch.

Las disposiciones para la detención obligatoria e inapelable del proyecto C-31, que también se aplicarían a los niños de 16 y 17 años de edad, violan la Convención sobre los Derechos del Niño, que define a los niños como las personas menores de 18 años y prohíbe detenerlos de manera arbitraria.

"Detener a niños de 16 y 17 años de edad de manera obligatoria e inapelable es un retroceso en los compromisos de Canadá para con los niños", dijo Frelick. "A pesar de que ahora el Gobierno propone eliminar la detención obligatoria para los niños menores de 16 años de edad, si sus padres son detenidos, los niños serán detenidos con sus padres o separados de ellos por un año. De cualquier manera, la situación podría tener efectos dañinos para los menores".

El proyecto de ley C-31 también se le daría al Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo autoridad exclusiva para designar a ciertos países como "seguros", lo que supondría que son libres de persecución y no exiten razones válidas para que personas provenientes de estas naciones soliciten refugio. Los solicitantes de refugio de los países incluidos en la Lista de Países de Origen Designados tendrían audiencias expeditas, no tendrían acceso a recurso ante la nueva División de Apelación para Refugiados, y si solicitan la revisión de su caso ante el Tribunal Federal, esto no suspendería automáticamente su expulsión. En la práctica, esto significa que para cuando el Tribunal Federal revierta una denegación de asilo, los refugiados ya habrán sido objeto de persecución en su país de origen.

Al presentar el proyecto de ley C-31, el Ministro de Ciudadanía, Inmigración y Multiculturalismo citó específicamente a solicitantes de asilo de la Unión Europea como personas que presuntamente deben ser consideradas como provenientes de países seguros. Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado violencia racista y xenófoba dirigida particularmente contra romaníes e inmigrantes – así como protección policial inadecuada– en un número de países miembros de la UE, entre los que se encuentran Italia, Grecia y Hungría.

"Creemos que es imposible determinar de manera general que un determinado país es seguro para todo el mundo y nunca daría lugar a que una persona deba solicitar refugio en el exterior", dijo Frelick. "En los lugares donde existan listas de 'países seguros', no creemos que la decisión de identificar a esos países, que podría tener consecuencias terribles si resulta ser incorrecta, se debe dejar en manos de una sola persona".