(Nueva York) – Las fuerzas de seguridad de Yemen invadieron y bombardearon hospitales, desalojaron a pacientes a punta de pistola y golpearon a médicos durante la represión de un movimiento de protesta el año pasado en la ciudad de Taizz, foco de los disturbios, que dejó un saldo de al menos 120 muertos, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. El presidente yemení Ali Abdullah Saleh, quien se encuentra en Estados Unidos recibiendo tratamiento médico, obtuvo el beneficio de la amnistía por los ataques en Yemen.
En el informe de 75 páginas, que lleva por título: “‘No Safe Places’: Yemen’s Crackdown on Protests in Taizz” (“Sin lugares seguros: Represión yemení de protestas en Taizz”), Human Rights Watch insta a Estados Unidos, la Unión Europea y a los estados del golfo Pérsico a reconocer públicamente que la inmunidad otorgada el mes pasado a Saleh y sus colaboradores en el país no tiene efectos jurídicos fuera de Yemen.
“Las fuerzas del presidente Saleh dejaron cientos de civiles muertos y heridos, desalojaron a pacientes de los hospitales e impidieron que heridos de guerra recibieran atención”, afirmó Letta Tayler, investigadora sobre Yemen de Human Rights Watch. “Saleh tiene derecho a recibir atención médica, pero ni él ni sus colaboradores tienen derecho a gozar de inmunidad procesal por delitos internacionales”.
Cuando la población yemení salió a las calles en enero de 2011 para exigir el final del régimen de Saleh luego de 33 años en el poder, la ciudad de Taizz, ubicada 250 kilómetros al sur de la capital Saná, se convirtió en centro de los movimientos de resistencia pacífica y armada, así como en escenario de numerosas violaciones de derechos humanos y transgresiones del derecho de guerra. “No Safe Places” se elaboró a partir de más de 170 entrevistas con manifestantes, médicos, defensores de derechos humanos y otros testigos de ataques perpetrados en Taizz por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y bandas partidarias de Saleh entre febrero y diciembre de 2011.
Fueron varias las oportunidades en que las fuerzas de seguridad yemeníes respondieron a los manifestantes en Taizz, en su mayoría pacíficos, con un uso de la fuerza excesivo y en ocasiones letal. Durante los ataques contra fuerzas de la oposición que comenzaron a mediados de 2011, también bombardearon zonas pobladas de la ciudad en forma indiscriminada. Gran parte de los bombardeos efectuados por tropas gubernamentales se lanzaron desde el Hospital al-Thawra, el principal centro médico de la ciudad, que durante el período entre junio y diciembre permaneció ocupado y prácticamente no brindó atención médica.
Uno de los ataques más graves contra manifestantes se produjo en la noche del 29 al 30 de mayo en la Plaza de la Libertad de Taizz, cuando fueron reprimidos con disparos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de bandas armadas, que incendiaron las carpas de los manifestantes e irrumpieron violentamente en un predio al aire libre que estos ocupaban desde febrero. En este hecho, 15 manifestantes fueron asesinados y más de 260 resultaron heridos. Uno de los manifestantes, el profesor de historia ArifAbd al-Salam, de 32 años, describió en los siguientes términos la agresión de las fuerzas de seguridad:
Tenían tanques y topadoras. Arrojaban bombas molotov dentro de las carpas y disparaban en distintas direcciones. Pude ver con mis propios ojos a un hombre que con un altavoz pedía a las fuerzas de seguridad que cesaran de atacar y matar a sus propios hermanos. Recibió un disparo y murió en el acto.
Entre las víctimas de la represión en Taizz se encontraban manifestantes y transeúntes. El maestro Qaid al-Yusifi fue asesinado el 9 de julio cuando salió a buscar leche para sus hijos en al-Rawdha, uno de los bastiones opositores que fue atacado en reiteradas oportunidades por artillería del Gobierno. La esposa de Al-Yusifi, Labiba Hamid Muhammad Saif, contó a Human Rights Watch que sintió al menos tres explosiones cerca de la vivienda de la pareja:
Intentamos mirar por la ventana porque escuchamos gritos. Había varios heridos y vecinos que intentaban rescatarlos. La electricidad estaba cortada y no podía reconocer a los heridos. Luego vi que uno de ellos era mi esposo, Qaid. No traía más que jugo, leche y agua; no llevaba ni explosivos ni balas.
De las 120 muertes confirmadas por Human Rights Watch en Taizz, 57 eran manifestantes y transeúntes que murieron durante ataques efectuados por las fuerzas de seguridad y por bandas durante protestas mayormente pacíficas, y 63 eran civiles que murieron en bombardeos y otros ataques perpetrados durante operativos militares contra grupos tribales armados de la oposición. Al menos 22 de las víctimas de los ataques en Taizz eran niños.
El 30 de mayo, durante el ataque en la Plaza de la Libertad, miembros de las fuerzas de seguridad y de bandas armadas ingresaron por la fuerza en cinco establecimientos médicos que atendían a manifestantes heridos. Un médico de uno de estos establecimientos contó haber visto cuando un soldado le propinaba un culatazo en el rostro a un manifestante herido, quien quedó inconsciente tras la agresión. En una mezquita ubicada en la Plaza de la Libertad, donde se había improvisado un hospital, miembros de las fuerzas de seguridad hundían la parte posterior de sus armas en las heridas de los manifestantes, según relataron diversos testigos a Human Rights Watch.
El 11 de noviembre, el Ejército bombardeó el hospital al-Rawdha, adonde habían acudido numerosos civiles heridos tras otro ataque perpetrado ese mismo día por las fuerzas de seguridad. Los restos de artillería que se encontraron en el hospital luego de los ataques sugieren que los tanques habrían disparado en forma directa y que se trató de una agresión deliberada. Uno de los pacientes murió tras caer por un boquete que se abrió en la pared a causa de las explosiones.
Muchos de los ataques ilícitos documentados en el informe fueron cometidos por miembros de la Guardia Republicana, una unidad de elite del Ejército comandada por el hijo de Saleh, el brigadier general Ahmed Ali Abdullah Saleh, y por la Seguridad Central, una unidad paramilitar dirigida por el sobrino del presidente, el general Yahya Muhammad Saleh.
Los ataques contra manifestantes por parte de miembros de las fuerzas de seguridad yemeníes transgredieron las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a expresarse y a reunirse en forma pacífica, así como los estándares internacionales sobre uso de la fuerza y de armas de fuego. La negación de atención médica a manifestantes heridos constituyó una violación del derecho a la salud.
El derecho internacional sobre conflictos armados se aplica a los enfrentamientos mantenidos entre fuerzas de seguridad y milicias opositoras lideradas por jeques locales. Las fuerzas de seguridad violaron el derecho internacional al bombardear indiscriminadamente barrios con población civil. La ocupación de hospitales y el maltrato de trabajadores médicos por las fuerzas de seguridad vulneran el principio de neutralidad médica y el deber de respetar y proteger a las instalaciones y el personal médico.
Al desplegarse en zonas pobladas, las milicias opositoras pusieron en riesgo a civiles de manera ilícita, afirmó Human Rights Watch. “Les pedimos que no disparasen cerca de nuestra casa”, contó un residente de al-Rawdha en septiembre, “pero continuaron haciéndolo”.
Saleh culpa a los “terroristas” por los sangrientos sucesos ocurridos en Taizz y otras ciudades. En diciembre, en una respuesta escrita a las conclusiones de Human Rights Watch, el Gobierno atribuyó las muertes de manifestantes y civiles a “ataques repentinos... perpetrados por milicias armadas [opositoras]”. Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en el lugar no encontraron evidencias de que esto sea cierto.
Desde abril, un acuerdo mediado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), y respaldado por Estados Unidos y la Unión Europea, prometió reconocer a Saleh y sus colaboradores inmunidad absoluta a cambio de que el presidente transfiriera el poder. Saleh suscribió el acuerdo en noviembre, y el 21 de enero de 2012 el parlamento yemení otorgó inmunidad al presidente y sus colaboradores. Por su condición de jefe de Estado, Saleh goza asimismo de inmunidad diplomática en el exterior hasta que deje el cargo formalmente el 21 de febrero.
Además de negarse a reconocer la ley sobre inmunidad, Estados Unidos, la Unión Europea y los Estados miembros del GCC deberían instar al nuevo gobierno de transición yemení a revocar la medida por resultar violatoria de las obligaciones jurídicas internacionales de Yemen, señaló Human Rights Watch. El derecho internacional no reconoce la amnistía en casos de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad u otras violaciones graves de derechos humanos.
“Estados Unidos, la Unión Europea y los estados del Golfo deberían pronunciarse claramente acerca de que la inmunidad no tiene validez en el exterior y debería ser revocada en Yemen”, expresó Tayler. “Ninguna persona responsable de graves delitos internacionales debería poder actuar con impunidad”.
