(Dubái) - Durante 2011, los Emiratos Árabes Unidos reprimieron el derecho de sus ciudadanos a expresarse y formar asociaciones independientes, Human Rights Watch señaló hoy en la publicación de su Informe Mundial 2012 en una conferencia de prensa en Dubái.

 

Autoridades de los EAU acosaron, arrestaron, encarcelaron a activistas y disolvieron los consejos electos de dos de las organizaciones más importantes de la sociedad civil del país.

 

"En el año de la Primavera Árabe, los Emiratos Árabes Unidos avanzaron en la dirección opuesta al perseguir penalmente a los habitantes que se atrevieron a criticar al Gobierno", dijo Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch.

 

En su informe de 676 páginas, Human Rights Watch evaluó los progresos en materia de derechos humanos durante el año pasado en más de 90 países, entre los que se encuentran los levantamientos populares del mundo árabe que pocos hubieran podido imaginar. Teniendo en cuenta las fuerzas violentas que se resistían a la "Primavera Árabe", la comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar para ayudar el nacimiento de democracias que respeten los derechos en la región, señaló Human Rights Watch en el informe.

 

En los Emiratos Árabes Unidos, a principios de abril, las autoridades arrestaron a cinco activistas, conocidos como los "UAE 5," después de que supuestamente publicaron declaraciones en el foro de Internet UAE Hewar, sitio que ha sido prohibido por las autoridades. Ninguno de los mensajes en UAE Hewar que han sido atribuidos a los UAE 5 fue más allá de la crítica pacífica de las políticas gubernamentales o los líderes políticos, dijo Human Rights Watch y otros grupos de derechos que revisaron los mensajes.

 

El Estado acusó a los cinco hombres a principios de junio de acuerdo a los artículos 176 y 8 del código penal los Emiratos Árabes Unidos, que castigan los "insultos" públicos a los funcionarios más importantes del país. Durante el juicio, la Corte Suprema Federal claramente violó los derechos de los activistas un juicio justo y se negó a concederles la libertad provisional. Después de su condena el 27 de noviembre, el presidente de los EAU disminuyó sus penas de cárcel. Aunque los hombres fueron puestos en libertad, sus pasaportes aún no han sido devueltos.

 

"Para proteger el derecho de los habitantes a expresarse, las autoridades deben eliminar las disposiciones del código penal que disponen el encarcelamiento de personas por insultar a funcionarios del Gobierno", dijo Whitson. "Estas leyes no tienen cabida en el siglo 21, ni en los Emiratos Árabes Unidos".

 

Autoridades de los EAU han tomado incluso medidas más drásticas contra la libertad de expresión a través del desmantelamiento de los consejos elegidos de la Asociación de Juristas y la Asociación de Maestros. Esto sucedió después de que estas organizaciones, junto con otras dos ONG firmaron un llamamiento público en abril exigiendo una mayor democracia en el país. Los decretos reemplazaron a los miembros electos del comité con funcionarios del Estado y dijeron que las asociaciones habían violado la ley de 2008 sobre asociaciones, que prohíbe a las organizaciones y sus miembros interferir "en política o en asuntos que afecten la seguridad del Estado y el régimen en poder".

 

Al-Islah, un grupo islamista, emitió un comunicado en diciembre diciendo que las autoridades habían confiscado los documentos de ciudadanía de siete de sus miembros, algunos de los cuales habían firmado una petición en marzo solicitando reformas políticas. Autoridades de los Emiratos Árabes Unidos reconocieron después que por medio de una orden presidencial se había despojado a seis de los hombres de su ciudadanía por "actos que suponen una amenaza para la seguridad del Estado". Las autoridades no han hecho ningún comentario público sobre el séptimo caso.

 

Uno de los hombres le dijo a Human Rights Watch que las autoridades no le mostraron la orden presidencial ni le dieron detalles sobre las acusaciones en su contra. Tuvo que entregar su tarjeta nacional de identidad y de seguro médico. Dado que ya no cuenta con ciudadanía alguna, las autoridades de inmigración le han instado a obtener un patrocinador o podría ser encarcelado.

 

Los trabajadores migrantes en los Emiratos Árabes Unidos experimentaron algunas mejoras en sus condiciones, sobre todo en la isla Saadiyat, el sitio de un importante desarrollo y proyecto de construcción. El Gobierno emitió nuevas regulaciones laborales en enero para proteger a los trabajadores de los reclutadores inescrupulosos que les cobran cuotas ilegales y les hacen firmar contratos falsos.

 

En marzo, la Universidad de Nueva York anunció que iba a contratar a la empresa constructora del Reino Unido Mott MacDonald para vigilar las condiciones de trabajo en su campus de Abu Dabi. En mayo la Compañía de Turismo para el Desarrollo y la Inversión (TDIC), un desarrollador del gobierno de Abu Dabi, anunció la selección de la firma internacional de auditoría PwC para supervisar las condiciones de los trabajadores en la isla Saadiyat. Ambas firmas publicarán informes anuales sobre sus resultados. Sin embargo, ni la Universidad de Nueva York ni TDIC han dado a conocer la información completa sobre los términos de referencia o la metodología que sus empresas de vigilancia utilizarán.

 

En marzo, la TDIC también modificó su política de prácticas de empleo para exigir a los contratistas reembolsar a sus empleados por los costos de contratación y aquellos asociados con su empleo en la isla Saadiyat. Muchas mujeres extranjeras que trabajan como empleadas del hogar en los Emiratos Árabes Unidos sufren impago de salarios, privación de alimentos, largas jornadas de trabajo, confinamiento forzado y abuso físico o sexual. En junio, los Emiratos Árabes Unidos votaron a favor de adoptar la Convención sobre el trabajo decente para los trabajadores domésticos de la Organización del International del Trabajo (OIT). La convención requiere que el Gobierno de los EAU proporcione a los trabajadores del hogar protecciones laborales equivalentes a las que gozan otros trabajadores, como las que regulan las horas de trabajo y la compensación por horas extras. Las nuevas normas también obligan al Gobierno de los EAU a proteger a los trabajadores del hogar de la violencia y el abuso, y a garantizar la vigilancia y cumplimiento efectivos.