(Berlín) – Uzbekistán no ha cumplido sus promesas de poner fin a la tortura dentro de su sistema de justicia penal, como la aplicación de descargas eléctricas y asfixia, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Las salvaguardias para poner fin a la práctica, anunciadas a bombo y platillo, no se han puesto en práctica. Los gobiernos occidentales que intentan estrechar lazos con este gobierno autoritario de Asia Central han hecho caso omiso de los abusos por razones estratégicas.
El informe de 104 páginas, “‘No One Left to Witness’: Torture, the Failure of Habeas Corpus, and the Silencing of Lawyers in Uzbekistan” ("'No quedan testigos': La tortura, la falta de hábeas corpus, y el silenciamiento de abogados en Uzbekistán"), proporciona una rara evidencia directa de los abusos a los derechos humanos a gran escala en este país aislado, al que los expertos en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tienen prohibida la entrada desde hace casi una década. En Uzbekistán, los activistas a favor de los derechos humanos languidecen en la cárcel y se reprime despiadadamente a la sociedad civil independiente.
"Los países occidentales deben darse cuenta de que Uzbekistán es un Estado paria con uno de los peores historiales de derechos humanos", dijo Steve Swerdlow, investigador sobre Uzbekistán de Human Rights Watch. "Su vecindad con Afganistán no debe de excusa para no exigir responsabilidades a Uzbekistán por su terrible historial de tortura y represión".
El informe se basa en más de 100 entrevistas realizadas en Uzbekistán entre 2009 y 2011.
La tortura es un problema crónico en Uzbekistán, como demostró en 2002 el caso de un hombre encarcelado por "extremismo" religioso que, según los expertos, murió como consecuencia de la inmersión en agua hirviendo en una importante prisión, hecho que desató indignación a nivel internacional. Las observaciones de los organismos de las Naciones también afirman que la tortura es tanto "generalizada" como "sistemática".
Sin embargo, la tortura en Uzbekistán no es cosa del pasado. Human Rights Watch documentó casos en los que las autoridades vertieron agua hirviendo sobre una activista durante un interrogatorio, golpearon a detenidos con porras de goma y botellas llenas de agua, los colgaron por las muñecas y los tobillos, los sometieron a violación y humillación sexual, y los asfixiaron con bolsas de plástico y máscaras de gas.
Human Rights Watch observó que el Gobierno ha destrozado efectivamente la independencia de los profesionales del derecho y ha suspendido la licencia para ejercer de algunos de los abogados que se han manifestado más abiertamente en Uzbekistán. El Gobierno niega sistemáticamente el acceso de los detenidos a un abogado.
A pesar de este historial de abusos y represión, en los últimos años, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y algunos de los principales gobiernos europeos han atenuado drásticamente su posición en materia de derechos humanos frente a Tashkent, debido a la importancia estratégica de Uzbekistán con respecto al vecino Afganistán como ruta terrestre para las tropas y los suministros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La UE levantó las sanciones a Uzbekistán en 2009, mientras que, en septiembre de 2011, el Congreso de Estados Unidos decidió retirar las restricciones en materia de derechos humanos a la asistencia, incluso a la ayuda militar, otorgada al Gobierno uzbeko. Alemania, que tiene arrendada una base militar en Termez, al sur de Uzbekistán, no ha querido adoptar una posición pública sobre las violaciones de los derechos humanos en Uzbekistán. En noviembre, el Reino Unido también entabló negociaciones con el Gobierno de Uzbekistán sobre la posibilidad de utilizar su territorio para trasladar suministros para las tropas fuera Afganistán.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales clave deben apoyar la creación de un mecanismo especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Uzbekistán y considerar la imposición de medidas punitivas específicas, tales como la congelación de activos y la prohibición de visados para los funcionarios del Gobierno uzbeko responsables de la tortura y otras graves violaciones de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
En un caso de tortura descrito en el informe, la esposa de "Abdumannob A.", cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su seguridad, habló las palizas sufridas por su esposo en un centro de detención preventiva de Tashkent, a finales de 2008 y gran parte de 2009, cuando estuvo detenido por los servicios de seguridad acusado de espionaje. Contó a Human Rights Watch:
Los funcionarios lo colgaban del techo por las muñecas, y ocho o nueve de ellos le pegaban uno tras otro. Cuando lo vi, era evidente que lo habían colgado por las muñecas. Podía ver las marcas. Me dijo que, en varias ocasiones, trajeron a guardias y detenidos a los interrogatorios y les dieron agujas para que se las metieran bajo las uñas. En una ocasión, los guardias lo esposaron a las rejas de su celda y le quemaron el pene con periódicos en flamas, lo que le provocó una quemadura de segundo grado.
Human Rights Watch también se entrevistó con la madre de un muchacho de 18 años, quien había sido detenido como "testigo" en 2010 por su supuesta participación en una pelea callejera. Describió cómo, según su hijo, la policía le había puesto una máscara de gas para provocarle asfixia, y le obligaron a firmar una confesión declarando que otro muchacho también estuvo presente en la pelea.
En 2008, el Gobierno de Uzbekistán adoptó con mucha fanfarria el hábeas corpus - la revisión judicial de la detención - y aprobó posteriormente otras reformas legales, con la intención aparente de combatir estos casos de tortura. Los gobiernos europeos y la UE citaron estas medidas como muestras de "progreso" cuando decidieron levantar las sanciones.
En realidad, el historial de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos de Uzbekistán no ha mejorado desde la adopción del hábeas corpus y ha empeorado en varios aspectos, dijo Human Rights Watch.
"Hablar de reformas mientras que los funcionarios policiales y penitenciarios no dudan en torturar a la gente no es una mejora", dijo Swerdlow. "Este problema no terminará hasta que los líderes de Uzbekistán, comenzando por el presidente Islam Karimov, reconozcan públicamente su magnitud y empiecen inmediatamente a cumplir los compromisos internacionales de Uzbekistán".
El hábeas corpus ha contribuido muy poco a proteger a los detenidos frente a la detención arbitraria, la tortura o el maltrato. Algunos abogados dijeron a Human Rights Watch que los tribunales uzbecos aprueban las solicitudes de detención presentadas por los fiscales en casi todos los casos, sin examinar por su cuenta las razones de la solicitud. Los abogados señalaron que, a menudo, los tribunales aceptan literalmente los textos propuestos por el Gobierno cuando deciden autorizar las detenciones.
De conformidad con las leyes de Uzbekistán, la policía y los investigadores pueden detener a los sospechosos hasta 72 horas antes de que comparezcan ante un juez para una audiencia de hábeas corpus, un plazo incompatible con las normas de derechos humanos. Las sesiones sobre hábeas corpus se celebran a puerta cerrada, lo que socava una salvaguardia fundamental destinada a promover la justicia en las audiencias.
Human Rights Watch observó que los agentes de policía y de seguridad utilizan la tortura para obligar a los detenidos a acusarse a sí mismos o a otros, y la consideran un instrumento eficaz para obtener condenas y cumplir las cuotas internas.
Desde mayo de 2005, cuando el Gobierno asesinó a cientos de personas, la mayoría de ellas desarmadas, en la ciudad oriental de Andiján, las autoridades uzbekas han obstaculizado cada vez más la investigación de los casos de tortura. Han encarcelado y hostigado a los activistas que tratan de documentar la tortura y se han negado a permitir que los observadores y las organizaciones internacionales de derechos humanos operen en el país.
Dentro de su campaña para controlar totalmente a los profesionales del derecho en el país, el Gobierno ha abolido los colegios independientes de abogados y ha exigido a los abogados que vuelvan a someterse a un examen profesional cada tres años, a menudo, con resultados inverosímiles. Algunos abogados con gran experiencia que han tenido que volver a hacer el examen han "reprobado", mientras que sus colegas más jóvenes "aprueban" con muy buena nota.
La nueva ley de reestructuración de la profesión legal viola la Constitución de Uzbekistán y las normas internacionales sobre la independencia de los abogados, y ha tenido un efecto paralizador sobre su trabajo, dijo Human Rights Watch. Se han suspendido las licencias para ejercer de varios abogados que aceptan constantemente casos políticamente sensibles o denuncian la tortura.
Human Rights Watch instó al Gobierno uzbeko a que ponga fin a la tortura. El Gobierno debe garantizar que se aplique el hábeas corpus de conformidad con las normas internacionales, que se protejan los derechos procesales, como el acceso a un abogado, y que se respete la independencia de los profesionales del derecho.
"Es absurdo hablar de que ha habido progreso en el Estado de derecho en Uzbekistán cuando se está silenciando a algunos de los abogados más firmes defensores de los derechos humanos e independientes del país", dijo Swerdlow."Si los abogados de defensa criminal no pueden operar sin la interferencia del Estado, puede haber pocas esperanzas de hacer frente a la epidemia de tortura en Uzbekistán".
