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Guinea Ecuatorial: Liberar a miembro de la oposición

Arresto previo al referéndum atenta contra el compromiso de reforma

Actualización: Abaga fue liberado el 4 de noviembre

(Washington, D.C.)- El Gobierno de Guinea Ecuatorial deber liberar de inmediato a un miembro de la oposición y activista de la sociedad civil que fue arrestado el 1 de noviembre de 2011, aparentemente por motivos políticos, señalaron hoy Human Rights Watch y EG Justice. Marcial Abaga Barril, representante del principal partido opositor en el cuerpo nacional electoral, fue detenido fuera de su hogar sin una orden de arresto, supuestamente en relación con la investigación de un homicidio.

El arresto y la detención de Abaga se produce solo algunos días después del inicio de la campaña para realizar un referéndum el 13 de noviembre, que tiene por objeto aprobar los cambios constitucionales propuestos por el gobierno del presidente Teodoro Obiang. El partido de Abaga se ha opuesto en forma categórica a los cambios constitucionales. Fuentes cercanas a Abaga comentaron que el día que lo arrestaron había estado ayudando a planificar una serie de actos públicos destinados a ejercer presión para que se votara “no” en el referéndum.

“El arresto por motivos políticos de Marcial Abaga es un ejemplo más de la ofensiva del presidente Obiang contra las voces opositoras”, expresó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “La acusación de que Abaga está vinculado con un asesinato simplemente carece de toda credibilidad”.

El gobierno de Obiang ha intentado silenciar a aquellos que se oponen al referéndum. Policías uniformados y vestidos de civil desarticularon actos que realizaba esta semana el partido de Abaga, Convergencia para la Democracia Social (CPDS), y obligaron a los participantes a dispersarse, contó un testigo a EG Justice, grupo con sede en EE. UU. que trabaja por los derechos humanos y el Estado de derecho en Guinea Ecuatorial.

Abaga está en el comité ejecutivo nacional del partido. Es uno de los dos partidos políticos del país independientes del partido gobernante. Es miembro del consejo municipal de Malabo y también participa en la Comisión Nacional Electoral de Guinea Ecuatorial como representante de su partido. Según Human Rights Watch y EG Justice, el cuerpo electoral, dominado por elgobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) y representantes de partidos aliados, carece de la independencia necesaria para supervisar los votos en forma imparcial.

Human Rights Watch y EG Justice hicieron hincapié en que no existe un poder judicial independiente en Guinea Ecuatorial. El gobierno suele realizar arrestos arbitrarios y niega el debido proceso a los detenidos, reteniéndolos por períodos indefinidos sin informarles cuáles son los cargos en su contra. Se ignoran las normas básicas a un juicio justo. La tortura sigue siendo un grave problema, a pesar de que existe una ley nacional que la prohíbe. Según las fuentes, Abaga no ha denunciado maltratos.

Los cambios constitucionales que se someterán a votación el 13 de noviembre permitirían, potencialmente, que Obiang, de 69 años, pudiera desempeñarse en su cargo durante otros dos períodos de siete años cada uno. También crearían un nuevo cargo para un vicepresidente elegido a dedo, que se entiende sería ocupado por el hijo mayor de Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue, su supuesto sucesor.

El Obiang más joven ha sido objeto de investigaciones de corrupción y lavado de dinero en Francia, España y Estados Unidos. Hasta la fecha, estas investigaciones han resultado en la incautación de una flota de vehículos de lujo fuera de su residencia de París y en un intento del Gobierno estadounidense de incautar más de USD 70 millones en activos.

En octubre, el presidente designó a su hijo, conocido como Teodorín, como jefe de la campaña del partido gobernante para promocionar el referéndum. En 2010, Teodorín fue nombrado vicepresidente del partido gobernante.

La gestión de las elecciones de Guinea Ecuatorial fue muy criticada. El presidente Obiang fue reelegido en noviembre de 2009 con un 95.4 por ciento de los votos en una elección con poca observación internacional, lo que generó “la sospecha de que existió fraude sistemático en la votación”, según el Departamento de Estado de EE. UU. Antes de las elecciones, el Gobierno obstaculizó y acosó a la oposición política asediada del país, negó a la oposición la igualdad de acceso a los medios, e impuso graves restricciones a los observadores internacionales.

Abaga también se desempeña como líder de una organización de jóvenes que fomentan la educación en materia de recursos humanos, Sensación del Joven Futuro (SEJOF). Además, promueve una mayor transparencia en la gestión de los ingresos provenientes del petróleo por parte del Gobierno, mediante la participación en la coalición internacional Publique lo que Paga (Publish What You Pay) y en la ahora desaparecida Comisión Nacional para la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Hasta 2010, Guinea Ecuatorial era un país candidato a ser miembro de EITI; ese año, se le expulsó de la iniciativa.

Agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron a Abaga fuera de su hogar el 1 de noviembre alrededor de las 22h. Le informaron que eran de la policía, pero no dieron explicación alguna de su arresto, salvo que necesitaban interrogarlo como parte de una investigación, señaló un familiar. Lo llevaron a la cárcel de Malabo conocida como “Guantánamo” debido a su reputación por ser un lugar donde se abusa de los detenidos. Sus familiares, colegas y su abogado han podido visitarlo. Las leyes de Guinea Ecuatorial permiten que un sospechoso quede detenido bajo ningún cargo por un plazo de hasta 72 horas.

Fuentes cercanas a Abaga manifestaron que, en la tarde del 2 de noviembre (más de 12 horas después de su detención), se encontraba detenido en relación con una investigación policial por el supuesto homicidio de un cocinero que trabajaba para el presidente Obiang, ocurrido dos semanas antes. No se había informado al público tal incidente. Abaga niega firmemente la acusación, que Human Rights Watch y EG Justice describen como inverosímil.

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