(Bruselas) - Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) dieron un paso importante para garantizar justicia a las víctimas en Costa de Marfil al autorizar al fiscal de la CPI abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en el país durante la devastadora violencia post-electoral, Human Rights Watch señaló hoy.
En mayo, el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, pidió a la CPI abrir una investigación sobre la violencia post-electoral, afirmando que los tribunales de Costa de Marfil no podrían procesar a quienes se encuentren en los niveles más altos por los peores crímenes cometidos.
"Los jueces de la CPI han dado un paso fundamental hacia la rendición de cuentas de aquellos que cometieron los crímenes más graves en Costa de Marfil", dijo Elise Keppler, asesora legal sobre Justicia Internacional para Human Rights Watch. "El tribunal respondió a la solicitud del presidente de Costa de Marfil para abrir una investigación con el fin de garantizar que se haga justicia".
La mayoría de los jueces solicitaron al fiscal proporcionar información adicional sobre los crímenes cometidos entre 2002 y 2010 en el plazo de un mes, con el fin de decidir el ampliar o no la investigación para cubrir este período.
Las fuerzas leales al ex presidente Laurent Gbagbo y al actual presidente Ouattara cometieron delitos graves en violación al derecho internacional - incluidos crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad - entre diciembre de 2010 y abril de 2011. Entre los delitos tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional documentados por Human Rights Watch en enero, marzo, abril y junio del presente año se encuentran asesinatos, violaciones y otros abusos sexuales, desapariciones forzadas y ataques intencionales contra la población civil.
Sin embargo, la violencia post-electoral implicó más de una década de abusos de derechos humanos en Costa de Marfil, desde la violencia electoral de 2000 y el conflicto armado de 2002-2003 y sus consecuencias. Human Rights Watch, las Naciones Unidas y otras organizaciones documentaron violaciones graves del derecho internacional por las fuerzas bajo el control de Gbagbo y el ex ejército rebelde bajo el actual primer ministro, Guillaume Soro, entre las que se encontraron asesinatos, violencia sexual y la utilización de niños soldados. Nadie ha sido procesado de manera creíble por los delitos de este período, y el informe de una comisión de investigación de las Naciones Unidas de 2004 sobre los crímenes durante el conflicto de 2002-2003 se ha mantenido secreto.
"La última década - no sólo el último año - estuvo marcada por abusos horribles en Costa de Marfil", dijo Keppler. "La investigación debe abarcar los delitos cometidos antes de la elección para maximizar el impacto del involucramiento de la CPI".
En julio, 40 grupos de la sociedad civil de Costa de Marfil emitieron una petición para que las investigaciones de la CPI consideren los crímenes cometidos desde 2002.
Incluso si una investigación de la CPI cubre los crímenes cometidos antes de 2010, el fiscal de la CPI sólo ha perseguido hasta ahora un pequeño número de casos en situaciones bajo investigación. Human Rights Watch instó a los países e instituciones donantes a ayudar a Costa de Marfil a encontrar el apoyo que necesita para llevar a cabo procesos nacionales de manera imparcial, independiente y creíble de los delitos graves que violaron el derecho internacional, además de los casos procesados por la CPI.
"Para administrar justicia en Costa de Marfil se requiere ir más allá de los juicios de la CPI", dijo Keppler. "Se necesitan también juicios justos y eficaces ante los tribunales nacionales. Los donantes deben ayudar a Costa de Marfil en este esfuerzo, especialmente para asegurar que los procedimientos no se dirijan sólo al campo de Gbagbo".
Si bien se han iniciado investigaciones y procesos penales nacionales para delitos ocurridos después de las elecciones, estos parecen no ver hacia un lado. Los fiscales militares y civiles han presentado cargos contra al menos 118 aliados de Gbagbo por delitos como asesinatos, violaciones y ocultamiento de cuerpos. En un marcado contraste, ningún miembro de las fuerzas armadas leales a Ouattara durante el conflicto ha sido arrestado por delitos cometidos durante ese período. Las fuerzas a favor de Ouattara eran conocidas como Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil durante el conflicto armado, pero, el 2 de septiembre, el ejército reunido optó por volver a su previa denominación, las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (FANCI, por sus siglas en francés).
Costa de Marfil no es un Estado parte de la CPI, pero en 2003 el Gobierno de Costa de Marfil aceptó dar a la corte jurisdicción sobre los eventos posteriores al 19 de septiembre de 2002. Ouattara ratificó esta decisión a finales de 2010. Sin embargo, aunque tales acciones proporcionan jurisdicción, no provocan el inicio de una investigación por parte de la CPI, pues para ello se requiere la solicitud de un Estado parte de la CPI, del Consejo de Seguridad de la ONU o fiscal actuando bajo iniciativa propia.
Human Rights Watch instó al gobierno de Costa de Marfil a ratificar el Estatuto de Roma de la corte para convertirse en un Estado parte tan pronto como sea posible.
El 23 de junio de 2011 el fiscal de la CPI presentó una solicitud para abrir una investigación sobre los crímenes cometidos después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2010 en Costa de Marfil. La decisión del fiscal de la CPI de abrir una investigación bajo su propia iniciativa- lo que se conoce como utilizar su “proprio motu poder” - necesita la aprobación de los jueces de la CPI.
